Una combinación de recaudación más débil de lo esperado y un ajuste de gastos que no alcanzó a compensarlo derivó en el primer incumplimiento de la meta de superávit con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el primer semestre del año. Ante ese escenario, el Gobierno podría verse obligado a implementar una nueva ronda de recortes para alcanzar el objetivo fiscal anual.
Junio cerró con déficit fiscal por primera vez en el año, debido a una menor entrada de recursos tributarios tras la postergación del pago del impuesto a las Ganancias y a un aumento de gastos vinculado al pago de aguinaldos de empleados públicos y mayores subsidios energéticos.
De todos modos, el primer semestre finalizó con un superávit primario equivalente al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), una medición que excluye el pago de intereses de deuda y que es utilizada por el FMI para evaluar el cumplimiento del programa económico.
El acuerdo establece que para todo el año el Gobierno debe alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI. Además, contempla metas parciales que son observadas durante las revisiones técnicas trimestrales del organismo internacional.
La diferencia entre la meta y el resultado real
La consultora Outlier estimó que, aunque el resultado general del superávit primario estuvo por encima del umbral establecido, el cálculo debe excluir determinados «ingresos extraordinarios» que no son considerados por el FMI. Entre ellos se encuentran los recursos obtenidos a comienzos de año por la privatización de las represas del Comahue.
Según el análisis de la consultora, el resultado primario acumulado entre enero y junio alcanzó los $7,33 billones (0,65% del PBI). Sin embargo, al descontar esos ingresos extraordinarios, la cifra baja a $6,3 billones (0,55% del PBI), por debajo de la meta de $6,86 billones prevista para el primer semestre dentro del programa con el FMI.
Outlier señaló además que ese objetivo ya había sido flexibilizado frente a la revisión anterior del acuerdo, cuando la meta prevista era de $8,6 billones.
La meta anual permanece en $16,26 billones, equivalente aproximadamente a entre 1,4% y 1,5% del PBI. Para la consultora, el segundo semestre deberá generar un resultado fiscal superior al primero para alcanzar ese objetivo, por lo que consideró que la meta «ahora es muy exigente».
Más presión sobre el ajuste fiscal
El Centro de Economía Política (CEPA) calculó que la diferencia con la meta fue de alrededor de $570.000 millones. «Al proyectar la estacionalidad del año pasado, el Tesoro lograría acumular un total de $10,52 billones al cierre de 2026, faltando $5,74 billones para alcanzar la meta anual exigida por el organismo», indicó el centro de estudios.
En términos prácticos, si durante la primera mitad del año el superávit primario fue de $6,3 billones, durante el segundo semestre debería acercarse a los $10 billones para cumplir con el compromiso fiscal acordado.
Outlier advirtió que «el ancla fiscal está bajo presión» por una actividad económica que avanza por debajo de las expectativas y una recaudación tributaria más débil, especialmente en el IVA y en el impuesto sobre créditos y débitos bancarios.
La consultora también señaló que influyeron medidas tomadas durante 2025, como el adelantamiento de declaraciones de ventas de granos durante el período de retenciones más bajas, lo que redujo ingresos fiscales disponibles en 2026.
Según Outlier, el deterioro de las cuentas públicas «limita la capacidad para seguir bajando impuestos» y aumenta la necesidad de una recuperación de la actividad económica.
En la misma línea, la consultora LCG recordó que el Gobierno renegoció con el FMI la meta anual de superávit primario, que pasó de 2,2% a 1,4% del PBI. Sin embargo, sostuvo que la caída persistente de los ingresos obliga a profundizar el ajuste del gasto para cumplir con el compromiso.
LCG señaló que, más allá de la decisión oficial de mantener las metas acordadas, «la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario» podrían representar un costo político para la administración nacional.
Como parte de esa estrategia para preservar recursos, el Ejecutivo avanzó con una reducción limitada de retenciones concentrada en trigo y cebada, postergó la baja para la soja y sus derivados hasta 2027 y demoró hasta noviembre la implementación del Fondo de Afectación Laboral (FAL).
