La Justicia Federal condenó a Leonardo Saavedra y Carlos Ormeño por su participación en la organización investigada por ingresar y comercializar estupefacientes dentro del Penal de Chimbas. Saavedra recibió una pena de 6 años y 6 meses de prisión, mientras que Ormeño fue condenado a 4 años. Sonia Ontiveros, quien también había llegado al debate oral, fue absuelta.
La acusación estuvo encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y su equipo. El Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio estuvo integrado por los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá.
Una investigación que se extendió durante más de un año
La causa se inició después de más de un año de seguimientos, escuchas telefónicas, análisis de movimientos financieros y allanamientos. De acuerdo con la investigación, la estructura estaba conformada por internos del Servicio Penitenciario Provincial y personas de su entorno que cumplían diferentes funciones para introducir los estupefacientes y posteriormente comercializarlos dentro del establecimiento.
La pesquisa reconstruyó un circuito que conectaba a proveedores ubicados fuera del penal con personas encargadas de facilitar el ingreso de las sustancias y detenidos que participaban de su distribución en los pabellones. Según la investigación, la organización estaba integrada por 13 personas, diez de las cuales habían recibido condenas previamente mediante juicios abreviados.
Saavedra fue señalado durante la investigación como uno de los principales proveedores que actuaban desde el exterior. Había recuperado la libertad el 10 de febrero de 2025, después de cumplir condenas anteriores relacionadas con el narcotráfico.
El análisis de sus movimientos financieros tuvo un peso importante en el expediente. Entre febrero y septiembre de 2025, sus billeteras virtuales registraron cobros por alrededor de $89 millones y pagos por unos $83 millones. La pesquisa comparó esos movimientos con su situación económica anterior: a fines de 2024, mientras permanecía detenido, registraba aproximadamente $16.000 en una cuenta bancaria y, hacia fines de 2025, el saldo había crecido hasta unos $3,3 millones, además de otros bienes y vehículos.
Ormeño, en tanto, fue acusado de participar en la comercialización de los estupefacientes dentro del Penal de Chimbas. La investigación sostuvo que la organización también se apoyaba en personas vinculadas a los internos para facilitar el ingreso de droga al establecimiento.
Movimientos millonarios, drogas y decenas de celulares
Uno de los elementos que permitió dimensionar el alcance económico de la estructura fue el seguimiento del dinero. Según la investigación, las cuentas bancarias y billeteras virtuales relacionadas con sus integrantes registraron movimientos cercanos a los $590 millones en un período de 12 meses.
Los procedimientos realizados en diferentes departamentos de San Juan y dentro del propio penal permitieron secuestrar marihuana, cocaína, plantas de cannabis y pastillas, además de armas, municiones, dinero en efectivo, balanzas de precisión y documentación que contenía anotaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes.
La investigación también puso el foco sobre las comunicaciones entre los integrantes de la organización. Durante los operativos fueron secuestrados 44 teléfonos celulares. El análisis de esos dispositivos permitió avanzar sobre los vínculos entre quienes se encontraban detenidos y las personas que actuaban desde el exterior.
Entre los elementos examinados por los investigadores apareció además el uso de Telegram como uno de los canales de comunicación. La presencia de teléfonos dentro del establecimiento volvió a colocar bajo análisis las dificultades para controlar las comunicaciones originadas desde establecimientos penitenciarios y la discusión sobre sistemas destinados a limitar las señales.
Una pelea antes del juicio y la definición del Tribunal
El proceso también estuvo marcado por un incidente ocurrido antes del desarrollo del debate oral. En agosto, mientras Saavedra y Ormeño permanecían alojados en una celda contigua a la sala del Tribunal Oral Federal, ambos mantuvieron una discusión que terminó con una agresión física.
Según quedó registrado, Ormeño golpeó a Saavedra y le provocó una lesión en la nariz. El episodio motivó la intervención de personal penitenciario y de efectivos de la Policía Federal, además de la realización de un examen médico al herido. Posteriormente, el proceso judicial continuó.
A diferencia de otros integrantes investigados, que habían optado por juicios abreviados y recibido previamente sus respectivas penas, Saavedra, Ormeño y Ontiveros llegaron al debate oral. La resolución dejó finalmente a Saavedra condenado a 6 años y 6 meses de prisión, a Ormeño con una pena de 4 años y a Ontiveros absuelta.
Con las sentencias dictadas, el expediente avanzó sobre la última etapa del juzgamiento de una estructura que, según la acusación, conectaba el exterior con el Penal de Chimbas mediante proveedores, familiares e internos y que sostuvo durante meses un circuito destinado al ingreso, distribución y comercialización de estupefacientes.
Fuente: Tiempo de San Juan y San Juan 8.
La Justicia Federal condenó a Leonardo Saavedra a 6 años y 6 meses de prisión y a Carlos Ormeño a 4 años por su participación en una organización dedicada a ingresar y comercializar drogas en el Penal de Chimbas. Sonia Ontiveros fue absuelta. La investigación incluyó más de un año de seguimientos, escuchas, allanamientos y análisis de movimientos financieros.
El Penal de Chimbas terminó alojando una organización que, según la investigación, había entendido el concepto de economía circular con una interpretación que difícilmente figure en los manuales de administración: proveedores afuera, vendedores adentro, dinero circulando por cuentas y billeteras virtuales y teléfonos celulares haciendo de oficina portátil. Todo detrás de las rejas, porque aparentemente la privación de la libertad no siempre viene acompañada de la privación del espíritu emprendedor.
La Justicia Federal necesitó más de un año de seguimientos, escuchas telefónicas y allanamientos para reconstruir una estructura en la que cada integrante tenía una función. Había quienes conseguían los estupefacientes, quienes facilitaban su ingreso y quienes los comercializaban dentro del penal. Un organigrama que cualquier consultora describiría como “roles claramente definidos”, siempre que antes elimine del PowerPoint las palabras cocaína, marihuana y cárcel.
El dato financiero terminó de completar una postal difícil de explicar con un simple “eran unas transferencias”: la pesquisa detectó movimientos cercanos a los $590 millones durante 12 meses. La billetera virtual, aquella herramienta concebida para pagar el supermercado, dividir una cena o lamentar en tiempo real el precio de cualquier cosa, apareció también como una pieza relevante para seguir el circuito económico de la organización.
Y cuando parecía que el expediente ya tenía suficientes elementos para una serie de varias temporadas, el juicio aportó una escena adicional. En agosto, mientras Leonardo Saavedra y Carlos Ormeño aguardaban en una celda cercana a la sala del Tribunal Oral Federal, protagonizaron una discusión que terminó con Ormeño golpeando a Saavedra y provocándole una lesión en la nariz. Ni siquiera había comenzado plenamente el debate y la convivencia societaria ya mostraba indicadores bastante alejados de cualquier certificación de buen clima laboral.
Finalmente, la Justicia puso números mucho menos atractivos que los de las billeteras virtuales: Saavedra fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión y Ormeño a 4 años. Sonia Ontiveros, la tercera persona que llegó al debate oral, fue absuelta. Para los dos condenados, el balance cerró con una cuenta imposible de pagar mediante transferencia.