El proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles quedó a la espera de una definición política en el Senado luego de obtener dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. El despacho fue firmado el 3 de septiembre y dejó la iniciativa en condiciones de llegar al recinto.
La posibilidad de avanzar con su tratamiento continúa atada a las negociaciones entre La Libertad Avanza y bloques aliados. La semana pasada se suspendió una reunión de Labor Parlamentaria y finalmente no hubo sesión debido a la falta de acuerdos alrededor del proyecto. Para este jueves 17 de septiembre volvió a evaluarse una sesión, aunque este miércoles persistían dificultades para garantizarla y seguían las conversaciones sobre la inclusión de biocombustibles en el temario.
El biodiésel, en el centro de las diferencias
Las principales objeciones se concentran en el esquema previsto para la participación de las empresas no integradas, entre ellas numerosas pymes productoras de biodiésel. Senadores de provincias como Santa Fe, La Pampa y San Luis plantearon reparos sobre la distribución futura del mercado y reclamaron modificaciones al texto firmado en comisión.
Las conversaciones encabezadas por Patricia Bullrich y otros senadores involucrados en la negociación buscan ampliar el respaldo antes de una eventual llegada al recinto. “Están buscando acuerdo con la mayor cantidad de sectores, alguno va a tener que ceder un poco”, señalaron fuentes consultadas sobre las tratativas.
El régimen vigente establece un corte obligatorio de biodiésel en el gasoil y reserva actualmente una participación determinada para empresas no integradas. El dictamen propone modificar gradualmente esa estructura y habilitar una porción creciente del mercado bajo mecanismos de negociación entre compañías. El proyecto oficial figura bajo el expediente S-809/26 y fue tratado junto con otras iniciativas relacionadas con el sector.
De acuerdo con el esquema discutido, el corte obligatorio de biodiésel partiría del 7,5% y avanzaría hacia el 10%. La modificación vendría acompañada por una transición en la participación reservada para las empresas no integradas y una ampliación progresiva del segmento sujeto a negociación. El diseño de esa transición es justamente uno de los puntos que continúa generando resistencia entre representantes de provincias productoras.
El Norte Grande pidió avanzar con la ley
En paralelo con las negociaciones legislativas, las Uniones Industriales del Norte Grande, nucleadas en UNINOR, reclamaron a los senadores nacionales que avancen con la aprobación del proyecto. La organización reúne a entidades empresarias de provincias del norte argentino y considera que el nuevo marco permitiría fortalecer cadenas productivas vinculadas con los biocombustibles.
Las entidades sostuvieron que la iniciativa permitiría agregar valor en origen a materias primas como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera, además de sustituir importaciones de combustibles y generar actividad económica en las provincias productoras. También remarcaron que la industrialización local podría contribuir a reducir el impacto de los costos logísticos que enfrentan las economías alejadas de los principales centros de consumo y los puertos.
UNINOR definió la iniciativa como una oportunidad para avanzar hacia una política energética “moderna, federal y sustentable” y planteó que el desarrollo de biocombustibles podría generar empleo, inversión y mayor utilización de materias primas regionales. Esas afirmaciones corresponden a la posición expresada por las entidades industriales que respaldan el proyecto.
Bioetanol: mayor acuerdo entre caña y maíz
A diferencia del biodiésel, el esquema del bioetanol logró mayores niveles de acuerdo entre los sectores vinculados con la caña de azúcar y el maíz. El dictamen contempla llevar la mezcla total en las naftas hasta el 15%, con una porción obligatoria distribuida entre ambos sectores y un segmento adicional sujeto a competencia.
El proyecto propone mantener un corte obligatorio del 12% distribuido entre bioetanol de caña de azúcar y de maíz, al que se sumaría un 3% dentro de un esquema de competencia, hasta alcanzar el 15% total. Esa estructura representa uno de los puntos con mayor consenso dentro de una discusión que continúa trabada principalmente por la distribución futura del mercado de biodiésel.
Con el dictamen ya firmado, el próximo paso dependerá de los acuerdos que puedan construirse en el Senado. Al 16 de septiembre, el proyecto seguía en negociación y su incorporación efectiva a una próxima sesión todavía dependía de que el oficialismo y los bloques aliados consiguieran cerrar las diferencias pendientes.
