La muerte de Daniel Alberto «Pichi» Paredes en la Comisaría 12 de Valle Fértil derivará en un cambio concreto dentro del sistema de seguridad provincial. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que el Gobierno avanzará con la instalación de cámaras de vigilancia en dependencias policiales ubicadas en departamentos alejados, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse situaciones en las que la falta de registros audiovisuales complique el esclarecimiento de hechos ocurridos bajo custodia estatal.
El anuncio se produjo dos meses después del fallecimiento de Paredes, ocurrido el 23 de abril. El caso continúa bajo investigación y uno de los principales condicionantes para el avance de las pesquisas ha sido la inexistencia de cámaras en el sector donde el hombre de 45 años fue hallado sin vida.
«Estamos trabajando con la Subsecretaría de Administración Financiera para obtener los recursos necesarios», explicó Delgado. Según indicó, la prioridad estará puesta en aquellas dependencias donde la infraestructura tecnológica resulta insuficiente o directamente inexistente.
Más tecnología para reforzar los controles
La ausencia de registros visuales en la Comisaría 12 se transformó en uno de los principales obstáculos para reconstruir con precisión lo ocurrido durante las horas previas a la muerte de Paredes. Frente a ese escenario, desde la Secretaría de Seguridad consideran necesario avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan contar con evidencia objetiva ante situaciones críticas.
El proyecto busca reducir las brechas tecnológicas que todavía existen entre las dependencias policiales de la capital y las ubicadas en departamentos alejados. La incorporación de sistemas de videovigilancia forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades de control y monitoreo del Estado mediante herramientas que permitan generar registros objetivos y disponer de información en tiempo real.
Desde Seguridad sostienen que contar con evidencia audiovisual permanente no solo contribuye al esclarecimiento de hechos bajo investigación, sino que también aporta mayores niveles de transparencia institucional y respaldo para la actuación policial.
Delgado reconoció que actualmente existen sectores de la provincia donde la cobertura tecnológica es limitada y señaló que la intención es avanzar de manera progresiva para cerrar esas diferencias.
La situación de los policías involucrados
Consultado sobre el personal policial que se encontraba de servicio al momento del fallecimiento, el secretario explicó que por ahora no existen elementos suficientes para disponer sanciones o apartamientos preventivos.
Según detalló, la investigación avanza por dos vías paralelas. Por un lado, la causa judicial encabezada por el fiscal Francisco Pizarro. Por otro, el expediente administrativo que lleva adelante la Subsecretaría de Control de Gestión, organismo con autonomía para determinar eventuales responsabilidades dentro de la fuerza.
«Para tomar una medida de carácter urgente, los requisitos deben tener la entidad suficiente para que a simple vista haya una posible responsabilidad, lo cual no es este el caso por ahora», afirmó Delgado.
No obstante, aclaró que las autoridades administrativas siguen de cerca la evolución de la investigación judicial y que cualquier avance significativo podría derivar en medidas internas.
El reclamo de la familia
Mientras tanto, la familia de Daniel «Pichi» Paredes continúa reclamando que se profundice la investigación y sostiene que existieron irregularidades en la custodia del detenido.
El abogado querellante Marcelo Sandez solicitó formalmente la imputación de los policías que se encontraban de guardia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La defensa sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física de toda persona privada de su libertad.
Los familiares también rechazan la hipótesis de suicidio y cuestionan distintos aspectos del procedimiento posterior al fallecimiento. Entre ellos, la entrega del cuerpo en un cajón cerrado, una situación que consideran llamativa y que alimentó sospechas sobre posibles signos de violencia.
Mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro de la dependencia policial de Valle Fértil, el Gobierno provincial ya definió avanzar con la instalación de cámaras de seguridad para que hechos de esta naturaleza cuenten, en el futuro, con registros que permitan reconstruir lo sucedido y despejar dudas sobre la actuación de quienes tienen a su cargo la custodia de personas detenidas.
