Patricia Bullrich negocia con bloques aliados para intentar reactivar el Senado este jueves, después de un mes sin sesiones. La agenda que busca llevar al recinto incluye la reforma de la Ley de Salud Mental, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa impulsada por el radicalismo.

Sin embargo, el oficialismo todavía enfrenta dificultades para reunir los respaldos necesarios, especialmente en torno al proyecto de Salud Mental, que recibió cuestionamientos por la ausencia de previsiones concretas de financiamiento.

A pesar de que Bullrich anunció públicamente las modificaciones a la iniciativa, La Libertad Avanza no consiguió inicialmente las firmas suficientes para emitir dictamen durante la última reunión de las comisiones de Salud y Legislación General, realizada diez días antes.

El despacho se obtuvo recién el miércoles, cuando legisladores peronistas de Convicción Federal presentaron un dictamen propio de minoría.

Ese avance parlamentario, no obstante, no garantiza que el oficialismo cuente con los votos necesarios para aprobar la reforma en el recinto.

Parte de los aliados provinciales que acompañaron el trámite lo hicieron con disidencias, al considerar que el texto no precisa de qué manera se financiarán las prestaciones y obligaciones previstas.

La falta de financiamiento complica los acuerdos por Salud Mental

Una de las principales objeciones provino de la senadora radical Gabriela Valenzuela, vinculada políticamente con el gobernador correntino Juan Pablo Valdés.

«Es necesario un presupuesto del financiamiento para poder cumplir la ley en su totalidad», señaló la legisladora.

En la misma línea se expresó el senador misionero Carlos Arce, quien reclamó mayor precisión sobre los recursos que demandaría la implementación de la norma.

«A este proyecto le falta el financiamiento, que no está expresamente. Tiene que ser muy preciso y traducirse en partidas identificables», sentenció.

Arce recordó que las provincias ya enfrentan dificultades por «la discontinuidad o retraso de programas nacionales» que debieron «sostener con recursos propios».

«Tenemos que evitar que este proyecto llegue a ese punto», agregó.

También el senador catamarqueño Guillermo Andrada, quien firmó el dictamen de minoría, planteó dudas sobre la viabilidad presupuestaria de la iniciativa.

«¿De cuánto van a ser los recursos? Si no estamos escribiendo sobre algo que no se va a poder realizar», cuestionó.

Desde La Libertad Avanza admitieron que deben «analizar algunos pedidos», aunque una eventual incorporación de compromisos presupuestarios necesitaría el aval del Poder Ejecutivo.

La discusión sobre los fondos aparece así como uno de los principales obstáculos para que Bullrich pueda consolidar una mayoría favorable al proyecto.

Qué cambia con la reforma de la Ley de Salud Mental

La iniciativa impulsada por el oficialismo propone modificaciones en los criterios y procedimientos vinculados con las internaciones involuntarias, la intervención de profesionales y el seguimiento de los pacientes.

Uno de los cambios centrales consiste en permitir internaciones involuntarias que deberán ser confirmadas mediante la evaluación de un equipo interdisciplinario.

Bullrich explicó que la reforma busca modificar el criterio utilizado para determinar cuándo corresponde una intervención.

«Uno de los puntos clave es que se cambia el paradigma de riesgo inmediato al de daño grave de integridad de las personas. Es decir no esperar a que ocurra la situación violenta, sino que haya una serie de evaluaciones del equipo interdisciplinario para evaluar el riesgo. Entonces puede ser preventivo», especificó Bullrich.

El proyecto también contempla la posibilidad de utilizar teleconsultas sincrónicas para la intervención de profesionales, en respuesta a las dificultades vinculadas con la disponibilidad de psiquiatras.

Además, reconoce la firma de profesionales de la psicología para la evaluación y el otorgamiento del alta del paciente.

Durante el debate, el senador peronista Jorge Capitanich mencionó la existencia de 100.000 psicólogos y 25.000 psiquiatras, cifras planteadas en el marco de la discusión sobre los recursos profesionales disponibles.

La propuesta prohíbe la creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales, y establece que toda internación deberá ser revisada cada 180 días.

Otro cambio relevante es la eliminación del requisito de autorización judicial expresa para las internaciones involuntarias.

Según el texto, el juez podrá solicitar informes, requerir peritajes y dejar sin efecto una internación que considere injustificada, pero su autorización previa no será necesaria para concretar la medida.

Se mantiene, de todos modos, la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas posteriores a la internación.

En materia de adicciones, el dictamen elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales y mantiene una formulación general que incorpora las adicciones dentro de las políticas de salud mental.

Ese criterio también comprende adicciones sin consumo de sustancias, como la ludopatía.

La reforma incorpora, además, el derecho de las personas a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada y a designar a quienes podrán expresar su consentimiento cuando no estén en condiciones de hacerlo.

El tratado de patentes y el compromiso comercial con Estados Unidos

Otro de los proyectos que Bullrich busca incluir en la sesión es la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos.

La adhesión al tratado fue comprometida ante Donald Trump en el marco del acuerdo comercial firmado entre ambos países en febrero.

El PCT fue suscripto originalmente en 1970 y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Su finalidad es establecer un mecanismo internacional simplificado para la tramitación de solicitudes de patentes.

El Senado argentino le otorgó media sanción en 1998, pero la Cámara de Diputados retomó su tratamiento este año e introdujo modificaciones.

Por ese motivo, el texto debe regresar a la Cámara alta para que los senadores se pronuncien sobre los cambios y pueda avanzar su ratificación.

Entre las modificaciones incorporadas por Diputados se encuentra la reserva del Capítulo II del tratado, que regula el examen preliminar internacional.

La decisión estuvo vinculada con las advertencias de laboratorios argentinos, que plantearon que ese mecanismo podría favorecer a titulares de patentes extranjeras y facilitar prácticas monopólicas en perjuicio de la producción nacional.

La discusión combina así los compromisos internacionales del Gobierno con las preocupaciones de sectores industriales locales sobre las condiciones de protección de la propiedad intelectual.

La agenda que Bullrich intenta llevar al recinto también incluye el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo.

La posibilidad de realizar la sesión dependerá de que el oficialismo consiga cerrar acuerdos con sus aliados y reunir los respaldos parlamentarios necesarios para avanzar con los proyectos.