El Gobierno de Mendoza autorizó el llamado a licitación pública para la compra de un sistema inteligente de inhibición de señales de telefonía celular destinado a los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II, ubicados en Cacheuta. La inversión prevista supera los $3.600 millones.
La medida fue oficializada mediante el decreto Nº 1283, firmado esta semana por el gobernador Alfredo Cornejo, que habilita el proceso para adquirir el equipamiento destinado al Servicio Penitenciario provincial.
Una inversión superior a los $3.600 millones
La licitación cuenta con un presupuesto oficial de $3.625.000.000, equivalente a aproximadamente 2,5 millones de dólares, según consta en el expediente administrativo.
La incorporación del sistema había sido anunciada por Cornejo durante su discurso del 1 de mayo, cuando presentó distintas medidas vinculadas a la seguridad y al funcionamiento del sistema penitenciario provincial.
El objetivo: impedir delitos organizados desde las cárceles
De acuerdo con el Gobierno provincial, el propósito de esta tecnología es evitar que personas privadas de la libertad puedan organizar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante el uso de teléfonos celulares.
El sistema de inhibición fue diseñado para realizar un bloqueo selectivo de las comunicaciones, impidiendo el funcionamiento de dispositivos no autorizados sin afectar las comunicaciones internas ni los sistemas utilizados por el Servicio Penitenciario.
Esta característica representa uno de los principales desafíos técnicos del proyecto, ya que la tecnología deberá diferenciar las señales que deben bloquearse de aquellas indispensables para el funcionamiento operativo y de seguridad dentro de los complejos penitenciarios.
El Gobierno de Mendoza autorizó una licitación pública por más de $3.600 millones para adquirir un sistema inteligente de inhibición de señales de telefonía celular destinado a los complejos penitenciarios Almafuerte I y II, en Cacheuta. La medida busca impedir la organización de delitos desde el interior de las cárceles sin afectar las comunicaciones del Servicio Penitenciario.
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Más de $3.600 millones para que los celulares dejen de funcionar donde nunca deberían haber funcionado. La inversión apunta a un problema que hace años encuentra señal incluso detrás de los muros.
Las cárceles fueron diseñadas para restringir la libertad, no para convertirse en oficinas con cobertura móvil. Sin embargo, la tecnología suele avanzar más rápido que las rejas, obligando a los gobiernos a pensar soluciones que distingan entre un teléfono clandestino y las comunicaciones que sí deben seguir operativas.
El sistema que licitará Mendoza no consiste simplemente en apagar todas las antenas de la zona. El desafío tecnológico es bastante más fino: bloquear únicamente las comunicaciones no autorizadas sin interferir con los equipos utilizados por el Servicio Penitenciario ni con otros sistemas esenciales para la seguridad del establecimiento.
La iniciativa había sido anticipada por el gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones legislativas del 1 de mayo y ahora dio un paso concreto con la autorización de la licitación. El objetivo oficial es reducir la posibilidad de que desde el interior de las cárceles se coordinen maniobras delictivas mediante dispositivos móviles.
La seguridad también tiene sus paradojas tecnológicas: hace falta un sistema cada vez más inteligente para impedir que un celular haga exactamente aquello para lo que fue creado. En tiempos donde hasta una videollamada depende de la cobertura, el desafío es lograr que la señal se pierda justo donde más conviene.
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