Distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad, actualmente prevista por la Ley 27.793 y con vencimiento fijado para fines de este año.
La norma había sido vetada inicialmente por el presidente Javier Milei, posteriormente ratificada por el Congreso y avalada por la Justicia.
La nueva iniciativa busca extender su vigencia durante todo 2027 y cuenta con el respaldo de legisladores pertenecientes a distintos espacios opositores.
Entre los firmantes aparecen representantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis.
La oposición calcula que podría acercarse a los 129 votos
El proyecto fue presentado por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad, junto con la legisladora cordobesa Natalia de la Sota.
Según sus impulsores, los apoyos obtenidos hasta el momento permitirían acercarse a los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión y eventualmente avanzar con un emplazamiento a las comisiones correspondientes para conseguir dictamen.
La propuesta contiene tres artículos y establece que la emergencia nacional en discapacidad se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027.
También dispone que sus efectos comiencen a regir desde el 1° de enero de 2027, incluso en caso de que la promulgación se produzca posteriormente, con el objetivo de evitar un vacío legal entre el vencimiento de la legislación vigente y la nueva prórroga.
Marino explicó que la iniciativa surgió a partir de reclamos realizados por organizaciones vinculadas con personas con discapacidad y sostuvo que el objetivo no es modificar la legislación actual, sino prolongar su vigencia.
Reclamos por prestaciones y pensiones
Uno de los argumentos centrales de los impulsores está relacionado con las dificultades denunciadas por prestadores y beneficiarios del sistema.
Marino mencionó demoras en pagos correspondientes a Incluir Salud y problemas que atraviesan transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares.
También planteó dificultades para acceder a pañales, medicamentos y prestaciones dentro de hogares donde viven personas con discapacidad, además del riesgo de cierre de algunos establecimientos.
El diputado aseguró además que más de 200.000 personas se encuentran esperando una pensión y afirmó que durante la gestión del actual Poder Ejecutivo Nacional se habrían otorgado 2.995.
En ese contexto, advirtió que permitir que la emergencia finalice el 31 de diciembre sería “consumar por vencimiento” aquello que, según su posición, el Gobierno no consiguió concretar mediante el veto o a través de decisiones presupuestarias.
El calendario legislativo apura la discusión
Los impulsores remarcaron que el margen parlamentario para aprobar la iniciativa durante este año es limitado.
La emergencia vigente finaliza el 31 de diciembre de 2026, mientras que el período de sesiones ordinarias del Congreso concluye el 30 de noviembre.
Por ese motivo, los bloques que acompañan la iniciativa buscan acelerar su tratamiento en comisiones y reunir los respaldos necesarios para llevarla al recinto.
Marino sostuvo que la legislación vigente fue resultado de la movilización de personas con discapacidad, familiares, terapistas, prestadores, docentes y transportistas de distintos puntos del país.
La oposición intentará ahora transformar ese respaldo multipartidario en una mayoría legislativa capaz de extender la emergencia durante todo 2027, en una discusión que volverá a colocar la política de discapacidad en el centro del debate entre el Congreso y el Gobierno nacional.
