El Gobierno de Javier Milei anunció el inicio de 15 nuevos procedimientos sancionatorios contra personas y empresas que habrían incumplido las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 26.659, vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina y se conoció luego de una reunión de la mesa política realizada este martes, que tuvo a la causa Malvinas entre sus ejes.
Los nuevos expedientes se suman a otros 45 procedimientos que ya habían sido iniciados. De esta manera, son 60 las personas humanas y jurídicas alcanzadas por las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo.
De acuerdo con el comunicado oficial, los involucrados estarían relacionados con el desarrollo de actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas por la Argentina en espacios que el país reivindica bajo su soberanía.
El Gobierno reforzó su posición sobre la soberanía
La administración nacional presentó la ampliación de los procedimientos como parte de su política de defensa de los derechos argentinos sobre los territorios y espacios marítimos en disputa.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, señaló el comunicado firmado por el Presidente.
En el documento, el Gobierno reafirmó además la posición argentina respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
“Son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente.
Investigarán a los actores involucrados
El Ejecutivo explicó que la ampliación de las actuaciones responde a un proceso destinado a identificar a los distintos actores que participarían de la explotación de recursos hidrocarburíferos considerada ilegítima por la Argentina.
En ese marco, anticipó que continuarán las tareas de investigación y que se iniciarán los sumarios correspondientes para sancionar a los responsables.
La administración nacional también aseguró que recurrirá a las herramientas disponibles en los ámbitos administrativo, diplomático y jurídico para sostener la posición argentina sobre los territorios y recursos involucrados.
“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado.
El Gobierno nacional inició 15 nuevos procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en la plataforma continental argentina. Los expedientes se suman a otros 45 ya abiertos, por lo que son 60 los sujetos alcanzados. La Casa Rosada enmarcó la decisión en su política de defensa de la soberanía sobre Malvinas y los espacios marítimos correspondientes.
Sesenta personas y empresas quedaron bajo procedimientos del Gobierno por actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas. Eran 45 y ahora se sumaron otras 15, porque en la disputa por los recursos del Atlántico Sur la planilla de sanciones también tiene su propia expansión territorial.
La Casa Rosada puso el foco en quienes habrían participado de actividades prohibidas por la Ley N° 26.659 y avisó que continuará identificando involucrados. El mensaje administrativo tiene esa combinación tan argentina de expediente, soberanía y sello oficial: una especie de trámite de AFIP, pero con plataforma continental, petróleo y un conflicto histórico de fondo.
El Gobierno presentó la ampliación de los procedimientos como parte de su estrategia para defender los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. No hay sutilezas en el comunicado: la posición oficial es que nadie puede disponer de esos recursos sin autorización del país.
Ahora vendrán investigaciones, sumarios y las distintas instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas anunciadas por el Ejecutivo. Una cadena burocrática bastante menos cinematográfica que una fragata cruzando el Atlántico, pero con suficiente papel membretado como para mantener ocupada una impresora pública durante varias campañas antárticas.
La épica quedó escrita en términos de soberanía; el procedimiento, como siempre, empieza con un expediente.