El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso de terrenos estatales vinculados a la actividad minera mediante una serie de disposiciones destinadas a ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio público provincial.
La iniciativa fue elaborada a través de un trabajo conjunto entre distintos organismos del Estado y establece criterios específicos para las minas de primera, segunda y tercera categoría que desarrollan actividades sobre inmuebles pertenecientes a la Provincia.
Mayor seguridad jurídica para la actividad minera
El nuevo marco normativo tiene como objetivo brindar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los titulares de proyectos mineros mediante reglas claras sobre las condiciones de ocupación, uso y aprovechamiento de terrenos estatales.
Entre otros aspectos, las disposiciones permiten determinar con precisión cuándo un derecho minero se encuentra vigente, en qué casos corresponde una contraprestación por el uso de inmuebles públicos y bajo qué condiciones dichos terrenos permanecen afectados a la actividad minera.
Según destacaron desde el Ejecutivo mendocino, las medidas apuntan a fortalecer la transparencia administrativa y a generar mayor previsibilidad para los operadores del sector.
Canon para proyectos en etapa de explotación
En el caso de las minas de primera y segunda categoría, el régimen establece un canon de uso que será aplicable únicamente a aquellos proyectos que hayan alcanzado la etapa de explotación y que desarrollen actividades sobre terrenos de dominio estatal.
Las etapas de prospección y exploración quedaron excluidas de esta obligación con el objetivo de evitar costos adicionales en las fases de mayor riesgo e incentivar la búsqueda de nuevos recursos minerales.
Reglas específicas para minas de tercera categoría
Respecto de las minas de tercera categoría ubicadas en terrenos estatales, la reglamentación incorpora el derecho de explotación previsto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza.
El esquema incluye parámetros objetivos vinculados con la producción, el tipo de mineral explotado y la superficie utilizada, además de mecanismos de declaración y control destinados a mejorar la trazabilidad y la transparencia administrativa.
La normativa también incorpora un criterio de igualdad de condiciones entre quienes desarrollan actividad minera sobre inmuebles estatales y aquellos que operan en terrenos privados, evitando tratamientos diferenciales que puedan generar distorsiones en el sector.
Las disposiciones fueron elaboradas con la participación de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, la Fiscalía de Estado y otros organismos competentes, consolidando un marco regulatorio orientado a promover nuevas inversiones, mejorar la administración del patrimonio público y fortalecer el desarrollo de la actividad minera en Mendoza.
<p>El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso de terrenos estatales vinculados a la actividad minera mediante un nuevo esquema que establece criterios para minas de primera, segunda y tercera categoría. La medida busca ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio público, otorgar mayor seguridad jurídica, fortalecer la transparencia y promover nuevas inversiones en el sector.</p>
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La minería mendocina ya sabe cuánto cuesta ocupar un terreno estatal y en qué momento empieza a pagarlo. Parece una obviedad, pero en Argentina las obviedades suelen necesitar decretos, reglamentaciones y varias oficinas públicas trabajando al mismo tiempo para convertirse en realidad.
El Gobierno de Mendoza decidió poner reglas más precisas sobre el uso de tierras estatales vinculadas a proyectos mineros. Algo parecido a colocar líneas de carril en una avenida donde durante años todos avanzaban mirando de reojo al de al lado para adivinar por dónde seguía el camino.
La nueva reglamentación busca ordenar una relación compleja: la que existe entre los derechos mineros y los inmuebles que pertenecen al Estado provincial. Porque una cosa es tener autorización para extraer recursos minerales y otra muy distinta es definir bajo qué condiciones se utiliza el terreno donde se desarrolla esa actividad.
La novedad también intenta despejar una pregunta que suele aparecer cuando hay inversiones de por medio: quién paga, cuándo paga y por qué paga. El esquema establece con mayor claridad cuándo un derecho minero está vigente, en qué momento corresponde una contraprestación por el uso de tierras públicas y cuáles son las condiciones para mantener la afectación de esos inmuebles a la actividad extractiva.
Uno de los puntos centrales es que las etapas de prospección y exploración quedarán exentas de los cánones previstos para las minas de primera y segunda categoría. Traducido al idioma de los proyectos mineros: el Estado busca no cargar de costos adicionales a la fase donde todavía se está intentando descubrir si debajo del suelo hay un negocio o apenas una promesa geológica.
También aparece una idea que suele ser mencionada en discursos económicos y no siempre termina escrita en las normas: igualdad de condiciones. La reglamentación procura que quienes operan sobre tierras estatales y quienes lo hacen en terrenos privados se enfrenten a reglas similares, evitando ventajas o desventajas difíciles de justificar.
La minería vive de los recursos que están bajo tierra, pero las inversiones suelen depender de algo mucho más superficial: la previsibilidad. Los minerales tardan millones de años en formarse. Los inversores suelen tener bastante menos paciencia.
En Mendoza decidieron reglamentar el mapa antes de discutir el próximo viaje.
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