La Justicia Comercial intimó a Fernando Cerimedo y a Numen Publicidad y Sondeos SRL a cancelar una deuda reclamada por Banco Galicia y dispuso como medida cautelar la inhibición general de bienes de ambos demandados.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Comercial N.º 14, Secretaría N.º 27, en el marco de una causa iniciada durante este año a partir de la ejecución de un pagaré suscripto por la empresa y avalado por Cerimedo.
El origen del reclamo
Según la presentación judicial, el documento fue emitido el 10 de febrero de 2025 por $70 millones. La entidad financiera sostuvo que el pagaré fue presentado al cobro el 10 de marzo del mismo año y que, ante la falta de pago, comenzaron a aplicarse intereses y penalidades contempladas contractualmente.
De acuerdo con la liquidación presentada por el banco, la deuda reclamada ascendía al 16 de abril de 2026 a $138.977.808,22, monto que incluye capital, intereses compensatorios, intereses punitorios y costas.
En ese contexto, el juez Pablo D. Frick ordenó librar un mandamiento de intimación para exigir el pago de los $70 millones correspondientes al capital y otros $70 millones estimados provisoriamente para cubrir intereses y gastos derivados del proceso.
La resolución no constituye una sentencia definitiva sobre el monto final adeudado, sino que integra un juicio ejecutivo, procedimiento previsto para reclamar obligaciones documentadas mediante instrumentos como pagarés.
Inhibición general de bienes
Además de la intimación de pago, el magistrado hizo lugar al pedido de inhibición general de bienes solicitado por Banco Galicia.
La entidad argumentó que desconocía la existencia de activos suficientes de los demandados que permitieran garantizar el eventual cobro de la deuda reclamada.
Como parte de las medidas ordenadas, el juzgado también dispuso recabar información sobre la situación registral de Numen Publicidad y Sondeos SRL ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Cómo continúa la causa
La resolución establece que tanto Cerimedo como la sociedad demandada deberán presentarse en el expediente, constituir domicilio y, en caso de considerarlo pertinente, plantear las excepciones previstas por la legislación procesal dentro del plazo establecido por el tribunal.
El expediente tramita en paralelo a otras causas judiciales que involucran al consultor político, entre ellas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Por el momento, la causa comercial continúa en etapa de ejecución. La intimación y las medidas cautelares buscan garantizar el eventual cobro del crédito reclamado mientras se determina el alcance definitivo de las obligaciones discutidas en el expediente.
