El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un gravamen destinado a alcanzar determinadas operaciones que impliquen una salida efectiva de fondos de la Argentina. La propuesta establece una alícuota general del 3%.
La iniciativa retoma como antecedente político el Aporte Solidario y Extraordinario aplicado en 2020, aunque modifica el objeto del gravamen: en esta oportunidad no apunta al patrimonio, sino a operaciones mediante las cuales capitales sean transferidos al exterior.
El proyecto llega en medio de diferencias políticas dentro del Congreso y abrió discusiones incluso entre sectores del peronismo. De acuerdo con las versiones difundidas sobre esas conversaciones internas, algunos legisladores observan con reparos la posibilidad de promover un nuevo tributo cuando restan menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2027.
Uno de los legisladores peronistas citados de manera anónima cuestionó la propuesta con una definición categórica: «Nadie quiere crear un nuevo impuesto en la Argentina. Eso no corre más».
De todos modos, dentro del bloque se esperan conversaciones entre los distintos sectores para definir una posición frente a la iniciativa, mientras la Cámara de Diputados se prepara para analizar el proyecto de Presupuesto Nacional. La normativa presupuestaria establece el 15 de septiembre como fecha límite para el envío del proyecto correspondiente al ejercicio siguiente al Congreso.
Kirchner presentó el ITIC como una herramienta para obtener recursos destinados, entre otros objetivos, a provincias y municipios. En los fundamentos difundidos de la iniciativa se plantea una relación entre el nuevo esquema tributario y la reducción de transferencias nacionales a las jurisdicciones provinciales.
Rechazos y cuestionamientos al proyecto
Las objeciones no quedaron circunscriptas al peronismo. Sectores opositores también expresaron cuestionamientos sobre los posibles efectos políticos y económicos de la iniciativa.
Desde un espacio opositor no peronista, una declaración difundida sin identificación individual sostuvo: «Con esta idea, Máximo está jugando para la reelección de Milei». Se trata de una valoración política de ese sector y no de un efecto verificable del proyecto.
Entre esos bloques también señalaron que, aun si la propuesta consiguiera aprobación en ambas cámaras, podría enfrentar un eventual veto presidencial. Ese escenario, por el momento, constituye una hipótesis política y dependerá primero del recorrido legislativo que logre completar la iniciativa.
Otros dirigentes del oficialismo y sectores opositores cuestionaron el eventual impacto económico de la medida y sostuvieron que podría «frenar las inversiones en el país». La afirmación forma parte de las críticas políticas al proyecto.
Cómo funcionaría el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital
El proyecto establece que el ITIC alcanzaría operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales del territorio argentino, ya sea mediante divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de forma directa o indirecta por los sujetos comprendidos.
Según los fundamentos difundidos por Kirchner, el objetivo es concentrar el gravamen sobre flujos de capital que salen del país sin generar inversión productiva, empleo o valor agregado local.
La iniciativa fija una alícuota general del 3%. Cuando la transferencia tenga como destino una jurisdicción considerada de baja o nula tributación, establece un adicional de 2 puntos porcentuales, llevando la carga prevista al 5% para esas operaciones.
El universo de sujetos alcanzados contempla a personas humanas, personas jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras análogas, tanto residentes como no residentes.
El impuesto se percibiría al momento de realizar la operación. Según el esquema propuesto, ARCA tendría a su cargo la aplicación y fiscalización, con intervención del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores dentro de sus competencias, además de asistencia técnica de la Unidad de Información Financiera.
Una recaudación estimada en $2,89 billones
La estimación incluida en la iniciativa proyecta una recaudación mínima cercana a los $2,89 billones. Kirchner fundamentó esa cifra señalando: «Esto equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital».
El proyecto también establece una asignación específica para los recursos obtenidos. El 60% de la recaudación sería destinado a provincias y municipios para financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, además de proyectos de vivienda y trabajos viales.
