El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó en una nueva etapa luego de que el Ministerio de Economía abriera las ofertas técnicas para la venta del 90% de las acciones estatales de la compañía.
Aunque la licitación había convocado a 17 constructores, finalmente sólo fueron presentadas dos propuestas, que quedaron formalmente en carrera para avanzar hacia las próximas instancias del proceso.
Las ofertas fueron registradas en la plataforma oficial CONTRAT.AR. Una corresponde al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., Transclor y PHX. La otra fue presentada por un grupo encabezado por Roggio ROAS S.A.U., perteneciente al Grupo Roggio, junto con Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
AySA presta actualmente servicios de agua potable y desagües cloacales a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance del proceso y señaló que el futuro operador deberá asumir inversiones superiores a US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
Según el esquema previsto, el sector privado tomará a su cargo la operación de la compañía, además de las inversiones y la expansión contempladas en el contrato.
Rowing y Roggio, los dos consorcios finalistas
El primer consorcio está encabezado por Rowing S.A., una compañía de ingeniería fundada por Walter Román, e incluye empresas vinculadas con la infraestructura y el saneamiento.
Entre sus integrantes aparece Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, que desde 2009 provee a AySA policloruro de aluminio, uno de los productos utilizados en el proceso de potabilización del agua.
La propuesta incorpora además a Arcos Saneamento e Participações S.A., empresa brasileña que participa en la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro a través de Águas do Rio.
La compañía obtuvo en 2021 una de las principales concesiones del sector de saneamiento de Brasil. El cuarto integrante es PHX, un fondo de inversión con sede en los Países Bajos.
La segunda oferta está liderada por Roggio ROAS S.A.U., sociedad del Grupo Roggio que actualmente participa en la operación de Aguas Cordobesas.
El consorcio incluye además a Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
Aguas del Plata Participaciones fue constituida recientemente como vehículo de inversión para las actividades del grupo vinculadas con el sector hídrico, mientras que Benito Roggio e Hijos es la empresa histórica del conglomerado.
Roggio ROAS fue, en tanto, la sociedad encargada de formalizar la presentación ante el Gobierno.
El Grupo Roggio también interviene en otros servicios concesionados de transporte en Buenos Aires, a través de Emova en el subte porteño y de Metrovías en el ferrocarril Urquiza.
Antes de presentar su oferta, el grupo había mantenido conversaciones con operadores internacionales para cumplir con las exigencias de experiencia establecidas en el pliego.
Qué requisitos deberán superar
La apertura de las ofertas técnicas no define todavía al comprador de AySA. La Comisión de Evaluación deberá determinar ahora si las propuestas cumplen con las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones.
Entre las exigencias figura acreditar al menos cinco años de experiencia dentro de los últimos diez en la operación de servicios de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y con un mínimo de 500.000 usuarios.
El pliego establece además un patrimonio neto consolidado mínimo de US$300 millones. Para fondos de capital privado o consorcios, el requisito asciende a US$1.000 millones en activos bajo gestión.
Los oferentes que superen esta etapa pasarán a la instancia siguiente, en la que serán abiertas las ofertas económicas.
La adjudicación se resolverá en favor de quien presente el mayor precio en dólares por el 90% del paquete accionario estatal.
Una cautelar judicial sigue vigente
El proceso de privatización avanza mientras continúa vigente una medida cautelar de la Justicia bonaerense, ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata.
La resolución establece que AySA no puede modificar ni reducir sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable mientras permanezca en trámite el litigio de fondo.
El Gobierno sostiene que esa decisión judicial no ordena suspender la licitación y considera que, mientras no se concrete el traspaso efectivo de la compañía, no existiría un incumplimiento de la medida.
El Gobierno abrió las ofertas técnicas para privatizar el 90% de las acciones estatales de AySA y dos consorcios quedaron en carrera: uno encabezado por Rowing S.A. y otro por Roggio ROAS S.A.U. La empresa presta servicios a unos 14 millones de personas. Ahora las propuestas deberán superar la evaluación técnica antes de avanzar hacia la apertura económica.
Diecisiete constructores fueron convocados y al final aparecieron dos ofertas. La privatización de AySA entró así en fase de definición con una competencia bastante más acotada que la fila para pagar impuestos un lunes a la mañana.
De un lado quedó el consorcio encabezado por Rowing S.A., acompañado por Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX. Del otro, el Grupo Roggio, con Roggio ROAS, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Dos equipos para una empresa que lleva agua y cloacas a unos 14 millones de personas, porque cuando se habla de infraestructura básica siempre conviene que la pelea venga con planilla de Excel y varios ceros.
El Gobierno no sólo busca un comprador: el futuro operador deberá asumir inversiones superiores a US$2.000 millones durante los primeros cinco años. Es decir, no alcanza con llevarse las llaves, habrá que hacerse cargo también de las cañerías, las obras y esa parte menos fotogénica de cualquier privatización que suele aparecer después de la foto con carpetas.
La Comisión de Evaluación deberá revisar ahora si los oferentes cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros. Entre ellos, experiencia en grandes sistemas de agua y saneamiento y un patrimonio neto consolidado mínimo de US$300 millones, porque para entrar a esta pileta no alcanza con saber nadar.
Después vendrá la apertura de las ofertas económicas y se impondrá quien ofrezca más dólares por el 90% del paquete estatal. Mientras tanto, una cautelar judicial sigue marcando límites sobre las obligaciones de acceso al agua potable.
La licitación avanza, la Justicia mira y dos consorcios afilan números. El agua sigue corriendo; lo que cambia es quién quiere quedarse con la llave.