La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) aprobó la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, aunque condicionó la operación a una serie de desinversiones de gran escala destinadas a reducir la concentración del mercado. La decisión coincide con observaciones que previamente había realizado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Entre las principales exigencias figura la transferencia de seis millones de líneas móviles a un nuevo operador de telecomunicaciones. La medida incluye la infraestructura vinculada a esos servicios y comprende clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de usuarios de las regiones Norte y Sur del país.
Asimismo, Telecom deberá desprenderse de clientes de banda ancha fija en aquellas localidades donde, tras concretarse la integración, su participación de mercado supere el 50%.
Las condiciones impuestas por el organismo
Otro de los puntos centrales de la resolución es la devolución de espectro radioeléctrico. La ANC dispuso la restitución de 130 MHz en total. De ese volumen, 60 MHz deberán regresar de manera inmediata al Estado a nivel nacional.
Las devoluciones restantes se concentrarán en zonas con elevados niveles de concentración de mercado, mientras que otra parte del espectro será destinada al mercado secundario para permitir su utilización por otros operadores.
Además, Telecom deberá garantizar durante un plazo de dos años el acceso de un nuevo competidor a su red, espectro, sistemas y puntos de interconexión. Según explicaron las autoridades, la medida busca asegurar la continuidad y calidad del servicio mientras el eventual nuevo actor desarrolla su propia infraestructura.
Desde el organismo sostienen que estas condiciones son necesarias para evitar posiciones dominantes. De acuerdo con sus estimaciones, sin restricciones el grupo fusionado habría alcanzado cerca del 70% del mercado nacional de telecomunicaciones. Con las desinversiones exigidas, esa participación se reduciría aproximadamente al 50%.
La incógnita sobre el futuro de los clientes
La resolución también abrió un nuevo debate dentro de la industria: quién absorberá los usuarios que Telecom deberá ceder. Una de las posibilidades que analiza el mercado es que esa base de clientes termine fortaleciendo a América Móvil, mientras que otra alternativa es el ingreso o expansión de un nuevo competidor.
En ese escenario aparece Telecentro, empresa controlada por Alberto Pierri, que desde hace tiempo busca ampliar su presencia en el negocio de la telefonía móvil.
La postura de Telecom y una disputa que sigue abierta
Desde Telecom calificaron las exigencias oficiales como excesivas. La compañía señaló que su propuesta inicial contemplaba la cesión de tres millones de clientes móviles y alrededor de 100.000 usuarios de banda ancha fija, una alternativa que, según su visión, se encontraba más alineada con antecedentes internacionales.
La empresa argumentó además que el escenario competitivo actual incluye actores globales como Starlink en el acceso satelital a internet y Netflix en el negocio audiovisual. Bajo esa mirada, consideran que las condiciones impuestas generan una desventaja comercial para el grupo resultante.
También cuestionaron el criterio utilizado para impulsar la aparición de un tercer operador relevante, al sostener que la evolución de la demanda no demuestra espacio suficiente para un nuevo competidor de gran escala. La firma indicó que evaluará el contenido completo de la resolución antes de definir los pasos legales a seguir.
La operación se anunció oficialmente el 25 de febrero de 2025, cuando Telefónica de España comunicó la venta de la totalidad de sus activos en Argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares. La decisión se enmarcó en la estrategia del grupo español de reducir su exposición financiera en América Latina.
Posteriormente, el Gobierno nacional suspendió preventivamente la operación. La Secretaría de Industria y Comercio advirtió entonces que la integración otorgaría a Telecom el 61% del mercado móvil, el 69% de la telefonía fija y hasta el 80% de la banda ancha en determinadas localidades.
En junio, la Cámara Civil y Comercial Federal falló a favor de Telecom y dejó sin efecto las medidas preventivas. Sin embargo, poco después, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia volvió a rechazar la operación, un proceso que desembocó en la actual resolución de la ANC.
Actualmente, la estructura accionaria de Telecom se distribuye entre Cablevisión Holding, con el 28,16% del capital; el fondo Fintech, de David Martínez, con el 20,83%; un fideicomiso integrado por Martínez y Héctor Magnetto, con el 21,84%; mientras que el resto cotiza en el mercado bursátil.
Por su parte, Telefónica de Argentina surgió en 1990 tras la privatización de Entel y opera la marca Movistar, que cuenta con una base cercana a los 20 millones de usuarios en el país.
La Autoridad Nacional de la Competencia aprobó la compra de Telefónica por parte de Telecom, pero condicionó la operación a una fuerte desinversión. La empresa deberá ceder seis millones de líneas móviles, parte de su espectro radioeléctrico y usuarios de banda ancha en zonas con alta concentración. El objetivo oficial es evitar una posición dominante y preservar la competencia en el mercado de telecomunicaciones.
Seis millones de clientes. No pesos, no megas, no puntos del supermercado: clientes. La cifra apareció en la resolución oficial como quien pide dos medialunas para llevar, aunque se trate de una porción de usuarios equivalente a varias provincias enteras conectadas al mismo tiempo.
La discusión ya no es quién compra a quién, sino quién se queda con la mitad del kiosco después de que pasó la inspección. Como si alguien comprara una flota de colectivos y le exigieran entregar varios recorridos, algunas terminales y un puñado de choferes para que el resto del barrio no viaje en el mismo bondi.
La Autoridad Nacional de la Competencia aprobó la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, pero con una lista de condiciones que parece escrita por alguien decidido a que la compra no termine pareciéndose demasiado a una compra. Entre ellas figura la cesión obligatoria de seis millones de líneas móviles, infraestructura asociada y una porción relevante del espectro radioeléctrico.
La lógica oficial es sencilla: si una empresa queda demasiado grande, el mercado se vuelve más chico. Según los cálculos del organismo, sin restricciones el grupo fusionado habría concentrado cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones del país. Con las correcciones impuestas, esa participación quedaría reducida aproximadamente a la mitad.
Mientras tanto, en las oficinas corporativas hacen cuentas. Telecom sostiene que la exigencia duplica lo que estaba dispuesta a desprenderse voluntariamente y que el análisis regulatorio ignora competidores que hoy llegan desde el espacio, las plataformas digitales y otros servicios que hace veinte años ni figuraban en los manuales del sector.
Ahora aparece la pregunta que más entusiasma al mercado: quién recibirá semejante herencia. Porque seis millones de líneas no son un premio de trivia. Son clientes, antenas, frecuencias y facturación. Una torta que nadie quiere dejar sobre la mesa mientras todos aseguran preocuparse únicamente por la competencia.
La resolución busca evitar un gigante. La discusión recién empieza porque todavía falta decidir quién se queda con los pedazos del gigante que no puede crecer.