Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) comenzarán a funcionar el próximo 1 de noviembre de 2026 y podrían convertirse en uno de los principales cambios introducidos por la reforma laboral, con impacto directo tanto sobre las empresas como sobre el mercado financiero argentino.
El mecanismo fue creado por la Ley de Modernización Laboral y posteriormente reglamentado mediante el Decreto 408/2026, firmado el 29 de mayo. Su puesta en funcionamiento estaba prevista inicialmente para junio, pero el Gobierno decidió postergarla hasta noviembre para completar la reglamentación y la infraestructura necesaria.
Las estimaciones privadas contemplan que, si el sistema se consolida y mantiene su actual estructura normativa, los fondos podrían superar los US$3.000 millones hacia fines de 2027. Además, se calcula que podrían incorporar más de US$1.000 millones por año al mercado de capitales argentino.
Cómo funcionarán los nuevos fondos para indemnizaciones
El esquema establece que los empleadores privados deberán destinar mensualmente un porcentaje de su masa salarial a los FAL. Las grandes empresas aportarán el 1%, mientras que las micro y PyMEs deberán destinar el 2,5%.
Para la mayoría de los empleadores, el sistema no implicaría una carga adicional, debido a que esos recursos se descontarán de contribuciones patronales que actualmente se destinan al sistema previsional.
Cada compañía deberá elegir una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores, seleccionar un fondo común de inversión o un fideicomiso financiero autorizado y obtener un “ID FAL”.
Ese código tendrá que ser informado a ARCA, organismo encargado de derivar mensualmente los fondos hacia el vehículo financiero seleccionado. Si una empresa no realiza la elección, los aportes quedarán transitoriamente retenidos y posteriormente podrá asignarse una administradora de oficio.
Los recursos permanecerán vinculados al esquema individual de cada empleador y serán invertidos hasta que resulte necesario utilizarlos para afrontar el pago de una indemnización.
El sistema tendrá además un período inicial de carencia de seis meses. Por ese motivo, aunque las contribuciones comenzarán a realizarse en noviembre, los primeros fondos no estarán disponibles inmediatamente para su utilización.
Un punto central de la normativa es que el FAL no elimina ni reemplaza la indemnización tradicional. Su función es constituir una fuente de financiamiento para hacer frente a ese compromiso, mientras el empleador continuará siendo responsable ante el trabajador.
Los bancos ya compiten por un mercado millonario
La magnitud potencial de los recursos despertó un fuerte interés entre bancos, administradoras de fondos y sociedades de Bolsa, que comenzaron a diseñar productos específicos para captar empresas antes de la entrada en vigencia del sistema.
Entre las entidades que ya se preparan para competir aparecen BBVA Argentina, Santander Argentina, Banco Macro, ICBC Argentina y Banco Nación, este último mediante Pellegrini.
También trabajan en alternativas orientadas a los FAL administradoras y agentes del mercado de capitales como Cohen, Puente Asset Management y Balanz.
La competencia comenzó incluso antes de la puesta en marcha. BBVA lanzó una propuesta promocional con 0% de comisión de administración durante un período determinado y, bajo ciertas condiciones, reintegros vinculados con nuevas nóminas incorporadas.
Banco Macro, por su parte, informó que la normativa establece una comisión anual máxima de administración del 1% sobre los saldos gestionados.
Para las entidades financieras, los FAL representan la posibilidad de administrar una nueva masa de recursos de carácter relativamente estable y de largo plazo, que aumentará a medida que las empresas realicen sus aportes mensuales.
En qué podrá invertirse el dinero
Los recursos acumulados no permanecerán inmovilizados. La reglamentación establece diferentes alternativas de inversión dentro del mercado argentino.
Los FAL podrán invertir sin un límite porcentual específico en deuda del Tesoro Nacional. También podrán destinar hasta 15% a títulos provinciales, bajo límites por jurisdicción; hasta 15% por entidad en depósitos bancarios; y hasta 20% en obligaciones negociables emitidas por compañías privadas.
Al menos el 10% del patrimonio deberá permanecer en instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo, con el objetivo de garantizar disponibilidad de fondos cuando sea necesario afrontar obligaciones.
Esta estructura convierte a los FAL en una herramienta con impacto tanto laboral como financiero. Para las empresas, busca transformar un gasto eventual y potencialmente elevado en una reserva que se acumula de manera gradual.
El mecanismo puede tener especial relevancia para compañías con grandes dotaciones de personal y para PyMEs, donde una indemnización importante puede generar un fuerte impacto sobre el flujo de caja.
Las grandes corporaciones tendrán la posibilidad de evaluar vehículos exclusivos, mientras que las PyMEs y empresas medianas tenderían a concentrarse en fondos colectivos para obtener mayor escala, diversificación y alternativas de rendimiento.
Otro actor que podría beneficiarse del funcionamiento del sistema es el Tesoro Nacional. Debido a que la normativa permite invertir en deuda soberana sin un límite porcentual específico, una acumulación de varios miles de millones de dólares podría convertir a los FAL en un nuevo inversor institucional relevante para los bonos públicos.
El 1 de noviembre comenzará así no sólo un nuevo mecanismo para financiar indemnizaciones, sino también una competencia entre bancos, fondos y sociedades de Bolsa por administrar recursos que crecerán mensualmente.
Si el esquema alcanza las dimensiones proyectadas, los Fondos de Asistencia Laboral podrían transformarse en uno de los nuevos grandes vehículos de ahorro institucional del mercado argentino, con efectos sobre el financiamiento empresario, las indemnizaciones y la demanda de activos financieros.
