Una trabajadora no docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fue condenada a un año de prisión en suspenso luego de reconocer que falsificó y utilizó 33 certificados de capacitación para intentar obtener ventaja en un concurso cerrado de antecedentes y oposición.
La maniobra tenía como objetivo conseguir el cargo de Directora Administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales, pero fue detectada por otra empleada que competía por el mismo puesto al momento de revisar la documentación presentada.
La otra concursante advirtió una serie de irregularidades que despertaron sospechas. Entre ellas aparecieron capacitaciones acreditadas entre siete y nueve años atrás pero emitidas antes de la convocatoria, una carga de 300 horas de capacitación en un solo año y coincidencias entre la caligrafía de determinados documentos y la escritura de la postulante.
A partir de la impugnación se inició una investigación interna y posteriormente avanzó la intervención judicial, con representantes de la Dirección de Asuntos Legales de la UNSJ constituidos como querellantes.
La investigación por los certificados
Durante la acusación, el fiscal sostuvo que la imputada «confeccionó certificados con contenido y firmas falsos en relación a cursos de capacitación efectuados» y señaló que buscaba «obtener un beneficio personal» mediante el incremento ilícito de su puntaje en el concurso.
Desde la Universidad también se aportaron elementos que resultaron relevantes para la investigación. Según se precisó, el «informe de la UNSJ fue determinante al expresar que los certificados que presentara Marcela Díaz para postularse para dicho concurso, estaban destinados a profesionales y/o docentes exclusivamente».
La condición establecida para acceder a esas capacitaciones no se correspondía con la situación de la agente, que se desempeñaba como personal administrativo.
Los diplomas originales fueron sometidos a peritajes realizados por Gendarmería Nacional. Esos estudios detectaron coincidencias escriturales consideradas sospechosas en la documentación presentada.
Además, autoridades y exautoridades cuyos nombres aparecían consignados en los certificados desconocieron las firmas que figuraban estampadas en los documentos, otro elemento que fortaleció la acusación.
Juicio abreviado y condena
Con el avance de la causa, la imputada terminó admitiendo su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado acordado entre su defensa y la acusación.
El acuerdo fue posteriormente homologado por la jueza interviniente, lo que permitió cerrar el proceso penal sin avanzar hacia un juicio oral.
Como resultado, la empleada fue condenada a un año de prisión en suspenso por la falsificación y utilización de los 33 certificados que había incorporado a su documentación con el objetivo de aumentar el puntaje y obtener ventaja en el concurso universitario.
