El Gobierno de Mendoza oficializó el lunes 19 de octubre una reforma del Código Contravencional que endurece las sanciones por arrojar residuos y afectar espacios públicos o infraestructura hídrica. Para las empresas, las multas podrán alcanzar las 10.000 Unidades Fijas (UF), equivalentes a $6 millones tomando una UF de referencia de $600.
La modificación fue aprobada por la Legislatura el 6 de octubre. Además de las multas, contempla arrestos, trabajos comunitarios y la obligación de cubrir los gastos de limpieza, remoción, traslado y reparación de los daños ocasionados.
Qué multas corresponden a particulares y empresas
Las infracciones generales incluyen arrojar o acumular escombros, basura, malezas, aguas servidas y metales en calles, plazas, parques y otros espacios, además de incumplir la limpieza de frentes de viviendas o terrenos. La escala prevista es de 1.000 a 2.000 UF: entre $600.000 y $1.200.000 con la referencia utilizada durante el tratamiento legislativo.
Para esas conductas se contempla, como alternativa a la multa, un arresto de entre 10 y 20 días junto con 30 días de trabajo comunitario de limpieza. Cuando intervengan menores, sus padres, tutores o guardadores responderán solidariamente por los gastos de reparación que correspondan.
Las personas jurídicas tendrán una escala de 5.000 a 10.000 UF cuando las infracciones se produzcan durante actividades realizadas en su nombre, interés o beneficio. También podrán aplicarse decomisos, clausuras o inhabilitaciones, según el caso, junto con las responsabilidades individuales de quienes hayan intervenido.
La protección de canales y acequias
La reforma incorpora sanciones específicas por depositar residuos u otros elementos en canales, acueductos, cauces aluvionales, hijuelas, acequias y colectores. También alcanza acciones u omisiones que obstruyan o pongan en riesgo la circulación del agua, aun cuando todavía no se haya producido un daño efectivo.
Para estas infracciones se prevén multas de 1.500 a 3.000 UF, equivalentes a entre $900.000 y $1.800.000 con la misma referencia. La alternativa contempla arrestos de 15 a 25 días y 25 días de trabajo comunitario, además del pago del saneamiento.
Las sanciones podrán duplicarse si los hechos ocurren durante alertas, emergencias hidrometeorológicas o estados de catástrofe formalmente declarados. Las equivalencias en pesos dependen del valor aplicable de la Unidad Fija.
Lo recaudado por determinadas infracciones se destinará a los bomberos voluntarios de Mendoza que cuenten con certificado de operatividad. La distribución será anual y sus criterios deberán establecerse mediante la reglamentación.
