Mendoza comenzará a aplicar desde el 5 de septiembre la nueva Ley Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y modifica el abordaje judicial de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, aseguró que la provincia cuenta con condiciones para implementar el nuevo régimen. «Estamos en condiciones de aplicar este cambio. No se va a desbordar el sistema», afirmó.
Según explicaron desde el Gobierno provincial, Mendoza parte con una ventaja frente a otras jurisdicciones porque ya cuenta con un fuero penal juvenil especializado, integrado por jueces, fiscales, defensores y tribunales para menores, además de infraestructura propia.
Un código procesal en elaboración
La provincia trabaja en la adecuación normativa necesaria para la implementación plena de la nueva ley. Una comisión integrada por representantes de la Justicia, organismos de niñez y la Dirección General de Escuelas avanza en la elaboración de un borrador de Código Procesal Juvenil específico.
Ese instrumento será clave para completar la aplicación del nuevo esquema. De todos modos, Jaliff aclaró que, si los tiempos legislativos no alcanzan, la provincia utilizará el código vigente hasta que sea sancionada la nueva herramienta procesal.
La figura de los supervisores
Una de las principales novedades de la nueva Ley Penal Juvenil es la creación de la figura del supervisor. Se trata de profesionales con formación en educación, pedagogía, psicología o trabajo social, que deberán acompañar de manera personal a cada adolescente bajo proceso judicial.
Estos supervisores tendrán entrevistas semanales con cada joven y deberán presentar informes mensuales sobre su situación, evolución y contexto.
«Van a proporcionar un acompañamiento personal a cada uno de los menores en infracción a la ley y van a procurar resolver los problemas de fondo, que en general tienen que ver con adicciones y violencia familiar», explicó Jaliff.
Más jóvenes judicializados, pero menos detenidos
El nuevo régimen contempla un abanico amplio de sanciones y no limita la respuesta estatal a la privación de la libertad. Las medidas previstas incluyen amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para conducir o concurrir a espectáculos, prestación de servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y, como último recurso, la detención.
Jaliff sostuvo que la mayoría de los adolescentes quedará bajo regímenes alternativos. «No es que se van a sumar muchos chicos privados de la libertad. De hecho, según nuestras previsiones, va a haber menos que ahora», indicó.
Actualmente, Mendoza tiene 464 adolescentes bajo medidas alternativas con seguimiento de causa. Además, hay 46 jóvenes privados de la libertad en el Centro de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y 2 en residencia con restricción de libertad.
Cómo se reorganizará el exCose
La infraestructura disponible también será adaptada para la entrada en vigencia del nuevo sistema, aunque no se construirán nuevos establecimientos. Los espacios existentes serán reorganizados para separar a los jóvenes por género y por franja etaria.
Según lo previsto, los adolescentes de 14 y 15 años no podrán estar alojados junto a los de 16 y 17 años. Actualmente, el exCose cuenta con una capacidad de 85 plazas.
Software para seguimiento de causas
La nueva Ley Penal Juvenil incorporará además herramientas tecnológicas. A partir de un convenio firmado entre la ministra Mercedes Rus y el Ministerio de Justicia de la Nación, Mendoza accederá a un software diseñado para registrar la situación integral de cada adolescente.
El sistema permitirá cargar información sobre el entorno familiar, las problemáticas detectadas y la evolución de cada caso. Esos datos podrán ser consultados por jueces y otros actores del sistema penal juvenil.
Los datos del fuero juvenil
Las estadísticas del fuero juvenil mendocino permiten dimensionar el escenario actual. En 2023 se iniciaron 486 expedientes que involucraron a 427 adolescentes. En 2024, se registraron 462 expedientes y 349 jóvenes involucrados.
En ambos años, más del 60% de los casos correspondió a robos y hurtos, mientras que los delitos contra las personas representaron entre el 5% y el 6% del total.
Los principales cambios
Con el nuevo régimen, la edad de imputabilidad pasará de 16 a 18 años a un esquema que abarcará a adolescentes de 14 a 18 años.
También se reemplazará la figura de operadores de unidades de medidas alternativas por supervisores especializados, y la base de datos anterior será sustituida por un software específico para el seguimiento de causas.
Otro cambio central es el reemplazo de la Ley Nacional 22.278, conocida como Régimen Penal de la Minoridad, por la nueva Ley Penal Juvenil. Además, el alcance pasará de delitos penados con dos o más años de prisión a todo tipo de delitos, incluso en grado de tentativa.
