La incorporación de inteligencia artificial, reconocimiento facial, ciberpatrullaje, drones y cámaras abrió un nuevo debate sobre los límites de la vigilancia estatal en Argentina.
Amnistía Internacional presentó un informe en el que advierte que, durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, se expandió la capacidad del Estado para recopilar, cruzar y analizar información sobre personas, tanto en espacios públicos como en internet.
El documento, titulado “Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina”, analiza el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.
La organización considera que la combinación de nuevas herramientas tecnológicas, reformas institucionales y políticas de seguridad podría estar conformando una infraestructura de control social con escasa supervisión externa.
Reconocimiento facial, redes sociales y drones
Según la investigación, entre 2024 y 2025 el Gobierno nacional destinó al menos 1,2 millones de dólares a la adquisición de tecnologías de vigilancia.
Entre las herramientas mencionadas aparece Maltego, una plataforma utilizada para reunir, relacionar y visualizar información obtenida de redes sociales, sitios web, bases públicas, datos personales y otras fuentes digitales.
También figura Clearview AI, un sistema de reconocimiento facial que permite intentar identificar a una persona a partir de una fotografía. Su funcionamiento se basa en una extensa colección de imágenes obtenidas de fuentes públicas de internet.
Amnistía cuestionó la falta de información pública sobre las evaluaciones de impacto y las garantías implementadas para evitar abusos, identificaciones erróneas o usos discriminatorios.
El informe también menciona la compra de drones, estaciones terrestres y equipos con capacidad de seguimiento automatizado, utilización de cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.
El rastro digital de las protestas
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la posible utilización de estas tecnologías durante manifestaciones y protestas sociales.
Amnistía vincula el crecimiento del ciberpatrullaje y la aplicación del Protocolo Antipiquetes con la recopilación y sistematización de información sobre manifestantes, organizaciones y vehículos.
La preocupación no se limita a la presencia de cámaras o drones. El planteo apunta a la posibilidad de combinar distintas fuentes de información para reconocer rostros, reconstruir movimientos, mapear relaciones personales o elaborar perfiles asociados con expresiones políticas.
La organización sostiene que este escenario puede producir un “efecto inhibidor”: algunas personas podrían dejar de participar en movilizaciones, reducir su actividad pública o autocensurarse en redes sociales por temor a ser identificadas.
El relevamiento se apoyó en entrevistas con 21 personas, entre ellas periodistas, activistas, estudiantes, jubilados y defensores de derechos humanos. También incorporó documentos de contrataciones públicas e información obtenida mediante pedidos de acceso a la información.
Algoritmos para analizar y “predecir” delitos
El informe también coloca el foco sobre la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, creada para utilizar algoritmos, analizar grandes volúmenes de datos, monitorear espacios digitales y desarrollar herramientas vinculadas con la predicción del delito.
La utilización de sistemas predictivos es objeto de discusión internacional porque puede reproducir errores y prejuicios presentes en los datos históricos utilizados para entrenarlos.
Si una base de datos contiene controles policiales concentrados sobre determinados barrios o grupos sociales, el algoritmo podría interpretar esa mayor presencia policial como un supuesto indicador objetivo de peligrosidad.
De esa manera, una herramienta presentada como neutral podría terminar reforzando prácticas discriminatorias preexistentes.
Buenos Aires y una cobertura del 82%
La expansión de estas tecnologías no se limita al Gobierno nacional. El informe también analiza el sistema implementado por la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con los datos citados por Amnistía, la cobertura territorial de cámaras habría alcanzado el 82% en julio de 2025. Durante ese año se adquirieron 850 puntos de captura, equivalentes a unas 3.400 cámaras.
Las contrataciones seleccionadas por la organización en la Ciudad sumaron cerca de 48 millones de dólares e incluyeron equipamiento destinado a capturar, procesar y almacenar imágenes.
Ese monto corresponde a contrataciones porteñas y no debe confundirse con los 1,2 millones de dólares atribuidos a adquisiciones realizadas por el Gobierno nacional.
El sistema cuenta además con un antecedente judicial relevante: en 2022, la Justicia suspendió el reconocimiento facial de prófugos implementado en la Ciudad después de que se detectaran irregularidades y detenciones equivocadas.
El debate entre seguridad y privacidad
El uso de cámaras, drones y programas de análisis puede contribuir a investigar delitos, localizar personas buscadas o intervenir frente a situaciones de emergencia. Sin embargo, el debate se profundiza cuando esas herramientas se aplican de manera generalizada y sin reglas claras sobre quién puede utilizarlas, durante cuánto tiempo se conservan los datos y qué mecanismos existen para reclamar ante un error.
Amnistía no cuestiona únicamente la tecnología. Su principal advertencia está dirigida a la falta de transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas que, según sostiene, debería acompañar cualquier incremento de la capacidad estatal para observar y analizar información de la población.
La organización reclamó reglas específicas para la compra y utilización de sistemas de vigilancia, mayores controles externos y la prohibición del reconocimiento biométrico remoto cuando pueda emplearse de manera masiva o discriminatoria.
El Ministerio de Seguridad Nacional fue consultado sobre las conclusiones del informe, pero no brindó respuesta. Por ese motivo, las denuncias y conclusiones expuestas corresponden a señalamientos de Amnistía Internacional y no a hechos determinados mediante una sentencia judicial.
La discusión de fondo excede la cantidad de cámaras instaladas. El debate pasa por quién controla la información, cómo se utiliza y qué límites existen cuando una herramienta creada en nombre de la seguridad también puede registrar protestas, relaciones personales y expresiones políticas.
