Una investigación desarrollada por científicos de universidades públicas identificó una zona del sur de Santa Fe y el sudoeste de Entre Ríos donde la mortalidad por cáncer en personas menores de 20 años fue 32% superior a la esperada. El resultado volvió a poner bajo análisis el posible peso de factores ambientales, entre ellos la presencia de arsénico en el agua y la exposición relacionada con la actividad agrícola.
El hallazgo, sin embargo, requiere una precisión central. El estudio no analizó nuevos diagnósticos de cáncer ni demostró que los agroquímicos o el arsénico hayan provocado las muertes. Se trata de una investigación ecoepidemiológica exploratoria que detectó una asociación territorial y planteó hipótesis que todavía deberán ser comprobadas mediante nuevos estudios.
Veinte años de registros y un conglomerado de mayor riesgo
El trabajo examinó 2.415 muertes por tumores registradas entre 2000 y 2019 entre personas de 0 a 19 años residentes en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La información utilizada provino de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación y fue analizada mediante técnicas de epidemiología espacial.
Ese análisis permitió detectar un conglomerado de mayor riesgo integrado por los departamentos santafesinos de Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, además de Victoria, en Entre Ríos. Dentro de ese conjunto territorial, la mortalidad observada fue 32% superior a la estimada para la población estudiada.
La situación no fue homogénea en toda la Región Centro. A escala provincial, Santa Fe registró un riesgo 8% superior al esperado, mientras Córdoba presentó valores inferiores. Entre Ríos, considerada en su totalidad, no mostró una diferencia estadísticamente significativa. El principal foco surgió, por lo tanto, en los siete departamentos delimitados por el estudio.
Arsénico y actividad agrícola, dos factores bajo análisis
Los investigadores compararon la distribución territorial de la mortalidad con dos indicadores ambientales: la proporción de población expuesta a concentraciones elevadas de arsénico en el agua de consumo y la cantidad de hectáreas sembradas por habitante.
La superficie sembrada por habitante fue utilizada como una aproximación indirecta a una eventual exposición comunitaria a agroquímicos. Sin embargo, la investigación no determinó qué productos fueron aplicados, en qué cantidades ni cuál fue la exposición individual de cada persona fallecida.
Las áreas donde se registró una mayor mortalidad también presentaron valores elevados en los dos indicadores estudiados. A partir de esa coincidencia, los autores plantearon que no puede descartarse un eventual efecto combinado entre el arsénico y la exposición vinculada con la actividad agrícola.
La asociación geográfica representa una señal sanitaria que requiere atención, pero no constituye una prueba de causalidad. Para establecer una relación directa serían necesarios estudios que incorporen mediciones ambientales, antecedentes clínicos, condiciones socioeconómicas, acceso al diagnóstico y al tratamiento, características específicas de los tumores y niveles de exposición de cada persona.
La publicación también reavivó un debate sensible en una de las principales regiones agrícolas del país. Organizaciones socioambientales reclaman desde hace años mayores controles sobre las fumigaciones y la calidad del agua, mientras sectores productivos advierten que las asociaciones estadísticas no permiten atribuir responsabilidades a toda la actividad agrícola.
En ese sentido, el estudio no permite afirmar que “los agroquímicos provocaron un 32% más de cáncer infantil”. Esa interpretación sería incorrecta porque la investigación estudió mortalidad y no incidencia y, además, no estableció una relación directa de causa y efecto. Lo que sí documentó fue un exceso significativo de muertes en un área donde también se registraron factores ambientales potencialmente perjudiciales.
Quiénes realizaron el estudio y cuáles son los próximos desafíos
La investigación fue elaborada por Laura De Gracia, Florencia Molinatti, Sergio Montico y Alejandro Oliva, integrantes del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. El trabajo se desarrolló dentro de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro, integrada por universidades públicas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Los resultados fueron publicados en el International Journal of Pediatric Research bajo el título “Ecoepidemiology of Child-Adolescent Cancer Mortality in Argentina”. Los investigadores señalaron la necesidad de profundizar los análisis para comprobar las hipótesis planteadas, orientar políticas públicas y diseñar medidas preventivas dirigidas a las poblaciones más vulnerables.
El hallazgo también plantea un desafío para las autoridades sanitarias y ambientales. La inexistencia, hasta el momento, de una causalidad demostrada no elimina la necesidad de ampliar las investigaciones, vigilar la calidad del agua, mejorar los registros sanitarios y disminuir exposiciones evitables mientras se obtiene evidencia más precisa.
Entre las prioridades señaladas aparecen el fortalecimiento del monitoreo ambiental y epidemiológico, el control del arsénico en el agua, la obtención de información más detallada sobre el uso de productos agrícolas y la garantía de diagnósticos y tratamientos oportunos.
La investigación no establece una explicación definitiva sobre el origen de las muertes, pero sí identifica un patrón territorial de mortalidad superior a la esperada. El próximo paso será determinar qué factores intervienen en ese fenómeno y qué medidas pueden aplicarse para disminuir los riesgos en las poblaciones expuestas.
