Un arquitecto y empresario de la construcción sanjuanino, Alberto Martín Carrozzo, socio mayoritario de Alfa Constructora SRL, deberá pagar 80.000 dólares para reparar el perjuicio a un comprador que nunca pudo tomar posesión del departamento que había adquirido en Capital. El acuerdo se firmó este miércoles 14 de octubre en Tribunales.
La denuncia la presentó Diego Correa Patiño, hermano del juez de Impugnación Benedicto Correa Patiño, ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La causa investiga una presunta defraudación en la compraventa de una unidad de un complejo ubicado en Urquiza y 9 de Julio.
Cómo empezó el conflicto
Según la denuncia, el 10 de abril de 2017 el comprador firmó el contrato con la constructora y pagó 1.340.000 pesos, más entregas parciales que sumaron 7.000 dólares. Nunca recibió la propiedad. En diciembre de 2023, la unidad fue transferida a otra persona. Tras intimaciones notariales sin respuesta, en septiembre presentó la denuncia penal y el fiscal Guillermo Heredia abrió una investigación preliminar.
Qué dice el acuerdo
Antes de que se formalizara la investigación penal preparatoria, la defensa propuso una reparación integral. El juez Federico Marcelo Rodríguez homologó el acuerdo: un primer pago de 20.000 dólares y seis cuotas mensuales de 10.000, de noviembre a abril, con una camioneta como garantía.
Cuando se acredite el pago total, el fiscal deberá pedir el sobreseimiento. Hasta entonces, el legajo queda reservado y la causa no llega a juicio oral mientras se cumplan los pagos.
Un arquitecto y empresario de la construcción de San Juan acordó pagar 80.000 dólares, unos $124 millones, al comprador de un departamento en Capital que nunca recibió y que luego fue transferido a otra persona. El acuerdo de reparación integral se firmó este miércoles 14 de octubre y, si se cumplen los pagos, la causa por presunta estafa se cierra sin juicio.
80.000 dólares por un departamento que nunca existió para su dueño. Un comprador pagó en 2017, esperó años las llaves y un día descubrió que la unidad ya tenía otro propietario. En San Juan, la escritura viajó más rápido que la mudanza.
El comprador es hermano de un juez, un dato que en cualquier sobremesa provoca la misma pregunta: si esto le pasa a alguien con un juez en la familia, qué queda para el resto. La respuesta, por ahora, es tener paciencia y una carpeta de intimaciones notariales.
La denuncia penal llegó en septiembre y el acuerdo apareció antes de que la investigación se formalizara. La Justicia sanjuanina también tiene sus atajos: el que paga a tiempo se ahorra el juicio, y el expediente se guarda en un cajón con llave.
El plan de pagos es prolijo: 20.000 dólares de entrada y seis cuotas de 10.000, de noviembre a abril. Como garantía quedó una camioneta Toyota SW4. Hay deudas que se pagan en pesos y otras que, por las dudas, se aseguran con cuatro ruedas.
Si todo se cumple, el fiscal pedirá el sobreseimiento. El comprador recupera la plata, el arquitecto evita el juicio y el departamento sigue siendo de otro. Final feliz, salvo para quien quería mudarse.
Queda la enseñanza para el que compra en pozo: el contrato firmado no es una llave, y la seña tampoco. Entre 2017 y hoy pasaron tres gobiernos, una pandemia y varias devaluaciones. El departamento, mientras tanto, cambió de dueño sin pedirle permiso al primero. En el mercado inmobiliario sanjuanino, a veces lo único que se entrega en fecha es la sorpresa.
