La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto conocido como ley antiaguantaderos, una iniciativa que busca otorgar al Estado provincial herramientas específicas para intervenir con mayor rapidez sobre propiedades abandonadas, usurpadas o utilizadas como refugios para la planificación, el almacenamiento o la comercialización de estupefacientes y otras actividades delictivas.
El proyecto presentado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue aprobado por 34 votos afirmativos contra 10 negativos correspondientes a legisladores de los bloques del PJ y Fuerza Patria.
Los diputados de La Unión Mendocina Jorge Difonso y Rolando Scanio acompañaron la propuesta en general, aunque votaron en contra de los artículos 8, 9 y 10. Tras la aprobación en Diputados, la iniciativa será girada al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.
Cómo funcionará el mecanismo de intervención
La propuesta convierte en política pública permanente el protocolo administrativo que el Ministerio de Seguridad y Justicia aplica desde octubre de 2025. El procedimiento podrá iniciarse de oficio por parte del Estado, a requerimiento de la Justicia o a partir de denuncias y solicitudes formuladas por municipios, organismos públicos, privados o integrantes de la comunidad.
El texto establece medidas administrativas graduales que deberán ser dispuestas mediante resoluciones fundadas. Entre las acciones previstas figuran el tapiado y cerramiento de accesos, la clausura parcial o total del inmueble y, cuando existan razones indispensables vinculadas con la seguridad, la demolición controlada parcial o completa.
Antes de avanzar con esas medidas deberán elaborarse informes técnicos y policiales, notificarse formalmente al titular registral y habilitarse una instancia para formular oposición y recurrir administrativamente la decisión. No obstante, ante situaciones de riesgo grave e inminente para las personas o la seguridad pública, el proyecto contempla un régimen de intervención inmediata.
La iniciativa establece además que la intervención no elimina el derecho de propiedad del titular. El objetivo declarado es preservar el inmueble e impedir su utilización para actividades ilícitas, al tiempo que se procura resguardar el bien frente a situaciones de usurpación o pérdida de custodia.
El oficialismo defendió la herramienta
El diputado Leonardo Mastrángelo (UCR) defendió el proyecto y explicó que “hay propietarios que no pueden ejercer plenamente su derecho sobre inmuebles que terminaron convertidos en aguantaderos, refugios o lugares vinculados al delito».
«Esto genera un doble perjuicio: afecta al titular registral y, al mismo tiempo, compromete la tranquilidad y la seguridad de toda la comunidad”, explicó el legislador informante.
Mastrángelo remarcó además que “no estamos planteando una medida sancionatoria. Lo que proponemos es una herramienta administrativa para recuperar y remediar entornos intervenidos que hoy generan problemas de seguridad y salubridad. Cuando existe una ocupación permanente, la vía correspondiente es la judicial”.
Por su parte, Cintia Gómez (PRO) anticipó el acompañamiento a la iniciativa y afirmó que “durante años naturalizamos situaciones que no deberían ser normales. Algunos gobiernos dejaron que la delincuencia y el narcotráfico ganaran terreno mientras los vecinos terminaban encerrados en sus propias casas».
«No es nuevo lo que estamos planteando, combatir los aguantaderos y recuperar los espacios tomados por el delito es una obligación del Estado”, sostuvo la legisladora.
También planteó: “Necesitamos dejar atrás un Estado burocrático para construir un Estado más eficaz, que pueda actuar frente a los problemas concretos de los vecinos. Eso no significa eliminar controles ni desconocer derechos. Al contrario, cuanto mayor sea la afectación que puede producir una medida, mayores deben ser las garantías».
Las objeciones del PJ y Fuerza Patria
El jefe del bloque del PJ, Germán Gómez, cuestionó aspectos constitucionales del proyecto y advirtió que “no podemos desconocer lo que marca nuestra Constitución. El artículo 12 establece la división de poderes y el artículo 16 protege la propiedad privada«.
«El Estado tiene que combatir el delito, pero no puede hacerlo arrogándose facultades que no le corresponden. La única barrera frente al ejercicio arbitrario del poder es la Constitución, y tenemos la obligación de respetarla”, sostuvo el diputado sanrafaelino.
Además, sentenció: “Esto no es una cuestión meramente dominial, cuando se pretende determinar situaciones que requieren una decisión sobre derechos, estamos entrando en un ámbito que corresponde a la Justicia”.
Desde Fuerza Patria, el diputado Lucas Ilardo manifestó su acuerdo con el objetivo de combatir las actividades delictivas en este tipo de propiedades, aunque señaló cinco puntos que, a su criterio, presentan problemas técnicos y jurídicos.
Entre sus cuestionamientos mencionó la falta de datos de gestión sobre las 23 intervenciones que el Gobierno aseguró haber realizado desde 2025 y la utilización de conceptos que consideró ambiguos, como «riesgos potenciales», incluidos en el artículo 4.
También objetó que, en determinadas circunstancias, los costos de una demolición puedan ser trasladados al propietario del inmueble, aun cuando ese titular pudiera haber sido víctima de una usurpación.
Otro de los puntos cuestionados fue la ausencia de autorización judicial previa para medidas irreversibles como una demolición total. Ilardo contrastó ese aspecto con la legislación de Córdoba, que según explicó contempla la intervención de un juez.
Finalmente, cuestionó los plazos fijados para la oposición del propietario. El artículo 10 establece un período de cinco días para presentar el descargo, pero, según señaló, no determina un plazo específico para que el Ministerio responda antes de avanzar con la medida.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto continuará ahora su recorrido en el Senado, donde deberá reunir los votos necesarios para convertirse definitivamente en ley.
