El Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a una acción de amparo colectiva y ordenó a Incluir Salud y al PAMI regularizar y mantener al día los pagos de prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La resolución fue dictada por el juez federal Miguel Vaca Narvaja y alcanza a los beneficiarios de pensiones no contributivas que dependen de estos programas para acceder a prestaciones básicas de salud.
Sin embargo, desde PAMI señalaron que actualmente no mantienen deudas pendientes y aseguraron que los pagos correspondientes al mes en curso fueron abonados recientemente.
Qué resolvió la Justicia
La acción judicial fue impulsada por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en temas vinculados a discapacidad, mediante un amparo de alcance colectivo.
El magistrado consideró acreditadas demoras significativas en los pagos y sostuvo que el Estado no puede justificar incumplimientos en derechos esenciales mediante argumentos presupuestarios o administrativos.
En el fallo, Vaca Narvaja afirmó que “no puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales pendientes” y advirtió que persistir en esa conducta podría generar responsabilidades civiles y penales.
Asimismo, remarcó que la demora injustificada en la cancelación de prestaciones constituye un acto arbitrario e ilegal que habilita la procedencia de la acción de amparo.
Demoras de hasta cinco meses
Según la resolución judicial, durante el proceso se verificaron retrasos de hasta cinco meses en el pago de servicios ya prestados por instituciones, centros especializados y profesionales vinculados a la atención de personas con discapacidad.
El juez destacó que la asistencia integral en discapacidad constituye una política pública consolidada y recordó que el acceso efectivo a las prestaciones de salud resulta indispensable para garantizar la dignidad y autonomía de las personas beneficiarias.
La sentencia también resalta que los derechos vinculados a la salud no pueden limitarse a declaraciones formales, sino que requieren mecanismos efectivos que aseguren su cumplimiento concreto.
El impacto sobre miles de beneficiarios
Al tratarse de un amparo colectivo, la decisión judicial extiende sus efectos a miles de personas que se encuentran en situaciones similares y dependen de la continuidad de las prestaciones para tratamientos, rehabilitación, asistencia y acompañamiento especializado.
Además, la resolución busca preservar la sustentabilidad económica de hogares, centros de día, transportistas, instituciones y profesionales que brindan estos servicios.
El conflicto se originó a partir de denuncias por interrupciones e irregularidades en la cadena de pagos que, según la presentación judicial, se arrastraban desde fines de 2025.
La postura de PAMI
Tras conocerse el fallo, desde PAMI señalaron que actualmente no existen deudas pendientes y sostuvieron que los pagos correspondientes al período vigente fueron realizados recientemente.
No obstante, la Justicia entendió que las demoras constatadas durante la investigación resultaban suficientes para ordenar la regularización y continuidad de los pagos, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios esenciales para las personas con discapacidad.
La resolución judicial obliga a Incluir Salud y al PAMI a mantener la cadena de pagos actualizada y evitar nuevas interrupciones que puedan afectar la atención de uno de los sectores más vulnerables de la población.
