La defensa de Diego Spagnuolo, uno de los procesados en la causa por presuntos delitos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un nuevo escrito ante la Justicia para solicitar la nulidad de la pericia ordenada sobre los audios incorporados al expediente y suspender cualquier medida destinada a obtener muestras de su voz.
El planteo, firmado por el abogado Pablo Parera, cuestiona la resolución judicial que dispuso convocar a Spagnuolo para aportar material de comparación fonética. Según la defensa, esa medida vulnera la garantía constitucional que impide obligar a una persona a declarar contra sí misma. El escrito sostiene que la resolución ordenó que el imputado aporte “el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”, lo que lo convertiría indebidamente en “sujeto de prueba”.
“La orden fue emitida sin su consentimiento y lo ubicó como sujeto de prueba”, sostuvo la presentación.
El rechazo a la toma de muestras de voz
Uno de los principales argumentos de la defensa es que la obtención de muestras de voz requiere una participación activa del imputado y, por lo tanto, no puede imponerse de manera compulsiva.
“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, alegó el exfuncionario. En esa línea, el escrito afirmó que “los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba” y que la garantía prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional establece un límite para ese tipo de procedimientos.
Además, sostuvo que la citación de Spagnuolo para aportar su voz “sin haber requerido que previamente preste su consentimiento” constituye un “forzamiento de colaboración ilegal”.
“Su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable respecto de la acusación que soporta”, advirtió la defensa.
Las dudas sobre la autenticidad de las grabaciones
El escrito también cuestiona directamente los audios que dieron origen a una parte relevante de la investigación. Según la defensa, las grabaciones presentan indicios de manipulación y carecen de garantías suficientes sobre su autenticidad.
“Las características específicas de los audios permiten visualizar que se trata de un monólogo”, señaló la presentación, al remarcar que en los registros sólo se escucha una voz pese a que el contenido aparentaría corresponder a conversaciones entre dos o más personas.
De acuerdo con ese planteo, esa circunstancia permitiría inferir que “los audios fueron manipulados previo a su ingreso al expediente por haberse suprimido la voz de uno de los interlocutores”.
La defensa fue más allá al sostener que las grabaciones podrían haber sido elaboradas mediante “un ensamblaje de distintos fragmentos de diversas comunicaciones en un único documento”.
Asimismo, planteó la posibilidad de que la ausencia de una de las voces oculte una eventual provocación previa. “La ausencia del otro interlocutor abriría la hipótesis de que aquella voz fue suprimida, mediante una artimaña digital, para disimular una provocación o incitación que se le realizó al hablante”, afirmó.
La investigación paralela sobre el origen de los audios
Otro de los argumentos presentados se refiere a una causa paralela que tramita ante el Juzgado Federal N°12, donde se investiga la legalidad de las grabaciones y su eventual origen.
Según recordó la defensa, allí se analiza si existieron actividades prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia vinculadas con la “captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas”.
El escrito destaca que el juez interviniente consideró que el peritaje destinado a determinar el origen y la autenticidad de los registros resulta “esencial para el curso de esta pesquisa”.
“Del resultado de dicho estudio depende la verificación —o el eventual desvanecimiento— de las afirmaciones denunciadas”, citó la presentación.
Sobre esa base, la defensa sostuvo que no corresponde continuar utilizando las grabaciones como elemento probatorio mientras su legalidad permanece bajo investigación.
“Si la legalidad de un elemento se encuentra bajo investigación no corresponde utilizarlo, apresuradamente, como elemento de prueba en otro expediente”, afirmó.
Con esos argumentos, Spagnuolo solicitó que se declare la nulidad de la resolución que ordenó obtener muestras de su voz, que se excluyan los audios del expediente y que se suspenda cualquier pericia hasta que la Justicia resuelva los planteos pendientes.
Además, reclamó que se invalide toda la actividad procesal posterior a la incorporación de las grabaciones, al considerar que se trata de prueba contaminada.
“Quedó sin dudas advertida la realización de una pericia respecto de un material de dudosa procedencia y validez”, concluyó la presentación.
Los imputados habían cuestionado previamente la ausencia de una pericia sobre los audios. Posteriormente, la Cámara Federal ordenó la realización de esa medida y el juez Ariel Lijo dispuso su ejecución.
Las grabaciones, sin embargo, no fueron incorporadas como prueba al momento de dictarse los procesamientos en una causa que, según consta en el expediente, acumuló una importante cantidad de evidencia obtenida por otras vías.
