El Gobierno de Javier Milei oficializó una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia, con cambios en las áreas responsables de la administración de la Casa Rosada, las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, la preservación patrimonial, la seguridad y los traslados del jefe de Estado.
La modificación fue dispuesta a través del Decreto N° 1176/2026, publicado en el Boletín Oficial, y fue fundamentada por el Poder Ejecutivo en «razones de gestión».
Uno de los puntos centrales de la normativa es la elevación de rango y jerarquía de Secretario para el titular de la Subsecretaría Legal, Juan Manuel Galli.
Al mismo tiempo, la reforma eliminó la Subsecretaría de Planificación General y el cargo extraescalafonario de coordinador de Asesoramiento Técnico, que dependía directamente de la Secretaría General.
Cómo quedó organizado el nuevo esquema
Tras las modificaciones, la estructura de la Secretaría General quedó integrada por la Unidad Gabinete de Asesores, las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales, además de la Casa Militar.
La Unidad Gabinete de Asesores incorporará funciones vinculadas con la planificación de programas de puesta en valor de edificios, patrimonio histórico y bienes culturales pertenecientes a la Secretaría General.
Entre sus nuevas atribuciones también aparecen la elaboración de políticas culturales, la conservación y restauración del patrimonio y la coordinación de actividades desarrolladas en la Casa de Gobierno y otras sedes administrativas.
El área tendrá además intervención sobre la Residencia Presidencial de Olivos, la Residencia Presidencial de Chapadmalal y el Museo del Bicentenario. En el caso de las dos residencias presidenciales, las acciones deberán coordinarse con las autoridades de la Casa Militar.
Traslados presidenciales y servicios generales
La Subsecretaría de Coordinación Administrativa sumará la planificación de los servicios generales requeridos por la Secretaría General y por los organismos a los que brinda asistencia.
También asumirá la responsabilidad sobre las tareas vinculadas con los traslados terrestres del Presidente y aquellos que la Secretaría General disponga para integrantes del Poder Ejecutivo.
La competencia alcanza actividades realizadas tanto dentro como fuera del país e incluye las sedes de Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal.
El Ejecutivo indicó que los gastos derivados de la reestructuración serán financiados con partidas asignadas a la Secretaría General de la Presidencia.
Más funciones para la Casa Militar tras la tensión en Olivos
La Casa Militar deberá organizar y supervisar el trabajo de los agentes destinados a la seguridad presidencial, incluidos integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fuerzas policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
La transferencia de mayores responsabilidades operativas sobre la Quinta de Olivos se produce después de un episodio de fuerte tensión interna.
Semanas atrás, Milei denunció «espionaje interno» en la Quinta de Olivos por parte de personal civil y dispuso el desplazamiento de trabajadores de la residencia.
Con el nuevo esquema, la Casa Militar tendrá una participación más directa en la coordinación de la seguridad y el funcionamiento operativo de las residencias presidenciales, mientras otras áreas asumirán tareas administrativas, patrimoniales y logísticas.
El Gobierno nacional oficializó una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia mediante el Decreto 1176/2026. Los cambios alcanzan la administración de Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal, la seguridad presidencial, los traslados de Javier Milei y la preservación patrimonial. Además, se elevaron jerarquías, se redistribuyeron funciones y la Casa Militar ganó responsabilidades operativas.
Mientras el discurso oficial mantiene la motosierra cuidadosamente afilada para buena parte del Estado, la Secretaría General de la Presidencia descubrió que algunos organigramas todavía pueden recibir cariño institucional. El Gobierno reorganizó áreas, elevó jerarquías, repartió competencias y fortaleció estructuras vinculadas con Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal. Todo, naturalmente, por «razones de gestión», esa expresión administrativa capaz de explicar desde una mudanza de escritorio hasta una pequeña revolución burocrática.
La reforma incluye la elevación de rango de Juan Manuel Galli, nuevas atribuciones para la Unidad Gabinete de Asesores y una redistribución bastante detallada de quién se ocupa de edificios, patrimonio, automóviles, residencias y seguridad. Después de varios años en los que “achicar el Estado” se transformó casi en una disciplina olímpica, la novedad demuestra que el tamaño del organigrama también depende mucho de qué puerta de Balcarce 50 uno esté mirando.
La Casa Militar, además, quedará a cargo de supervisar buena parte del dispositivo de seguridad presidencial y coordinar acciones en Olivos. El cambio llega después de que Milei denunciara «espionaje interno» dentro de la residencia y desplazara personal civil. Nada dice “administración doméstica tranquila” como necesitar Granaderos, fuerzas federales, policías provinciales y una nueva distribución de competencias para asegurarse de quién entra, quién sale y quién sabe demasiado sobre la vida cotidiana presidencial.
El decreto también reserva lugar para cuestiones culturales, restauración de bienes históricos y mantenimiento de las residencias oficiales. En otras palabras, mientras afuera se discuten recortes, adentro hay que seguir administrando patrimonio, seguridad, vehículos y edificios que, por desgracia para la narrativa de austeridad absoluta, no se mantienen solos por patriotismo. Y sobre la cascada, por ahora, silencio administrativo: bastante tiene ya el organigrama con intentar que todas estas competencias fluyan en la dirección correcta.
