La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó que Daniel Osvaldo Molina, exgerente administrativo del Instituto Provincial de Juegos y Casino, deberá devolver dinero por irregularidades en la contratación del servicio de limpieza. El monto original fue fijado en $880.059,06 en 2018, pero con los intereses acumulados la cifra se transformó en una sanción millonaria.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó una sanción económica contra un exfuncionario del Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC) por pagos realizados a una empresa de limpieza por horas de trabajo que, según las auditorías, nunca fueron prestadas.
Los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio rechazaron la demanda presentada por Daniel Osvaldo Molina, quien se desempeñó como gerente administrativo del organismo, y dejaron firme el cargo impuesto por el Tribunal de Cuentas.
La sanción fue establecida originalmente en $880.059,06, a valores de 2018. Sin embargo, al sumarse los intereses acumulados durante los últimos años, el monto que deberá afrontar el exfuncionario se convierte en una cifra considerablemente mayor.
Pagaron horas de limpieza que no se realizaron
El caso se remonta al año 2015, durante el final de la gestión del exgobernador Francisco “Paco” Pérez. En aquel momento, el Tribunal de Cuentas analizó la rendición del Instituto Provincial de Juegos y Casino y detectó irregularidades en los pagos efectuados por el servicio de limpieza de los edificios del organismo.
La empresa contratada era Masterful SRL, que tenía a su cargo tareas de limpieza en distintas dependencias del Casino de Mendoza.
De acuerdo con la auditoría, el organismo público pagó “horas hombre” que no habían sido efectivamente cumplidas. También se detectaron pagos relacionados con la supuesta utilización de tecnología que, según los auditores, la empresa nunca habría aportado.
Las irregularidades correspondían principalmente a facturas abonadas entre julio y diciembre de 2015.
El problema central, según determinó el Tribunal de Cuentas, fue que las autoridades verificaban las horas incluidas en las facturas, pero no comprobaban si esas horas habían sido realmente trabajadas.
La responsabilidad del exgerente
Molina había presentado una acción procesal administrativa para que la Suprema Corte anulara el Fallo 17.037 del Tribunal de Cuentas, dictado en agosto de 2018.
El exgerente argumentó que no debía responder por las irregularidades detectadas. Sin embargo, los jueces consideraron que no aportó elementos suficientes para desvirtuar las conclusiones del órgano de control.
La Corte sostuvo que, por su cargo, Molina tenía la responsabilidad de verificar que los servicios contratados fueran efectivamente prestados antes de autorizar o permitir los pagos.
Los magistrados remarcaron que existían planillas de registro horario que permitían controlar la presencia de los trabajadores y comparar las horas trabajadas con las facturadas.
“Al no haberlo hecho en su momento, se terminaron pagando horas de servicio que no fueron prestadas, lo que causó un perjuicio económico al Estado y dio lugar a la sanción”, señalaron los jueces.
Para la Corte, la falta de control era evitable. Las autoridades contaban con documentación suficiente para comprobar si el servicio se había cumplido, pero ese control no se realizó correctamente.
Sanciones por casi $6 millones
Las auditorías sobre las cuentas del Casino derivaron en distintos cargos contra exautoridades y funcionarios del organismo.
El Tribunal de Cuentas estableció dos cargos colectivos: uno por $3.084.113,49 y otro por $2.913.292,67. En total, las sanciones solidarias y conjuntas alcanzaron los $5.997.406,16, calculados según los valores correspondientes al momento en que fueron impuestas.
Sin embargo, varias de esas sanciones fueron anuladas posteriormente por la Justicia provincial.
Entre los exfuncionarios que lograron revertir los cargos se encuentran el expresidente del IPJyC Carlos Bianchinelli; los exdirectores Federico Domínguez y Miguel Bondino; el excoordinador de Administración y Servicios Carlos Cardone; los excontadores generales Gonzalo Javier Jerez y Carina Andreoni; y el exgerente administrativo Alejandro Sabino.
La situación de Molina fue diferente. Los jueces Palermo, Adaro y Valerio consideraron que existían fundamentos suficientes para mantener su responsabilidad y rechazaron su pedido de anulación.
Una sanción que se actualiza con intereses
Con el fallo de la Suprema Corte, quedó firme la obligación de Molina de devolver los $880.059,06 fijados en 2018.
La sentencia no establece que esa sea la suma final que deberá pagar actualmente. Al monto original deberán incorporarse los intereses correspondientes, por lo que la cifra definitiva será muy superior.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los controles administrativos dentro de los organismos públicos y la responsabilidad de los funcionarios que autorizan pagos con dinero del Estado.
La Justicia concluyó que no alcanzaba con controlar lo que decía una factura. También había que comprobar que el trabajo se hubiera realizado.
