Mientras la atención pública permanecía concentrada en la definición del Mundial 2026, comenzó a circular un borrador de un nuevo proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. La iniciativa propone modificar o derogar decenas de regulaciones económicas vigentes.
El documento tiene 144 páginas y todavía no ingresó formalmente al Congreso nacional. El texto cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y plantea cambios en sectores como el corretaje inmobiliario, las farmacias, el Gas Licuado de Petróleo, la actividad agropecuaria, la industria editorial y el transporte marítimo.
La propuesta profundiza la orientación adoptada por el Gobierno de Javier Milei desde el comienzo de su gestión: reducir la intervención estatal, eliminar requisitos administrativos y ampliar la libertad de contratación en diferentes mercados.
Menos requisitos para el corretaje inmobiliario
Uno de los primeros capítulos del borrador modifica el régimen de corretaje inmobiliario. El proyecto elimina la obligación de contar con un título universitario de martillero y corredor público para ejercer la actividad.
En caso de ser aprobado, los requisitos quedarían limitados a ser mayor de edad y poseer título secundario. La iniciativa también prohíbe establecer aranceles mínimos, máximos o sugeridos para las comisiones inmobiliarias, que pasarían a ser acordadas libremente entre las partes.
Además, contempla la creación de plataformas digitales destinadas a validar las operaciones de corretaje y facilitar la formalización de los procedimientos.
Garrafas, farmacias y venta digital de medicamentos
Otro de los puntos centrales es la eliminación del régimen regulatorio del Gas Licuado de Petróleo, utilizado principalmente en garrafas y cilindros.
El borrador propone derogar la Ley 26.020, vigente desde 2005, que declara al gas envasado como un servicio público de interés general y habilita al Estado a establecer precios de referencia, subsidios y mecanismos de abastecimiento.
De avanzar la reforma, los precios, las cantidades, los márgenes de rentabilidad y las condiciones comerciales quedarían determinados por la oferta y la demanda.
La iniciativa también introduce cambios en el mercado farmacéutico. Entre ellos, elimina la exclusividad de las farmacias para vender medicamentos de venta libre y habilita su comercialización en supermercados, kioscos y otros establecimientos.
Asimismo, autoriza la venta online de medicamentos, tanto de venta libre como bajo receta, según corresponda. También permite la entrega a domicilio y el uso de plataformas de terceros para tareas de comercialización, logística, exhibición y procesamiento de pagos.
Reformas para el agro, los libros y la navegación
En materia agropecuaria, el proyecto elimina la obligación de que los laboratorios extranjeros comiencen a fabricar en la Argentina los productos veterinarios importados dentro de un plazo determinado para conservar sus autorizaciones de comercialización.
También propone eliminar los aportes obligatorios destinados a financiar el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. De concretarse el cambio, el organismo pasaría a sostenerse mediante contribuciones voluntarias y los ingresos generados por sus propios servicios.
El borrador desregula además los contratos de arrendamiento de campos y de producción agropecuaria asociativa. Esos acuerdos quedarían sujetos principalmente a la voluntad de las partes y a las disposiciones establecidas por el Código Civil y Comercial.
En el mercado editorial, la iniciativa deroga la Ley de Precio Único del Libro, que limita los descuentos que pueden aplicar librerías, cadenas comerciales y supermercados.
La medida generó el rechazo de editoriales y librerías independientes, que advierten que la eliminación de ese sistema podría favorecer una mayor concentración del mercado y debilitar a los comercios de menor escala.
El texto también propone derogar la obligación de realizar en la Argentina el doblaje de películas y series extranjeras destinadas a la televisión. De aprobarse, esos trabajos podrían efectuarse en otros países.
En materia de navegación, la reforma permitiría que buques extranjeros transporten pasajeros y cargas entre puertos argentinos. También eliminaría la reserva de carga para embarcaciones de bandera nacional y flexibilizaría disposiciones laborales, administrativas y documentales del transporte marítimo.
La iniciativa aún debe completar su elaboración e ingresar formalmente al Congreso. Por ese motivo, su contenido puede experimentar modificaciones antes de comenzar el debate parlamentario.
En caso de convertirse en ley, representaría una de las reformas regulatorias más amplias impulsadas por el Gobierno desde la sanción de la Ley Bases y abriría nuevos frentes de discusión con sectores productivos, profesionales y empresariales.
En provincias como Mendoza, algunas de las modificaciones podrían repercutir sobre actividades estratégicas como el mercado inmobiliario, la producción agropecuaria y la vitivinicultura, en un escenario en el que cámaras y entidades sectoriales seguirán con atención la versión definitiva del proyecto.
