El legislador porteño Leandro Santoro presentó un proyecto para regular la cobranza extrajudicial de deudas luego de que personas endeudadas relataran ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distintas situaciones de hostigamiento. La iniciativa busca establecer reglas para las empresas que realizan reclamos, determinar responsabilidades y generar mecanismos que permitan alcanzar acuerdos de pago.
Santoro, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó que el objetivo central es crear un registro obligatorio para las firmas dedicadas a la cobranza extrajudicial y establecer mecanismos que permitan identificar quién realiza un reclamo, en representación de qué empresa y bajo qué condiciones.
Según los datos mencionados por el legislador, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial. Ese universo también comprende estudios jurídicos y áreas de cobranzas pertenecientes a bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.
Abogados responsables y sanciones
El proyecto cuenta con más de 50 artículos y propone que las estructuras dedicadas a la cobranza queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los principales puntos establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto cuando funcione dentro de una empresa como cuando se trate de una agencia que actúe en nombre de terceros.
“Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.
La iniciativa también plantea modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas prácticas estén prohibidas, pero que las herramientas para castigarlas sean insuficientes.
Entre las conductas mencionadas aparecen el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Frente a esos incumplimientos, el proyecto contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas.
“Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó Santoro.
Deudas vendidas y reclamos a terceros
Uno de los puntos que el proyecto busca abordar es la situación que se genera cuando una deuda cambia de acreedor. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor.
“Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló.
En esos casos, una persona que originalmente tomó un crédito con una determinada entidad puede encontrarse posteriormente con una agencia o empresa diferente que reclama el pago. Por eso, la propuesta apunta a que el deudor pueda conocer quién está autorizado para reclamar, en representación de quién actúa y cuál es el origen de la obligación.
Durante la entrevista en la que se presentó la iniciativa, Mica Mendelevich relató un caso personal. Según contó, terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado.
De acuerdo con su relato, los llamados no se limitaron a ella y también alcanzaron reiteradamente a sus padres. La situación terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos.
Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas en la regulación, de manera que quien recibe un reclamo pueda identificar a la empresa que lo realiza y la obligación que se le atribuye.
Mediación, educación financiera e inteligencia artificial
La iniciativa no se limita a establecer límites para las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación destinadas a facilitar acuerdos y planes de pago, especialmente para personas que aseguran tener voluntad de cancelar sus obligaciones pero no pueden afrontar las condiciones que reciben.
“El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió Santoro.
El legislador también planteó que el problema no puede reducirse exclusivamente a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, aunque cuestionó que toda la responsabilidad recaiga sobre quienes tomaron los préstamos cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas.
“Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.
La incorporación de nuevas tecnologías suma otro elemento al debate. Santoro señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos incorporaron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que eventualmente puede utilizarse para contactar a personas de su entorno.
Ante ese escenario, el legislador sostuvo que la inteligencia artificial no debería utilizarse para diluir responsabilidades.
“Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”, afirmó.
El proyecto deberá continuar ahora su recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y manifestó su expectativa de que la iniciativa pueda ser discutida entre los distintos bloques.
El legislador también vinculó el proyecto con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores generó un mercado alrededor de la recuperación de esas obligaciones.
“Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.
La propuesta busca intervenir sobre ese circuito sin impedir que las deudas sean reclamadas. El objetivo es establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, incorporando registros, sanciones y mecanismos de mediación para la cobranza extrajudicial.
