El gobernador Alfredo Cornejo cuestionó públicamente a la Sala Penal II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por la demora de casi seis años en resolver un recurso dentro de la causa por la muerte de Alan Villouta y anunció que impulsará una modificación legislativa destinada a establecer plazos perentorios para este tipo de expedientes.
El pronunciamiento se produjo después de que un juzgado penal declarara extinguida la acción penal y sobreseyera a Alejandro Verdenelli, el conductor que había sido condenado por atropellar a Villouta en el Acceso Sur en 2017.
La decisión provocó una fuerte reacción de la familia del joven y reabrió la discusión sobre las demoras dentro del sistema judicial provincial.
Cornejo recibió en Casa de Gobierno a Andrés Villouta y Andrea Bazán, padres de Alan, quienes además mantuvieron una reunión con el procurador general Alejandro Gullé para analizar los próximos pasos.
“Acompañamos a la familia de Alan Villouta en su lucha por justicia. Nadie que haya perdido un hijo debería atravesar, además, la angustia de que una causa llegue a este punto por dilaciones judiciales”, expresó Cornejo.
Las críticas a la Sala Penal II de la Suprema Corte
El principal cuestionamiento del gobernador estuvo dirigido a la Sala Penal II del máximo tribunal provincial, integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio.
El recurso permaneció casi seis años pendiente de resolución en esa instancia, una demora que, según Cornejo, terminó teniendo efectos concretos dentro del proceso.
“Lamentamos la demora incomprensible de la Sala Penal II de la Suprema Corte, que terminó teniendo consecuencias muy graves para el proceso”, sostuvo.
La crítica se suma a los cuestionamientos planteados por la familia Villouta y por representantes del Ministerio Público Fiscal respecto de la duración del trámite.
El caso también se produce en un contexto de diferencias políticas previas entre Cornejo y los tres ministros de la Corte que integran esa Sala.
Andrés Villouta señaló después de la reunión en Casa de Gobierno que el mandatario manifestó una “indignación similar” a la de la familia por el tiempo que demandó la resolución judicial.
Cornejo anunció una reforma para limitar los plazos
Además de respaldar las nuevas presentaciones judiciales, el gobernador anunció que enviará una propuesta para modificar la legislación vigente y establecer límites temporales concretos para que la Suprema Corte resuelva determinados recursos.
“Vamos a proponer una modificación de la legislación vigente para que los plazos que tiene la Corte para resolver este tipo de recursos sean perentorios”, anunció.
Por el momento no se difundieron detalles específicos sobre la redacción de la iniciativa ni sobre los plazos que se establecerían.
Desde el entorno del Ejecutivo señalaron que el objetivo será impedir que expedientes permanezcan durante períodos extraordinariamente prolongados sin resolución y que esas demoras terminen generando consecuencias sobre las causas.
El caso Villouta volvió así a instalar la discusión sobre la duración razonable de los procesos y la responsabilidad de los distintos organismos judiciales para evitar que el paso del tiempo condicione las decisiones.
El Gobierno acompañará a la familia
Cornejo confirmó además que el Ejecutivo provincial acompañará a la familia Villouta en las próximas instancias judiciales.
El Ministerio Público Fiscal impulsará un recurso de casación, que contará con la adhesión de la querella y el respaldo institucional del Gobierno de Mendoza.
“Vamos a acompañar a la familia en las instancias que vienen”, señaló el mandatario.
La estrategia fue analizada durante los encuentros mantenidos por los padres de Alan con Cornejo y con el procurador Alejandro Gullé.
El gobernador vinculó además el episodio con una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema judicial y la obligación de brindar respuestas dentro de plazos razonables.
“La Justicia debe brindar respuestas en tiempo y forma. Cuando llega tarde deja de cumplir con su función”, afirmó.
La controversia por el caso Alan Villouta derivará así en una nueva batalla judicial y, al mismo tiempo, en una propuesta legislativa que buscará establecer límites concretos a las demoras de la Suprema Corte, con el objetivo declarado de impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse.
