El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que el Gobierno provincial avanzará con acciones legales y administrativas tras detectar lo que definió como una presunta «estructura digital» dedicada a la difusión de contenidos falsos y agravios en redes sociales.
La situación generó repercusión política y mediática luego de que la administración mendocina informara sobre la existencia de un esquema que estaría vinculado a GRUPO PUMA S.A.S., una sociedad con domicilio legal en la provincia de San Luis. Según la información difundida oficialmente, el propietario de la firma sería Joel César Cóndori Tolaba, quien además estaría relacionado con sitios informativos y emisoras de radio FM.
La investigación apunta a una presunta red de desinformación
De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo mendocino, la estructura investigada habría operado mediante un dominio web registrado, perfiles activos en redes sociales y campañas de publicidad paga destinadas a amplificar contenidos considerados engañosos o agraviantes.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo de estas acciones habría sido afectar la reputación de personas e instituciones mediante la circulación de información falsa o distorsionada.
En este contexto, las autoridades provinciales anticiparon que impulsarán distintas medidas para establecer responsabilidades y determinar el alcance de las operaciones denunciadas.
Acciones legales y análisis de la trazabilidad digital
Las actuaciones previstas incluirán la intervención de organismos competentes para analizar el origen de los contenidos difundidos, la trazabilidad digital de las cuentas involucradas y eventuales responsabilidades civiles o penales.
El planteo oficial se sustenta en una diferenciación entre el ejercicio de la libertad de expresión y la eventual difusión coordinada de información falsa. Según la postura expresada por el Ejecutivo provincial, la situación investigada no se vincularía con críticas políticas o manifestaciones de opinión, sino con una posible campaña organizada de desinformación.
Qué buscará determinar la investigación
Uno de los principales objetivos será establecer si la presunta estructura actuó de manera coordinada y si contó con financiamiento específico para potenciar la difusión de contenidos en plataformas digitales.
Además, la investigación procurará identificar quiénes integran o administran GRUPO PUMA S.A.S. y determinar si existen vínculos con actores políticos, comunicacionales o privados que pudieran estar relacionados con las actividades denunciadas.
El Gobierno de Mendoza indicó que las actuaciones se desarrollarán durante las próximas semanas, mientras se recopilan antecedentes y elementos de prueba para definir el alcance de las medidas judiciales y administrativas anunciadas.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció acciones legales y administrativas tras detectar una presunta estructura digital dedicada a difundir contenidos falsos y agravios en redes sociales. La investigación apunta a una sociedad radicada en San Luis y buscará determinar el origen de las publicaciones, su financiamiento y posibles vínculos con actores políticos, privados o comunicacionales.
Hubo una época en la que para difundir rumores hacía falta una plaza, un bar o al menos una fila de banco. Hoy alcanza con una cuenta de redes sociales, algo de publicidad paga y una convicción inquebrantable de que la realidad es apenas una sugerencia. En ese ecosistema donde los algoritmos tienen más vida social que muchas personas, Mendoza decidió encender las luces y preguntar quién está operando detrás del telón.
La escena parece escrita por un guionista que mezcló una serie de espionaje, un manual de marketing digital y veinte horas seguidas de navegación en redes. Un gobernador denuncia una supuesta estructura dedicada a amplificar contenidos falsos. Aparecen dominios web, campañas patrocinadas, perfiles digitales y una empresa que de pronto se convierte en protagonista de una historia que hasta hace poco transcurría en los rincones más oscuros del scroll infinito.
Las redes sociales, que nacieron para compartir fotos de mascotas y avisar que alguien está tomando café, evolucionaron hasta convertirse en una dimensión paralela donde conviven analistas geopolíticos autoproclamados, economistas de tres publicaciones, expertos en todo y usuarios que descubren conspiraciones internacionales entre dos videos de recetas. En ese universo, la verdad suele entrar caminando mientras la desinformación ya completó una maratón, abrió tres cuentas nuevas y compró publicidad segmentada.
Ahora la provincia quiere saber si detrás de determinados contenidos existía una maquinaria organizada o simplemente el caos habitual de internet funcionando a máxima potencia. La diferencia no es menor. Una cosa es que una publicación se viralice porque alguien decidió compartirla. Otra muy distinta es que exista una estructura coordinada capaz de impulsar mensajes con la precisión de una campaña publicitaria y la insistencia de una notificación que se niega a desaparecer.
Por estas horas, abogados, especialistas digitales y funcionarios parecen haberse embarcado en una expedición arqueológica del siglo XXI. Ya no se excavan ruinas ni se buscan fósiles. Se rastrean IP, dominios, pautas publicitarias, administradores de cuentas y huellas digitales. Indiana Jones tenía un látigo; los investigadores modernos tienen planillas, servidores y capturas de pantalla.
La gran paradoja es que internet prometía democratizar la información y terminó obligando a desarrollar habilidades detectivescas para distinguir entre un dato real, una opinión legítima y una ficción presentada con la confianza de quien acaba de descubrir la fórmula de la inmortalidad. Mientras tanto, cada usuario sigue atrapado en una batalla diaria donde la verdad compite contra memes, cadenas virales, titulares apocalípticos y publicaciones que aseguran conocer secretos que ni sus propios autores podrían explicar bajo juramento.
En medio de todo esto, Mendoza decidió pasar del bloqueo, el muteo y el reporte al expediente judicial. Porque cuando la discusión abandona el terreno de las opiniones y entra en el de las presuntas operaciones organizadas, la política deja de pelear por likes y empieza a buscar respuestas. O al menos intenta averiguar quién está moviendo las fichas en un tablero donde los perfiles pueden ser anónimos, pero las consecuencias no.