Padres de alumnos de los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) prevén presentar durante esta semana un amparo ante la Justicia Federal, luego de que los estudiantes acumularan entre 35 y 36 días sin clases en lo que va del ciclo lectivo como consecuencia de las medidas de fuerza docentes.
«La idea es que podamos presentarlo en el transcurso de esta semana, en la medida de lo posible», adelantó el abogado Mariano Domínguez, quien representa a las familias involucradas en la presentación.
Según explicó, la iniciativa consiste en una «presentación al Juzgado Federal para solicitar que se resguarde y proteja el derecho de acceso a la educación de los chicos» mediante la vía de un amparo.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios docentes impactó directamente sobre los alumnos de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario, que acumulan más de un mes de jornadas sin actividad presencial.
La situación llevó a los padres autoconvocados a recurrir a la Justicia con el objetivo de garantizar la continuidad del ciclo lectivo y exigir alternativas para recuperar los contenidos y las jornadas perdidas.
Domínguez aclaró que «esto no implica desconocer la legitimidad que tiene el reclamo de los docentes» y reconoció el derecho de los trabajadores a reclamar mejoras salariales.
Sin embargo, advirtió sobre el impacto que las medidas de fuerza pueden generar sobre los estudiantes y señaló que «en el ejercicio de ese derecho, a esta altura del año y con los días de clase, existe el riesgo real de que los chicos puedan perder parte de su escolaridad».
Qué buscan las familias con el amparo
La presentación judicial tendrá dos objetivos centrales: impedir que continúe la pérdida de jornadas y establecer un mecanismo que permita recuperar los días de clases ya afectados por las protestas.
Domínguez explicó que el planteo apunta a la «defensa del derecho de educación de los chicos, que no pierdan más días de clase por un lado y que recuperen lo perdido».
Las familias expresaron preocupación por las consecuencias académicas que podría tener el conflicto en los tres establecimientos preuniversitarios, debido a que «tienen la preocupación concreta de que los chicos pierdan el año o no puedan recuperar lo que ya han perdido».
Desde el punto de vista jurídico, la estrategia se apoya particularmente en la protección de los menores. El abogado sostuvo que buscan «reivindicar el derecho de los chicos al acceso a la educación» y destacó que se trata de «un derecho que está vinculado con el interés superior de los menores, los niños».
Además, afirmó que ese derecho posee protección por encima del ámbito provincial, al considerarlo «un derecho que está resguardado a nivel constitucional y convencional, o sea, no solo en nuestra Constitución, sino también en diversos tratados internacionales».
La cantidad de jornadas perdidas constituye uno de los principales argumentos para reclamar una intervención judicial urgente. Según Domínguez, «por la cantidad de días perdidos de clase, consideramos que hay un riesgo real» de que el derecho a la educación resulte afectado.
El reclamo salarial detrás del conflicto
La presentación de las familias se produce en medio de una fuerte tensión en la UNSJ por las medidas de fuerza convocadas por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que afectan el dictado de clases y también las tareas administrativas y de servicios en facultades y colegios preuniversitarios.
Los gremios locales ADICUS y SiDUNSJ reclaman una recomposición salarial y rechazaron la última propuesta del Gobierno nacional, que contempló un incremento del 3 por ciento para septiembre y otro 3 por ciento para octubre, al considerar que los porcentajes resultan insuficientes frente a la inflación.
Además del reclamo salarial, los docentes exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones, la investigación y las becas estudiantiles.
Los gremios comunicaron: «el Frente Sindical de las Universidades Nacionales se reunió luego del fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre. Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria, a realizarse la primera semana de octubre. Como primeros pasos en este camino y ante la falta de respuestas, llamamos a: un paro nacional en las universidades para el día martes 8 de septiembre; jornada nacional de clases públicas ‘La universidad en la calle’ para el martes 15/09; acto en Palacio Pizzurno el 17/09 en el marco de la convocatoria a paritaria docente y nodocente. Por la Ley de Financiamiento Universitario, por paritarias para recuperar lo perdido por inflación, por actualización de las Becas Progresar y Belgrano y por un presupuesto universitario que no asfixie a nuestras universidades».
Padres de alumnos de los tres colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan prevén presentar esta semana un amparo ante la Justicia Federal tras acumular entre 35 y 36 días sin clases durante el ciclo lectivo. Buscan garantizar la continuidad educativa y un plan de recuperación, en medio del conflicto salarial entre docentes universitarios y el Gobierno nacional.
Entre 35 y 36 días sin clases y las familias decidieron que la próxima parada sea el Juzgado Federal. Los padres de alumnos de los preuniversitarios de la UNSJ preparan un amparo para proteger el derecho a la educación y recuperar el tiempo perdido, porque a esta altura el calendario escolar tiene más huecos que una calle sanjuanina después de una temporada de reparaciones.
El reclamo no busca discutir la legitimidad de la protesta docente, sino evitar que los estudiantes terminen pagando una negociación salarial en la que no tienen silla, voto ni recibo de sueldo. El conflicto quedó convertido en una suerte de partido de truco entre Nación y gremios, con los alumnos mirando desde la mesa de al lado cómo siguen levantando la apuesta.
Las familias apuntan a que no se pierdan más jornadas y a que exista un esquema concreto para recuperar las ya caídas. La preocupación es directa: que el año escolar termine pareciéndose a esos trámites en los que uno lleva todos los papeles, espera meses y finalmente descubre que faltaba una fotocopia.
Del otro lado, los gremios universitarios sostienen que los salarios y el financiamiento del sistema no pueden seguir esperando. Rechazaron la propuesta oficial de incrementos del 3 por ciento para septiembre y otro 3 por ciento para octubre y mantienen un cronograma de protestas que incluye paro, clases públicas y una nueva Marcha Federal Universitaria.
Así, la discusión ya no pasa solamente por cuánto cobra un docente o cuánto presupuesto recibe una universidad: también llegó al punto en que un juez podría tener que intervenir para determinar cómo se garantiza que los chicos estén en el aula. Cuando el horario escolar termina dependiendo de un expediente judicial, el problema dejó hace rato de entrar en el cuaderno de comunicaciones.