El fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso de casación para intentar revertir el archivo de la causa por el préstamo de US$57.100 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. El planteo busca que se anule la decisión de segunda instancia y continúe la investigación sobre la negociación, contratación y utilización de los fondos.
El expediente analiza si funcionarios públicos incurrieron en delitos durante el proceso que derivó en el acuerdo stand-by firmado en 2018. El crédito fue pactado inicialmente por US$50.000 millones y posteriormente ampliado hasta US$57.100 millones.
Entre las personas alcanzadas por la investigación estuvieron el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y distintos exfuncionarios del Banco Central, entre ellos Guido Sandleris, Gustavo Cañonero, Verónica Rappaport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro.
Por qué la Justicia había archivado la investigación
La jueza federal María Eugenia Capuchetti había dispuesto en febrero de 2026 el archivo de la causa. Su decisión fue apelada por el fiscal Franco Picardi, quien consideró que todavía existían medidas pendientes para profundizar la investigación.
Posteriormente, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo el 4 de septiembre. Los magistrados sostuvieron que después de más de cinco años de investigación no se había alcanzado un grado de prueba suficiente para acreditar los delitos denunciados.
Durante la pesquisa se incorporaron informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios, documentación vinculada con el FMI e información relacionada con la formación de activos externos.
Uno de los elementos analizados fue un informe de la SIGEN que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de US$29.618 millones. La Cámara entendió que ese deterioro económico, por sí solo, no permitía probar que los funcionarios hubieran realizado una disposición patrimonial conscientemente perjudicial para el Estado o sustraído fondos en beneficio propio o de terceros.
Los camaristas también señalaron que el acuerdo había sido gestionado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y consideraron que las irregularidades administrativas señaladas durante la investigación no permitían inferir por sí mismas que hubiera existido intención de violar la ley.
Qué reclama ahora el fiscal Agüero Iturbe
El nuevo planteo cuestiona precisamente la decisión de cerrar el expediente antes de realizar otras medidas que la Fiscalía considera relevantes. Agüero Iturbe sostiene que todavía deberían reconstruirse los movimientos de las divisas e investigarse eventuales vínculos entre funcionarios y operadores privados que podrían haber resultado beneficiados.
“En una causa penal se investigan ‘hechos’ y no ‘calificaciones legales’”, afirma el escrito presentado por el fiscal, que cuestiona que el análisis haya quedado condicionado por la ausencia de elementos suficientes para encuadrar las conductas dentro de los delitos considerados hasta el momento.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, primero deben agotarse las medidas necesarias para determinar qué ocurrió y quiénes pudieron intervenir, y posteriormente establecer si esos hechos encuadran en alguna figura penal.
Agüero Iturbe también cuestionó la fundamentación utilizada por la Cámara y sostuvo que la resolución presenta una “fundamentación aparente”. Sobre esa base, pidió que el fallo sea declarado nulo y que la investigación continúe.
La discusión por el destino de los fondos
Uno de los puntos que la Fiscalía considera pendiente es la trazabilidad del dinero desembolsado por el FMI. El planteo apunta a determinar el recorrido de las divisas y establecer si existieron operaciones o actores privados que pudieran haber obtenido beneficios vinculados con esos movimientos.
La Cámara, en cambio, sostuvo al confirmar el archivo que el material producido durante más de cinco años no permitió construir una hipótesis delictiva con el nivel de respaldo necesario para mantener abierta la investigación. También consideró que el Poder Judicial no debe revisar el acierto o desacierto de una política económica cuando no existen elementos suficientes que indiquen la comisión de un delito.
La presentación del fiscal no implica que la causa haya sido reabierta. El expediente continúa archivado y será la instancia de casación la que deberá analizar el recurso y resolver si corresponde mantener la decisión de la Cámara Federal o permitir que la investigación continúe.
