La venta de unas 200.000 hectáreas en Valle Hermoso, provincia de La Rioja, a un ciudadano estadounidense en 2008 volvió a instalarse en el debate público luego de que el Gobierno nacional impulsara un proyecto para eliminar las restricciones que actualmente limitan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La operación involucró al empresario estadounidense Yosef Jaime Libersohn, quien abonó alrededor de US$650.000 por un extenso territorio que no solo comprendía campos rurales, sino también familias asentadas, viviendas, establecimientos educativos, tierras públicas y privadas, recursos mineros y una importante reserva de agua dulce.
La intervención del Estado
El caso generó una fuerte controversia y derivó en la intervención del Ministerio del Interior, que en 2010 suspendió la operación al detectar presuntas irregularidades en el proceso de adquisición.
La magnitud del territorio involucrado y las características de los bienes comprendidos en la venta impulsaron un debate sobre la necesidad de establecer límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras, especialmente cuando esas superficies incluyen recursos considerados estratégicos.
El expediente pasó a convertirse en uno de los antecedentes que motivaron la discusión parlamentaria que culminó con la sanción de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, aprobada en 2011.
Qué establece la ley vigente
La normativa fijó límites para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones, establece que los extranjeros no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país ni de cada provincia. Además, fija límites a la superficie que puede concentrar un mismo propietario extranjero y protege especialmente aquellos terrenos que contienen o limitan con cuerpos de agua de importancia.
En la denominada zona agrícola núcleo, la ley establece un máximo equivalente a 1.000 hectáreas por titular extranjero, con equivalencias específicas para otras regiones del país según su productividad.
El proyecto del Gobierno nacional
El debate volvió a tomar impulso luego de que el Gobierno de Javier Milei presentara el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone eliminar las restricciones actualmente vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa apunta a favorecer las inversiones y eliminar restricciones consideradas excesivas para el desarrollo económico.
En cambio, distintos sectores políticos, académicos y sociales advierten que la eliminación de esos límites podría facilitar nuevamente operaciones de gran escala sobre territorios que incluyen recursos naturales estratégicos, comunidades rurales y reservas de agua.
Un antecedente que volvió al centro de la discusión
Más de quince años después, el caso de Valle Hermoso continúa siendo citado como uno de los ejemplos más emblemáticos del debate sobre la extranjerización de tierras en la Argentina.
La operación frustrada dejó planteados interrogantes sobre el alcance de la propiedad privada cuando involucra territorios donde viven comunidades, existen bienes públicos y se concentran recursos considerados estratégicos para el desarrollo del país.
En ese contexto, la propuesta de modificar la legislación reabrió una discusión que enfrenta dos visiones contrapuestas: quienes consideran que flexibilizar las restricciones puede incentivar nuevas inversiones y quienes sostienen que los límites actuales constituyen una herramienta para preservar la soberanía sobre el territorio y sus recursos naturales.
