El Gobierno nacional dio un nuevo paso para limitar el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia de Mendoza y de otras jurisdicciones provinciales que decidan adherir al mecanismo.
A través de la Resolución 734/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) incorporó a los establecimientos penitenciarios provinciales al procedimiento nacional de detección y bloqueo de dispositivos móviles.
La medida responde, entre otros antecedentes, a un pedido realizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que había planteado ante el organismo nacional la problemática vinculada con la utilización de teléfonos celulares dentro de los penales provinciales.
Qué establece la nueva resolución
La normativa modifica el procedimiento vigente y habilita a las empresas de telefonía móvil a bloquear, a solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación, tres elementos asociados a un dispositivo detectado dentro de un establecimiento penitenciario: el IMEI, el IMSI y la línea telefónica.
El IMEI permite identificar el equipo físico, mientras que el IMSI está asociado al abonado de la red móvil. La línea telefónica constituye el tercer elemento que podrá ser bloqueado.
El objetivo es impedir que un teléfono detectado dentro de un penal pueda continuar funcionando mediante otra línea o que una tarjeta SIM pueda ser utilizada posteriormente en otro dispositivo.
El bloqueo podrá aplicarse a los equipos que sean activados tanto dentro del área de detención como en las áreas de acceso restringido al público de los establecimientos alcanzados por el procedimiento.
Mendoza, detrás del pedido
La provincia de Mendoza tuvo un papel central en la modificación. Según consta en la resolución, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial informó al ENACOM sobre la situación registrada en las cárceles mendocinas y solicitó una norma que incorporara de manera explícita a las provincias al sistema de bloqueo utilizado en el ámbito penitenciario federal.
La discusión cobró especial relevancia durante las últimas semanas a partir de distintos episodios que volvieron a poner bajo la lupa el ingreso y la utilización de celulares en los penales provinciales, pese a que su uso por parte de las personas privadas de la libertad se encuentra prohibido.
El mecanismo no será automático para todas las provincias
La resolución no significa que todos los celulares de las cárceles provinciales quedarán bloqueados de manera inmediata.
Para utilizar el mecanismo, cada provincia deberá adherir al procedimiento nacional. Una vez concretada esa adhesión, los pedidos de bloqueo serán canalizados exclusivamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación hacia las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles.
Las compañías también deberán registrar y conservar las gestiones realizadas para garantizar la trazabilidad de los bloqueos y poner esa información a disposición de los usuarios o de las autoridades correspondientes.
Una herramienta contra las comunicaciones delictivas
El objetivo declarado por el Gobierno nacional es evitar que los dispositivos móviles sean utilizados desde el interior de los establecimientos penitenciarios para organizar o coordinar actividades ilícitas.
La resolución recuerda que la Ley 24.660 prohíbe las comunicaciones telefónicas mediante equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios y establece mecanismos destinados a impedir su funcionamiento.
La nueva disposición incorpora una herramienta tecnológica específica para detectar e inutilizar los dispositivos que logren ser activados dentro de los penales.
En este esquema, el bloqueo del IMEI, IMSI y de la línea telefónica funcionará como complemento de otras medidas de seguridad, entre ellas los sistemas de inhibición de señales.
La principal novedad es que el mecanismo, que ya había sido implementado para establecimientos penitenciarios federales, queda ahora abierto a las cárceles provinciales que adhieran al protocolo, con Mendoza entre las jurisdicciones que impulsaron su incorporación.
La Resolución 734/2026 fue firmada el 11 de agosto y publicada oficialmente este 13 de agosto de 2026.
