Florencio Randazzo declaró este martes como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos y sostuvo que durante su gestión al frente del Ministerio del Interior y Transporte “jamás” recibió instrucciones para favorecer a empresas en el pago de subsidios.
El exfuncionario también aseguró que ningún empresario le mencionó pedidos de sobornos durante las reuniones que mantenía por el funcionamiento de los servicios públicos y remarcó que no cuenta con información sobre lo ocurrido antes de su llegada al área de Transporte.
Randazzo prestó juramento de verdad ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Los ferrocarriles forman parte de la tragedia argentina”, afirmó al iniciar su declaración.
Randazzo se diferenció de Jaime y Schiavi
A lo largo de casi dos horas, el exministro sostuvo que conoció poco a sus antecesores en Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos acusados en el juicio junto con Julio De Vido y Cristina Kirchner.
También señaló que no tenía información sobre lo que pudo haber sucedido antes de que Transporte quedara bajo su órbita, cuando el área dependía del Ministerio de Planificación Federal.
Randazzo explicó que asumió funciones nacionales en 2007 y que, después de la tragedia ferroviaria de Once, Cristina Kirchner decidió trasladar Transporte al Ministerio del Interior.
“Fue una decisión de la Presidenta de la Nación”, recordó.
En ese punto, destacó el respaldo recibido durante su gestión y afirmó que su vínculo institucional era directo con la entonces mandataria.
“La relación mía era directamente con la Presidenta de la Nación”, sostuvo.
“Nunca jamás” recibió pedidos para favorecer empresas
Durante el interrogatorio, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, le preguntó si alguna vez recibió instrucciones políticas para beneficiar a determinadas compañías en materia de subsidios.
“Nunca jamás”, respondió Randazzo.
“Siempre me sentí apoyado por la Presidenta de la Nación, en todo lo que llevé adelante, como la SUBE, el GPS, los controles a las empresas”, agregó.
También negó que algún empresario le hubiera mencionado pedidos indebidos de dinero.
Ante una consulta de la defensa de Roberto Baratta sobre si algún concesionario había hablado de sobornos durante reuniones vinculadas con los servicios, respondió: “Jamás”.
Randazzo explicó que mantenía reuniones frecuentes con empresarios como Aldo Roggio, vinculado a Metrovías, y con responsables del Belgrano Norte para tratar cuestiones operativas.
El respaldo de Cristina Kirchner y la gestión ferroviaria
El exministro destacó que entre 2012 y 2015 hubo una decisión política de destinar recursos significativos al sistema ferroviario.
“Hubiera sido imposible llevar adelante un proceso como el que llevamos: la compra de más de 1.140 coches, la renovación de vías, simuladores e incorporación de tecnología, si no hubiera tenido el apoyo político de la Presidenta de la Nación”, afirmó.
También hizo referencia a la implementación de la tarjeta SUBE y a herramientas digitales destinadas a transparentar el uso de fondos públicos.
Según explicó, durante su gestión existía una página web en la que se publicaban mensualmente los recursos destinados a cada línea y su correspondiente desglose.
“Creo que avanzamos muchísimo. La aplicación de la tecnología sirve muchísimo para transparentar los recursos públicos”, sostuvo.
Los subsidios llegaron a cubrir el 90% del boleto
Randazzo también brindó detalles sobre el esquema de subsidios al transporte ferroviario y explicó cómo el congelamiento de tarifas incrementó progresivamente la participación del Estado en el costo del servicio.
“No hay mucho misterio: cuando uno presta un servicio público, tiene un costo. Si uno congela la tarifa, naturalmente el subsidio va a aumentar”, explicó.
Y agregó: “Es una decisión política: es para que los sectores vulnerables paguen menos”.
Según su exposición, el subsidio estatal llegó a representar cerca del 90% del valor del pasaje, mientras la tarifa aportaba el 10% restante.
“El mundo subsidia el transporte público, no la Argentina, no nos confundamos”, afirmó.
También comparó el valor del boleto con los salarios ferroviarios a lo largo de distintos períodos y cuestionó los incrementos tarifarios aplicados por el actual Gobierno.
“Se terminó la joda”
Antes de ingresar a la audiencia, Randazzo había señalado ante la prensa que algunos empresarios del sector dijeron que, tras su llegada al Ministerio, “se terminó la joda”.
Durante la declaración, la fiscal Fabiana León le pidió precisiones sobre esa frase.
Randazzo aclaró que no se trataba de una expresión propia sino de una referencia a algo que habría dicho un empresario dentro de la causa.
“No, eso lo dijo un empresario en la causa de los cuadernos, que creo que fue Gabriel Romero. Yo hice referencia a que venía como testigo en relación con algo que había dicho un empresario”, explicó.
También sostuvo que su gestión buscó mejorar mecanismos de control y transparencia.
“Yo soy de los que creo, y de los que ha demostrado, que se puede gestionar con transparencia y honestidad. Y de ese modo mejorar la vida de la gente”, manifestó.
Qué dijo sobre la tragedia de Once
Consultado por las condiciones del sistema ferroviario al momento de asumir, Randazzo señaló que el deterioro era anterior a la tragedia de Once.
“Sería injusto pensar que la responsabilidad era de los funcionarios que estaban en ese momento a cargo: era un deterioro que venía de mucho antes”.
También realizó una crítica hacia determinados sectores gremiales: “Tal vez no sea políticamente correcto pero parte de la dirigencia sindical es parte del problema”.
El juicio sumó un nuevo planteo por los cuadernos de Centeno
Después de la declaración de Randazzo y de otros testigos, la defensa del exfuncionario Roberto Baratta pidió nuevas medidas de prueba relacionadas con un pendrive en el que habrían aparecido archivos vinculados con imágenes de los cuadernos de Oscar Centeno.
El abogado Marcos Aldazábal solicitó que el Tribunal requiera información al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, donde tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde.
Distintas defensas adhirieron al pedido. La fiscal Fabiana León propuso primero solicitar la pericia de la DATIP para verificar el contenido del dispositivo.
La querella de la Unidad de Información Financiera pidió rechazar el planteo y el Tribunal deberá resolver.
La audiencia terminó después de ese intercambio y el juicio continuará el próximo jueves.
