La Suprema Corte de Mendoza informó que la justicia penal mendocina aumentó un 23% la cantidad de causas resueltas después de las reformas del procedimiento correccional y de flagrancia. Su presidente, Dalmiro Garay, atribuyó la mejora a una redistribución de tareas que permitió trabajar con la misma dotación de jueces y empleados.

La evaluación comprende estadísticas desde 2023 hasta septiembre. Sus resultados se conocen mientras el tribunal discute los recursos para el próximo ejercicio: el ministro José Valerio, coordinador del Fuero Penal Colegiado, cuestionó la elaboración del proyecto de Presupuesto 2027.

Más resoluciones y menores demoras

La reorganización trasladó los debates correccionales de los Juzgados Penales Colegiados a los Tribunales Penales Colegiados. Según Garay, esa distribución alivió la carga de los primeros y permitió aprovechar la capacidad disponible en los segundos.

De acuerdo con las cifras de la Corte, la proporción de casos activos que alcanzó una decisión de fondo pasó del 43,4% al 49,2%. Las suspensiones de juicio a prueba aumentaron un 55,1%; los juicios abreviados, un 18,5%; las absoluciones, un 6,7%, y las condenas en juicio común, un 6,3%.

En flagrancia, la realización efectiva de las audiencias iniciales subió del 48,7% al 78%. El tiempo mediano para fijar la primera audiencia descendió de 55 a siete días, y Garay señaló que ya se habían dictado más de 350 sentencias bajo ese sistema.

Los cambios se vinculan con la Ley 9703, que modificó el procedimiento de flagrancia. El presidente de la Corte también destacó la intervención del Ministerio Público Fiscal y el tiempo liberado por el traslado de los debates correccionales.

El avance del horario vespertino fue más acotado. Las audiencias correccionales realizadas por la tarde pasaron de aproximadamente dos sobre cada diez, en agosto de 2025, a tres sobre cada diez entre fines de ese año y el período relevado.

La demanda también creció: entre enero y septiembre ingresaron 18.296 causas. Según la proyección de la Corte, si se mantiene ese ritmo, el total anual superará en un 17,2% el promedio de los tres años anteriores.

El desacuerdo por el presupuesto

Valerio acompañó el envío del proyecto presupuestario al Ejecutivo, pero objetó su metodología. Sostuvo que la Corte debe definir primero la política judicial y luego establecer los recursos necesarios, en lugar de partir de los requerimientos administrativos.

El ministro también afirmó que sus pedidos de personal y fondos para el funcionamiento vespertino no tuvieron respuestas favorables. Su planteo apunta a la capacidad de sostener ese horario en toda la provincia.

Garay defendió la reorganización y el uso de tecnología para aprovechar los recursos existentes. Como ejemplo, mencionó que la automatización de los beneficios de litigar sin gastos en el fuero civil permitió ahorrar 8.000 horas de trabajo y trasladar empleados a otras tareas.

El funcionamiento del sistema penal provincial también atraviesa cambios por el nuevo régimen penal juvenil de Mendoza. En otro antecedente de la actividad del máximo tribunal, la Corte dispuso reabrir una causa por un presunto ofrecimiento de coima a un funcionario de AEMSA.

Sobre el Presupuesto 2027, Garay indicó que se aprobaron cuatro cargos de jueces de primera instancia. La Corte evaluará el efecto de las reformas antes de determinar si necesita incorporar magistrados en otras jurisdicciones.