El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que realizará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales que reclaman participación en su gobierno, en un intento por frenar las fuertes protestas que exigen su renuncia. La decisión llega en medio de bloqueos, marchas y una crisis económica señalada como la más grave del país en cuatro décadas.
Paz, de orientación centroderechista y con apenas seis meses en el poder, enfrenta la presión de sectores indígenas, campesinos, mineros, transportistas y trabajadores que mantienen desde hace tres semanas protestas y cortes de rutas en La Paz y sus alrededores. Las manifestaciones también estuvieron atravesadas por reclamos vinculados al abastecimiento de combustibles, la inflación y el deterioro económico.
“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno. Paz agregó que no dialogará con “vándalos”, aunque aseguró que “las puertas estarán abiertas” a “quienes respetan la democracia”.
Marchas y bloqueos en La Paz
Centenares de campesinos indígenas y transportistas marcharon este miércoles por las calles de la capital política de Bolivia, mientras el Gobierno denunció que los manifestantes que exigen la renuncia del Presidente buscan alterar la democracia. La movilización avanzó con banderas indígenas y sin choques con la Policía, que resguardó los accesos a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno.
“Este gobierno tiene que irse. Si no quiere que corra sangre, a las buenas que se vaya”, dijo Romer Cahuaza, transportista del sur de La Paz, quien participó de la marcha en reclamo de un mejor abastecimiento de combustibles.
Las protestas se extendieron durante las últimas semanas con bloqueos de carreteras y medidas de presión de distintos sectores sociales. De acuerdo con reportes internacionales, la crisis escaló con cortes en decenas de puntos del país, dificultades de abastecimiento y creciente preocupación por la estabilidad institucional.
El Gobierno denuncia un intento de desestabilización
En paralelo, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, intervino de manera virtual desde La Paz en una sesión de la Organización de los Estados Americanos y denunció que existen grupos dentro de las protestas que buscan debilitar al Gobierno y alterar el “orden democrático y constitucional”.
“No vamos a negociar y dialogar con quienes están pidiendo la renuncia del presidente” porque “es una afrenta a la democracia”, sostuvo luego Aramayo en conferencia de prensa.
El Gobierno boliviano asegura que las protestas son impulsadas por sectores vinculados al expresidente Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia por una causa de presunta trata de una menor. Desde el oficialismo consideran que los bloqueos y las movilizaciones forman parte de una estrategia para erosionar la gobernabilidad de Paz.
Un reordenamiento bajo presión
El anuncio de cambios en el gabinete aparece como una respuesta política a la magnitud del conflicto social. Paz busca incorporar a sectores que reclaman participación en la toma de decisiones, aunque mantiene como límite el diálogo con quienes exigen su salida anticipada del poder.
La administración boliviana también planteó la necesidad de abrir espacios de participación económica y social, en un escenario marcado por el malestar acumulado y la tensión en las calles. Según reportes internacionales, el Presidente anunció además la creación de un consejo económico y social orientado a sumar voces sectoriales al proceso de toma de decisiones.
La crisis deja al Gobierno de Paz ante un doble desafío: contener las protestas sin agravar la confrontación y, al mismo tiempo, ofrecer respuestas concretas a una economía golpeada por la falta de combustibles, la inflación y el desgaste social. La pulseada continúa abierta entre el llamado oficial al diálogo con sectores que respeten la institucionalidad y la presión de las organizaciones que mantienen las medidas de fuerza.
