El proceso para definir el futuro del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza, sumó un nuevo foco de controversia luego de que una comunicación interna de EMESA confirmara la contratación de Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPPSA), firma vinculada a la familia Neuss, para intervenir en tareas relacionadas con la operación y el mantenimiento del sistema.
La contratación adquiere relevancia porque se produce mientras los gobiernos de Mendoza y de la Nación avanzan con el proceso para seleccionar al operador privado que tendrá a su cargo el complejo durante los próximos 30 años.
La situación despertó cuestionamientos en sectores de la oposición, que reclaman conocer en detalle las condiciones del contrato y determinar si la participación previa de CEMPPSA puede otorgarle algún tipo de ventaja en caso de que una empresa vinculada al mismo grupo económico participe posteriormente de la licitación.
La contratación que quedó bajo la lupa
La comunicación interna fue enviada por Mauricio Pinti Clop a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y reconoce la contratación de CEMPPSA para intervenir durante la etapa transitoria del complejo.
CEMPPSA está vinculada a Edison Energy y a la familia Neuss, uno de los grupos cuyo nombre aparece relacionado con el interés empresario alrededor del proceso de concesión.
El Gobierno mendocino sostiene que la contratación responde a una necesidad operativa: garantizar el funcionamiento y mantenimiento del sistema mientras se completa la transición y se adjudica la nueva concesión.
La explicación oficial apunta a que CEMPPSA contaba con condiciones técnicas para realizar esas tareas después de que otros operadores no continuaran con el proceso previsto para asumirlas.
Sin embargo, desde sectores opositores plantearon dudas sobre la posibilidad de que una firma vinculada a un eventual interesado en la concesión tenga acceso anticipado al funcionamiento, estado técnico e información operativa de Los Nihuiles.
Ese escenario alimentó las sospechas de un posible direccionamiento, aunque hasta el momento no existe una adjudicación definitiva que permita afirmar que CEMPPSA o el grupo Neuss obtendrán la futura concesión.
Una licitación por 30 años y centrales dañadas
El proceso es llevado adelante conjuntamente por Mendoza y el Gobierno nacional y contempla una concesión por 30 años para el complejo hidroeléctrico.
Dentro del esquema también está prevista la transferencia del 100% de Hidroelectricidad Mendocina SA, una cuestión que ya había provocado cuestionamientos políticos respecto de las condiciones económicas bajo las cuales la Provincia entregará la explotación futura del sistema.
El escenario se volvió todavía más complejo después del aluvión ocurrido en enero de 2025, que provocó severos daños en las instalaciones de Nihuil II y Nihuil III.
Las dos centrales permanecieron fuera de servicio y su recuperación se convirtió en uno de los principales puntos económicos y técnicos de la futura concesión.
En torno de los daños también surgieron diferencias sobre las cifras necesarias para reconstruir las instalaciones. Desde la oposición se mencionaron estimaciones técnicas cercanas a US$84 millones para las reparaciones y posibles cifras vinculadas al seguro de aproximadamente US$45 millones.
El Gobierno provincial, en cambio, sostuvo que las negociaciones con las aseguradoras todavía no estaban definitivamente resueltas y que no existía un acuerdo cerrado que permitiera establecer esos montos como definitivos.
De esta manera, el futuro adjudicatario podría recibir un complejo que combina centrales operativas con instalaciones que requieren importantes inversiones para recuperar plenamente su capacidad de generación.
La oposición quiere una bicameral
El nuevo episodio llevó a sectores opositores de la Legislatura mendocina a impulsar la creación de una comisión bicameral destinada a controlar el proceso de concesión.
La propuesta apunta a que diputados y senadores puedan acceder a información sobre las empresas interesadas, las condiciones de los pliegos, las inversiones previstas y el procedimiento mediante el cual se seleccionará al futuro operador.
También se pretende seguir la situación de los seguros correspondientes a las centrales dañadas y conocer con precisión qué obligaciones deberá asumir quien resulte adjudicatario.
Otro de los puntos cuestionados es el esquema de regalías hidroeléctricas. Sectores del peronismo mendocino reclamaron que la Provincia perciba el 12%, mientras desde el oficialismo remarcaron que existen planteos judiciales vinculados con ese porcentaje y con la distribución reclamada por La Pampa.
La discusión excede así la contratación puntual de CEMPPSA. En juego aparecen el destino de las centrales, las reparaciones pendientes, los ingresos provinciales, el precio y abastecimiento energético y las condiciones bajo las cuales un operador privado administrará el sistema durante tres décadas.
Mientras continúa el procedimiento de concesión, la contratación de una empresa vinculada a la familia Neuss durante la etapa transitoria quedó convertida en uno de los puntos centrales de la disputa política.
La definición dependerá ahora de cómo avance la licitación, qué empresas presenten ofertas y qué mecanismos de control se establezcan para garantizar que todos los participantes compitan bajo las mismas condiciones.
