En el subsuelo marítimo que rodea las Islas Malvinas se extienden distintas cuencas hidrocarburíferas en las que operan compañías dedicadas a la exploración y producción offshore. Entre ellas se encuentran la Cuenca Malvinas Oeste y la Cuenca Austral, bajo jurisdicción argentina, y la Cuenca Malvinas Norte, ubicada en el área donde el Reino Unido mantiene la ocupación del archipiélago.
Una de las empresas con presencia en esta última zona es Navitas Petroleum Development and Production Ltd. (NPDP). Sin embargo, el acceso a la información sobre sus operaciones se encuentra restringido desde la Argentina, debido a un bloqueo geográfico en el sitio web de la compañía que devuelve el mensaje «403 Forbidden».
Un bloque con más de 1.300 millones de barriles potenciales
Pese a esa limitación, se conoció documentación de la petrolera en la que se informa la adquisición del 65% del bloque PL001, ubicado junto al yacimiento Sea Lion.
Los registros difundidos por la compañía señalan la existencia de recursos potenciales certificados por más de 1.300 millones de barriles de petróleo. También detallan una estrategia para conectar ambos desarrollos mediante tuberías submarinas, con el objetivo de optimizar su explotación.
En diciembre de 2025, las compañías involucradas habían comunicado su decisión final de inversión mediante un reporte presentado ante la Bolsa de Tel Aviv. El plan contemplaba un desembolso de 1.170 millones de dólares para ejecutar la primera etapa de Sea Lion.
El anuncio generó el rechazo del Gobierno nacional y de distintas provincias argentinas, que cuestionaron el avance de actividades hidrocarburíferas en un área sometida a disputa de soberanía.
El rechazo del Gobierno argentino
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se expresó entonces: «Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas».
En ese sentido, desde Nación se señaló que «toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes».
Por ese motivo, el Gobierno argentino advirtió que «se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos».
En un comunicado oficial, Nación volvió a citar la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a acelerar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas y a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el proceso de diálogo.
Las sanciones previstas por la legislación argentina
La normativa argentina contempla sanciones para las petroleras que decidan operar en las islas sin autorización del Gobierno nacional. Entre ellas se encuentra la inhabilitación para participar en licitaciones de exploración y explotación, tanto en el territorio argentino como en la plataforma continental del país.
Estas disposiciones surgen de la Ley 26.659 de Hidrocarburos, sancionada en 2011, y de su modificación de 2013 mediante la Ley 26.915. La legislación prohíbe explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización previa de las autoridades nacionales.
