El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53 desestimó por inexistencia de delito y archivó la denuncia por usura contra Marcos Galperin, vinculada con los préstamos de Mercado Pago. La decisión fue dictada el lunes 28 de septiembre y trascendió públicamente durante los últimos días.

La presentación había sido impulsada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. Cuestionaba los costos del financiamiento y solicitaba frenar los cobros mientras se investigaban las condiciones de los préstamos.

El fundamento del archivo

La fiscalía consideró que no se había acreditado el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona determinada. El juzgado coincidió con ese análisis y dispuso cerrar el expediente penal.

Ese requisito está contemplado en el artículo 175 bis del Código Penal. La norma sanciona la obtención de intereses o ventajas económicas evidentemente desproporcionadas mediante el aprovechamiento de esas circunstancias personales, así como la exigencia de garantías extorsivas.

De acuerdo con los fundamentos difundidos, la fiscalía ubicó las controversias sobre tasas e intereses en el ámbito civil y comercial o ante los organismos de defensa del consumidor.

Qué había solicitado Solano

El dirigente presentó la denuncia inicial en agosto contra Galperin y los responsables de la política de tasas de la compañía. Posteriormente amplió el planteo y solicitó una medida cautelar para suspender el cobro de los préstamos.

En el comunicado que acompañó su pedido, Solano sostuvo que los costos eran desproporcionados y reclamó revisar las obligaciones de los deudores. También planteó recalcular saldos y reintegrar pagos si se determinaba que se habían cobrado importes abusivos.

La discusión sobre el financiamiento digital continuó en el plano público. El lunes 12 de octubre, Galperin cuestionó la forma en que se informa el costo financiero de los préstamos, mediante un ejemplo de crédito ofrecido por Mercado Pago.

El archivo del expediente siguió el criterio fiscal sobre los requisitos de la figura penal. Para los cuestionamientos sobre las condiciones contractuales, el dictamen señaló las vías civiles, comerciales y de defensa del consumidor.