Un informe del Banco Galicia ingresó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena dictada en la causa Vialidad, y confirmó la existencia de fondos pertenecientes a Florencia Kirchner que fueron incluidos en un segundo pedido de decomiso impulsado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La entidad bancaria respondió a un requerimiento del juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del tribunal, en el marco de la revisión patrimonial que lleva adelante la Justicia. Según la información incorporada al expediente, se encuentran depositados US$ 4.664.000 en una caja de seguridad y US$ 992.134 en una caja de ahorro, además de $53.280,24 reclamados por la fiscalía. En conjunto, las divisas superan los US$ 5,6 millones.
Una segunda etapa de ejecución patrimonial
Mientras Cristina Kirchner y sus hijos plantearon ante la Corte Suprema objeciones contra la primera etapa de ejecución patrimonial dispuesta por el TOF 2 y avalada por la Cámara de Casación, en Comodoro Py continúa avanzando un segundo procedimiento que comprende 141 bienes.
Entre ellos figuran los fondos de Florencia Kirchner que habían sido congelados en el marco de la causa Hotesur. En ese expediente, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner fueron procesados y enviados a juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos.
El TOF 2 está integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso y tiene a su cargo la ejecución de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado impuesta a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros condenados.
Entre las consecuencias de la sentencia se encuentra el decomiso de bienes. El objetivo de esa medida es avanzar sobre el monto que el tribunal fijó en 685.000 millones de pesos como perjuicio económico derivado de las 51 licitaciones de obra pública analizadas en el expediente.
Según lo establecido en la sentencia y sostenido por la acusación, esas contrataciones estuvieron direccionadas y presentaron irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y mecanismos de pago favorables al Grupo Austral.
La primera lista también está bajo discusión
La Corte Suprema tiene bajo análisis planteos relacionados con una primera tanda de 111 inmuebles y vehículos identificados por los fiscales Luciani y Mola para su eventual decomiso.
La ex presidenta y sus hijos recurrieron ante el máximo tribunal para intentar suspender esa ejecución. Sin embargo, la postura sostenida en Comodoro Py es que la presentación realizada no suspende la decisión previamente ratificada de avanzar sobre bienes de los nueve condenados con el propósito de cubrir el monto establecido como perjuicio económico.
En paralelo, Giménez Uriburu solicitó específicamente al Banco Galicia que confirmara si conservaba los fondos correspondientes a Florencia Kirchner. La entidad respondió afirmativamente y detalló la existencia de US$ 4.664.000 en una caja de seguridad y US$ 992.134 en una caja de ahorro.
De acuerdo con el planteo incorporado al expediente, se trata de fondos que, según la Justicia federal, la familia Kirchner “nunca logró justificar” respecto de su origen lícito. Esos montos habían sido congelados durante la investigación de la causa Hotesur.
El tribunal todavía debe resolver sobre el decomiso
La confirmación bancaria no implica por sí misma que los fondos vayan a ser decomisados. El tribunal se encuentra recopilando información antes de adoptar una resolución definitiva sobre ese punto.
Fuentes allegadas al TOF 2 explicaron que el requerimiento al banco “es parte de la adopción de múltiples medidas de carácter previo, dirigidas a reunir la totalidad de la información necesaria para avanzar con la sustanciación del planteo y, posteriormente, emitir una decisión al respecto”.
En noviembre, cuando el tribunal dispuso avanzar con la primera tanda de bienes vinculados al decomiso de la causa Vialidad, estableció que podían quedar alcanzados aquellos activos incorporados por los condenados a sus patrimonios entre 2003 y 2015, período durante el cual, según la sentencia, se desarrolló la maniobra defraudatoria.
En la segunda tanda identificada por el Ministerio Público también fueron incluidos el hotel Alto Calafate, el departamento ubicado en San José 1111, una residencia en Río Gallegos y una casa en El Calafate, entre otros bienes.
El inmueble de San José 1111 pertenece a Los Sauces SA, sociedad de la familia Kirchner investigada en otra causa por presunto lavado de dinero. El TOF 2 deberá analizar ahora la documentación reunida y determinar, en cada caso, cuáles de los bienes y fondos incorporados a esta segunda presentación pueden quedar alcanzados por el decomiso.
