La discusión por la prioridad de acceso a la capacidad eléctrica de la línea Nueva San Juan-Rodeo dejó expuestas diferencias entre proyectos mineros, autoridades municipales, la distribuidora local y organismos regulatorios. El eje del conflicto se concentra en el origen de la infraestructura existente y en la posibilidad de otorgar a Vicuña el 90 por ciento de la capacidad remanente por un período de 25 años.
Durante la audiencia, sectores opositores a la medida sostuvieron que la línea no constituye una obra enteramente nueva del proyecto beneficiario, sino una red preexistente financiada con aportes del Estado y de otras compañías mineras. Desde esa postura, asignar la mayor parte de su disponibilidad a un único actor privado podría configurar una barrera para el acceso de otros usuarios.
La empresa beneficiaria, en cambio, argumentó que su solicitud se limita a la «capacidad incremental» que se generará a partir de la nueva energización a 500 kV. Además, aseguró que los costos asociados serán asumidos por la compañía y que no se trasladarán cargos al Estado ni a los usuarios residenciales.
Mineras divididas por la prioridad de acceso
El proyecto Los Azules, representado por Miguel Gil, expresó una oposición enérgica a la autorización. Según planteó, los cálculos presentados se basan en «potencia infinita» y la reserva de 545,7 MW se mantuvo sin modificaciones pese a la eliminación de Filo del Sol del pedido original. También cuestionó que la medida vulnere el principio de «acceso abierto» y consideró improcedente reservar capacidad sobre un bien público durante 25 años.
Desde Hualilán, Sonia Delgado advirtió que la resolución podría afectar la viabilidad del proyecto aurífero. La empresa manifestó contar con un cronograma de conexión anterior al de Vicuña, con una demanda prevista de 15 MVA para 2028 y de 40 MVA para 2030. En ese marco, calificó la prioridad solicitada como una «exclusividad» que podría bloquear a usuarios con requerimientos previamente proyectados.
Veladero, a través de Ariadna Rodríguez, expresó un apoyo condicionado al respeto de su derecho a disponer de 250 MW, respaldado por la Ley 1181-A. La representante recordó que las empresas efectuaron aportes históricos por 55 millones de dólares para posibilitar la construcción de la línea original y solicitó un plazo de 30 días para coordinar alternativas técnicas.
En una posición similar, Gualcamayo, representada por Juan Pablo García, reclamó el resguardo formal de su reserva de 30 MW. La compañía fundamentó su pedido en el financiamiento total de las líneas Jáchal-Huaco y de la Estación Transformadora Huaco, además de haber asumido tareas de operación y mantenimiento.
En representación de Josemaría, integrante de Vicuña, Adriel Rizzeto defendió técnicamente la solicitud y afirmó que la prioridad alcanzará únicamente a la nueva capacidad generada. También indicó que la obra será incorporada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y operada por Transener, por lo que negó que exista exclusividad o control propietario sobre la infraestructura. Asimismo, manifestó la disposición de la empresa a suscribir acuerdos en el marco de la legislación provincial.
El reclamo de Jáchal e Iglesia por el servicio eléctrico
El debate también incorporó las preocupaciones de los departamentos directamente atravesados por la actividad minera y por las demandas energéticas asociadas a los proyectos.
El intendente de Jáchal, Matías Espejo, condicionó su respaldo a que el consumo energético de la minera no afecte la calidad ni la disponibilidad del suministro para vecinos y productores locales. Además, solicitó prioridad para la contratación de mano de obra local y la implementación de monitoreos ambientales participativos.
Por su parte, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, cuestionó que un departamento vinculado de manera central al desarrollo minero continúe registrando fallas reiteradas en su servicio eléctrico. En ese sentido, reclamó que las nuevas inversiones también permitan mejorar el circuito interno de distribución de energía en la comunidad.
Hugo Pérez, representante de Naturgy San Juan, advirtió sobre los efectos técnicos que podría provocar la elevada variabilidad de la demanda minera sobre la red general. El referente de la distribuidora señaló la necesidad de instalar sistemas automáticos de control y despeje de carga para evitar que eventuales contingencias operativas perjudiquen el suministro eléctrico del resto de la provincia.
Desde el ámbito legislativo, el diputado provincial Mario Herrero impugnó la resolución y cuestionó que se otorgue una posición de privilegio sobre una infraestructura que, según sostuvo, demandó una inversión de 90 millones de dólares aportados por los ciudadanos sanjuaninos.
El EPRE condicionó su aval al cumplimiento de la ley provincial
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), mediante su vicepresidente Roberto Ferrero, fijó su posición frente a la resolución nacional. El organismo provincial informó que sólo prestará conformidad si Vicuña cumple con las obligaciones establecidas en la Ley Provincial 1181-A.
La condición implica que el proyecto minero deberá asumir los costos de mitigación asociados a la demanda eléctrica que incorporará al sistema y aportar de manera directa al desarrollo de nueva infraestructura energética provincial.
De acuerdo con la postura expresada por el EPRE, en caso de que no se formalicen acuerdos que garanticen esas compensaciones y obras, el ente mantendrá su oposición a la autorización. La definición deja planteado que el acceso a nueva capacidad eléctrica deberá contemplar tanto las necesidades de los grandes proyectos mineros como la protección de los derechos adquiridos y la estabilidad del servicio para las comunidades sanjuaninas.
