La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incorporó este miércoles nuevos testimonios ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en los tribunales de Comodoro Py. Dos funcionarios públicos declararon que le prestaron sus tarjetas de crédito para realizar compras personales y que posteriormente recibieron el reintegro del dinero en efectivo.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el uso de tarjetas ajenas y la devolución del dinero en billetes habría servido para evitar que esas operaciones quedaran registradas en el sistema bancario. Según la causa, los gastos detectados no serían compatibles con los ingresos declarados por el exfuncionario.
Compras para la vivienda de fin de semana
La primera en declarar fue Gisela Kocsis, quien se desempeñó como secretaria privada de Adorni durante su gestión como vocero presidencial. Confirmó que el 2 de junio pasado abonó una compra de sommiers y ropa de cama en un comercio de blanquería. La factura quedó emitida a su nombre, aunque los productos estaban destinados a equipar la vivienda de fin de semana de la familia Adorni en el country Indio Cuá.
La testigo también reconoció haber realizado otras compras por pedido del exfuncionario. Entre ellas, una adquisición de almohadas por $400.000 y otra correspondiente a un lavarropas y un lavavajillas Whirlpool por $3.100.000.
Además, confirmó una operación en Rosen The Store por $8.183.303,25, destinada a la compra de sábanas y otros artículos de blanquería para la misma propiedad. Según declaró, en esa oportunidad Bettina Angeletti, esposa de Adorni, se presentó en el local con el dinero en efectivo para cancelar la operación, mientras que la factura quedó emitida a nombre de Kocsis.
«Yo me encargaba de las gestiones personales de Adorni», respondió la exsecretaria cuando fue consultada sobre las compras. También se comprometió a presentar la documentación correspondiente para respaldar sus declaraciones.
Tarjetas prestadas para compras millonarias
Luego prestó declaración Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno dentro del área de Planificación y Seguimiento de Campañas. El funcionario confirmó que le facilitó a Adorni dos tarjetas de crédito con las que se adquirieron dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, valuados en $1.831.795 cada uno.
Los equipos fueron entregados en el departamento que Adorni posee sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
«Somos amigos de toda la vida», explicó Alujú al describir el vínculo que mantiene con el exfuncionario. Según trascendió de la declaración, incluso posee desde hace once años una extensión de una tarjeta de crédito perteneciente a Adorni.
La causa ya había incorporado anteriormente el testimonio de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales. La funcionaria confirmó que le prestó su tarjeta Mastercard para concretar la compra de un monitor para videojuegos por $2.184.999,05.
Schiuma declaró que Adorni le solicitó la tarjeta para realizar una compra cercana a los 2,2 millones de pesos, aunque no le explicó qué producto iba a adquirir ni cuál sería su destino. Cuando llegó el resumen de la tarjeta, afirmó que el entonces funcionario le devolvió personalmente el dinero en efectivo.
También señaló que no conserva mensajes relacionados con esa operación y relató que ingresó a la administración pública por convocatoria personal de Adorni, quien le manifestó que necesitaba «gente de confianza». Ambos se habían conocido trabajando en una agencia comercializadora del Plan Rombo-Renault.
Cómo comenzó la investigación
Esta línea de investigación se originó tras el peritaje del teléfono celular de Matías Tabar, contratista encargado de la remodelación de la vivienda ubicada en Indio Cuá. En ese dispositivo, los peritos encontraron una factura de blanquería emitida a nombre de Gisela Kocsis.
La pesquisa avanzó luego con el análisis de la cuenta de Mercado Libre atribuida a Manuel Adorni. Allí aparecieron registradas tarjetas de crédito pertenecientes a otros empleados de la Vocería Presidencial, entre ellos Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma.
La fiscalía busca reconstruir el alcance total del mecanismo. Hasta el momento, los testimonios incorporados presentan un patrón común: utilización de tarjetas de crédito prestadas, facturas emitidas a nombre de terceros y devolución inmediata del dinero en efectivo.
