La agricultura concentra la mayor parte del uso del agua en Mendoza y San Juan, dos provincias marcadas por la aridez, la dependencia del deshielo cordillerano y una infraestructura de riego indispensable para sostener sus oasis productivos y urbanos.

Los datos oficiales y técnicos disponibles muestran que el agro ocupa ampliamente el primer lugar en la distribución o demanda hídrica. Sin embargo, las cifras no siempre corresponden al mismo año ni utilizan idénticas metodologías, por lo que no deben leerse como una comparación única y perfectamente homogénea.

En paralelo, los estudios de ambas provincias exponen otro problema central: las pérdidas en los sistemas de conducción y riego, que obligan a revisar no sólo quién utiliza el recurso sino también con qué eficiencia.

Mendoza: poca lluvia y fuerte dependencia del riego

El Plan Maestro para el Sector Hídrico de Mendoza describe un clima árido continental, con precipitaciones promedio de entre 200 y 220 milímetros anuales.

La combinación de escasas lluvias y elevada evapotranspiración hace que la producción agrícola dependa casi por completo de sistemas de riego.

El Departamento General de Irrigación señala además que el recurso hídrico utilizado en la provincia proviene principalmente de la fusión de nieve y glaciares de la Cordillera de los Andes, complementado por aguas subterráneas.

Ríos, embalses, canales, hijuelas y pozos conforman así una red esencial para el funcionamiento de los oasis productivos y urbanos.

Respecto del reparto del agua, una publicación oficial del Gobierno mendocino había informado históricamente que el 81% correspondía al sector agrícola, frente a un 11% destinado al consumo humano, un 4% a usos recreativos y ambientales y un 1% a minería y petróleo.

Sin embargo, esos valores correspondían a una referencia histórica y variaban de manera significativa entre las distintas cuencas.

En 2019, el propio Departamento General de Irrigación difundió otro cálculo preliminar sobre el agua disponible durante ese año: 91% para el agro, 6% para uso poblacional, 3% para industria y 0,2% para minería y petróleo.

La diferencia entre ambos registros demuestra que no resulta correcto utilizar un único porcentaje histórico como si describiera de manera permanente la distribución del recurso en Mendoza.

Las variaciones también aparecen cuando se analiza cada cuenca. En datos históricos publicados por el Gobierno provincial, el agro representaba 59% en la cuenca del río Mendoza, 85% en Tunuyán Superior, 97% en Tunuyán Inferior, 85% en Diamante y 98% en Atuel.

A pesar de esas diferencias, el patrón general se mantiene: la agricultura es el principal usuario del agua mendocina.

Las pérdidas: el otro gran desafío mendocino

La distribución del recurso no es el único punto en discusión. También importa cuánto del agua asignada llega efectivamente a destino.

El Gobierno de Mendoza informó históricamente que, dentro del agua destinada al agro, las pérdidas asociadas a canales y al riego a manto podían alcanzar aproximadamente el 50%.

La explicación oficial resumía el problema de manera gráfica: de cada 100 litros que salían de los diques, alrededor de la mitad lograba llegar a las plantas.

Ese 50%, sin embargo, debe entenderse como un diagnóstico histórico y no como una medición uniforme y actual para toda la provincia.

La documentación más reciente del Plan Maestro mantiene la eficiencia en el centro del debate, pero utiliza otra estimación: aproximadamente un tercio del recurso se perdería actualmente durante la conducción y la aplicación agrícola.

Las obras de impermeabilización, entubamiento, construcción de reservorios y modernización de canales apuntan precisamente a reducir esas pérdidas.

En el proyecto del canal Calise, por ejemplo, fueron detectadas elevadas pérdidas por infiltración asociadas a tramos que todavía permanecen sin revestir.

San Juan: el agro concentra el 94% de la demanda

San Juan también presenta distintas referencias históricas sobre la distribución del recurso hídrico.

Sin embargo, para una fotografía actualizada existe un dato difundido públicamente durante 2026 por el gobernador Marcelo Orrego ante la Cámara de Diputados de la Nación.

Según esa exposición, el 94% de la demanda de agua de San Juan corresponde a la agricultura, el 4% al consumo humano, el 1,2% al conjunto de las industrias y el 0,8% a recreación.

La versión taquigráfica oficial de la Cámara registra esos porcentajes, que en conjunto representan el 100% de la distribución informada.

Un punto importante es que el 1,2% industrial incluye a la minería. Por lo tanto, ese porcentaje no corresponde exclusivamente a la actividad minera, sino al conjunto de los usos industriales.

Orrego utilizó posteriormente cifras prácticamente idénticas al señalar que el 94% de la demanda se destina al agro, el 4% al consumo humano y entre 1,2% y 1,3% a todas las industrias, incluida la minería.

Por esa razón, para una comparación actual resulta más preciso utilizar el esquema 94%-4%-1,2%-0,8% que referencias anteriores con otros porcentajes.

San Juan también busca mejorar la eficiencia

La fuerte participación del sector agrícola vuelve a colocar la eficiencia del riego entre los principales desafíos provinciales.

Orrego señaló en 2026 que San Juan cuenta con aproximadamente 3.000 kilómetros de canales primarios y secundarios y que todavía alrededor del 55% utiliza riego a manto.

Las pérdidas asociadas al estado de la infraestructura y a los sistemas poco eficientes forman parte de las cuestiones que el Gobierno provincial busca abordar mediante obras y procesos de tecnificación.

El Plan Maestro para el Sector Hídrico de San Juan también trabaja con proyecciones diferenciadas de demanda agrícola, poblacional y de otros sectores, incorporando variables como crecimiento demográfico y cambio climático.

Consumir menos agua no equivale a menor impacto ambiental

Los porcentajes de distribución deben interpretarse con una precisión fundamental: miden uso o demanda, pero no contaminación ni impacto ambiental.

Que una actividad consuma una proporción menor del agua disponible no significa automáticamente que tenga un menor efecto sobre una cuenca.

Las cifras de uso permiten conocer cuánto recurso se asigna o requiere para diferentes actividades, pero no determinan por sí solas la calidad del agua posterior, el riesgo de contaminación, la ubicación de una explotación, los efectos acumulativos o los impactos locales.

Por eso, estos porcentajes no permiten establecer por sí mismos si una actividad minera, agrícola, industrial o urbana resulta ambientalmente segura.

Ese análisis requiere indicadores específicos sobre calidad, extracción, disponibilidad, restitución, contaminación y funcionamiento de cada cuenca.

Un desafío compartido por Mendoza y San Juan

Los datos disponibles permiten establecer una constante: la agricultura constituye el principal destino o componente de la demanda hídrica tanto en Mendoza como en San Juan.

La discusión, sin embargo, no termina en determinar qué sector utiliza más.

En Mendoza, los documentos actuales advierten sobre pérdidas en conducción y aplicación, mientras el Plan Maestro proyecta que, sin medidas de adaptación, la demanda podría aumentar al mismo tiempo que disminuye la oferta hídrica durante las próximas décadas.

En San Juan, el Gobierno también ubica entre sus prioridades la tecnificación del riego, la reparación de canales y una gestión integral del recurso.

La radiografía hídrica de Cuyo expone así un desafío estructural: escasez, fuerte dependencia de la agricultura irrigada, infraestructura que requiere modernización y necesidad de contar con información pública cada vez más actualizada y comparable.

Con un recurso limitado, saber quién utiliza el agua es apenas una parte del problema. Medir cuánto se pierde, con qué eficiencia se usa y qué impacto genera cada actividad resulta indispensable para discutir el futuro hídrico de la región con datos.