La Justicia de Mendoza investiga a Alejandro Currenti, exinspector de cauce del canal Vertientes Corralitos, por una serie de presuntas maniobras irregulares vinculadas con fondos de regantes, materiales municipales y obras que habrían sido cobradas pero no ejecutadas.
Currenti ocupó ese cargo entre 2019 y 2024 y fue destituido esta semana por el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación.
Como consecuencia de las irregularidades detectadas en la investigación interna, deberá devolver una suma superior a los $27 millones al organismo.
Cobros en efectivo y obras que no se habrían realizado
Una declaración testimonial incorporada a la causa describió un esquema mediante el cual regantes y vecinos entregaban dinero en efectivo para financiar obras determinadas.
Según el testimonio, Currenti convocaba a los vecinos y les informaba que se realizaría un trabajo, como el revestimiento de un canal. Las personas podían efectuar un pago voluntario, incluso en cuotas, o esperar que el costo fuera posteriormente cobrado por Irrigación o el municipio.
La testimonial indicó que hubo casos en los que los vecinos comenzaron a pagar antes de que la obra se ejecutara y algunos habrían abonado varias cuotas sin que finalmente el trabajo se concretara.
Los pagos quedaban asentados en planillas de Excel, pero, según la declaración, no existía una registración contable formal.
Como comprobantes se entregaban recibos comunes o documentos firmados por empleados, que la persona que declaró calificó como “mamarrachos”.
También se mencionaron casos en los que una misma obra habría contado con fondos de Irrigación y materiales aportados por la Municipalidad de Guaymallén, pero aun así se habría solicitado dinero adicional a los regantes.
“Hay obras que ya estaban financiadas que también pidió plata a los regantes y después finalmente la obra no se hizo”, declaró la testigo.
Como ejemplo mencionó el denominado “ramo 15”: “Varios vecinos pagaron la obra e Irrigación ya había dado la plata para que hicieran una determinada cantidad de metros. Se pagó doblemente”.
Materiales de Guaymallén bajo la lupa
La investigación también analiza el destino de materiales entregados por la Municipalidad de Guaymallén a la Inspección de Cauce.
Entre los elementos mencionados aparecen hierro, hormigón, combustible, fenólicos y ángulos, entre otros insumos.
Según la testimonial, existe registro de los materiales aportados por la comuna, pero parte de ellos no habría terminado en las obras para las cuales estaban destinados.
La persona que declaró sostuvo que dentro de la Inspección era un “secreto a voces” que algunos materiales eran derivados hacia construcciones particulares.
Entre los ejemplos mencionados aparece el traslado de materiales hacia una vivienda donde supuestamente residía un familiar de una empleada de la Inspección.
También se hizo referencia a un camión “repleto de hierro” que habría sido provisto por el municipio y trasladado hacia un complejo cerrado de Fray Luis Beltrán, un lugar que, según la declaración, “no tiene nada que ver con la Inspección de Cauce”.
Posteriormente, según el mismo testimonio, apareció en la Inspección una camioneta Toyota Hilux bordó cuyo titular sería familiar de una persona supuestamente beneficiada con esos materiales.
La declaración sostiene además que Currenti habría pedido que el seguro del vehículo fuera contratado a través de la propia Inspección de Cauce.
También se investiga el uso de combustible aportado por el municipio. Según la testimonial, parte habría sido destinada a vehículos particulares y los vales utilizados para rendir las cargas “nunca coincidían”.
El dinero que habría terminado en un viaje al Lollapalooza
Uno de los episodios más llamativos de la declaración está relacionado con el supuesto uso de dinero de regantes para financiar un viaje al festival Lollapalooza.
La testigo relató que, en una oportunidad, una mujer llegó a la Inspección para entregar dinero en efectivo.
Según su versión, Currenti tomó ese dinero y se lo entregó a dos empleadas que querían viajar a Buenos Aires para asistir al festival.
“Después la reponía, no sé si la repuso o no”, aclaró la declarante.
La testimonial no precisó en qué año habría ocurrido ese episodio ni cuánto dinero se habría utilizado.
El uso del token de una persona fallecida
Entre las irregularidades previamente comprobadas por Irrigación también figura el uso del token bancario de una persona fallecida, identificada como Pedro Pelayes.
De acuerdo con la investigación administrativa, ese dispositivo habría sido utilizado para realizar movimientos de cuentas y operaciones bancarias irregulares.
Además, se detectaron otras situaciones, como la construcción de una sede de la Inspección de Cauce en un terreno propio de Currenti, el supuesto préstamo de un tractor perteneciente a su esposa a cambio de mantenimientos y cambio de ruedas, y la contratación de varias personas para realizar tareas similares.
La causa puede derivar en imputaciones penales
Los hechos que motivaron la destitución de Currenti podrían derivar ahora en una imputación penal por parte de la Justicia de Mendoza.
La Fiscalía analiza tanto el presunto manejo irregular del dinero aportado por los regantes como el posible perjuicio relacionado con los materiales provistos por Guaymallén.
También busca determinar qué obras fueron efectivamente realizadas, cuáles habrían quedado inconclusas y si existieron recursos cobrados o entregados para trabajos que nunca se concretaron.
La investigación continúa con el análisis de testimonios, registros de materiales, movimientos de fondos y documentación administrativa para establecer el alcance de las presuntas irregularidades y las eventuales responsabilidades penales.
La Justicia de Mendoza investiga a Alejandro Currenti, exinspector de cauce de Canal Vertientes Corralitos, por presuntas maniobras irregulares con fondos de regantes y materiales entregados por la Municipalidad de Guaymallén. Una declaración testimonial describe cobros en efectivo por obras que no se habrían realizado y el supuesto uso de dinero para otros fines, incluso un viaje al Lollapalooza.
Plata de regantes, obras que no aparecieron, materiales municipales con destino dudoso y hasta un supuesto viaje al Lollapalooza. La causa que investiga a Alejandro Currenti ya no parece un expediente administrativo: parece el inventario de todo lo que no debería pasar cuando alguien administra recursos ajenos.
La testimonial incorporada a la causa describe un mecanismo donde vecinos entregaban efectivo por trabajos específicos, recibían comprobantes informales y, en algunos casos, seguían pagando aunque la obra nunca se ejecutara. El sistema contable, según el relato, descansaba en planillas de Excel y recibos calificados como “mamarrachos”. Más que auditoría, un kiosco con impresora.
También aparece Guaymallén. La comuna entregaba hierro, hormigón, combustible, fenólicos y otros materiales para obras de la inspección, pero la investigación pone la lupa sobre si todo llegó realmente donde debía. La acusación es que parte de esos recursos habría terminado en construcciones particulares. El hormigón tenía más libertad de circulación que un remis.
Y después está el capítulo Lollapalooza. Una testigo declaró que Currenti habría tomado dinero entregado por una regante y se lo habría dado a dos empleadas que querían viajar al festival en Buenos Aires. “Después la reponía, no sé si la repuso o no”, aclaró. La administración pública, edición pulsera VIP.
Currenti ya fue destituido por Irrigación y deberá devolver más de $27 millones. Además, la Justicia analiza si las irregularidades pueden derivar en imputaciones penales y si existió un perjuicio mayor por el eventual desvío de recursos municipales.
Cuando una obra pública termina explicando entradas para un festival, el problema ya no es de presupuesto: es de género narrativo.