El gobierno de Javier Milei consiguió frenar en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto sobre morosidad y endeudamiento familiar, luego de una votación en la que resultaron determinantes las cinco abstenciones de legisladores vinculados al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
La iniciativa, que buscaba abordar la situación de las familias endeudadas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales, fue devuelta a comisión mediante una moción presentada por la diputada oficialista Silvana Giudici.
La decisión dejó el debate sin una fecha definida para su regreso al recinto y representó un resultado favorable para la estrategia parlamentaria del oficialismo, encabezada en Diputados por Martín Menem.
La votación terminó con 121 votos a favor del regreso a comisión, 117 en contra y cinco abstenciones, en una sesión atravesada por negociaciones políticas y fuertes cuestionamientos de la oposición.
Las cinco abstenciones de Córdoba que favorecieron al oficialismo
El episodio se produjo después de las 3 de la madrugada del jueves, cuando Giudici propuso que el proyecto regresara a comisión en lugar de continuar con el tratamiento de los dictámenes.
La moción obtuvo el respaldo necesario para imponerse y contó con un elemento decisivo: las abstenciones de cinco diputados cordobeses vinculados políticamente con Martín Llaryora.
Los legisladores que optaron por abstenerse fueron Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo.
Por su parte, el también cordobés Juan Brügge votó junto a La Libertad Avanza, acompañando directamente la moción impulsada por el oficialismo.
La posición de los representantes cordobeses permitió que prosperara el regreso del expediente a comisión, en un escenario de fuerte paridad entre los bloques parlamentarios.
La decisión fue interpretada por sectores opositores como un nuevo acercamiento legislativo entre el gobernador cordobés y el Gobierno nacional, aunque las motivaciones específicas de cada voto no quedaron acreditadas por el resultado de la sesión.
Qué proponía el proyecto para las familias endeudadas
El debate giraba alrededor de la creciente problemática de la morosidad de las familias argentinas, particularmente de aquellas que mantienen compromisos financieros con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
La discusión incluía propuestas orientadas a generar condiciones de pago menos exigentes para los hogares endeudados, aunque la iniciativa promovida por el oficialismo tenía un alcance más limitado y estaba centrada principalmente en herramientas de educación financiera.
El tratamiento parlamentario enfrentaba diferentes posiciones sobre la profundidad de las medidas necesarias para abordar el problema.
Mientras sectores de la oposición buscaban avanzar con alternativas que contemplaran mecanismos de alivio para los deudores, el oficialismo defendía una propuesta de menor intervención sobre las condiciones de financiamiento.
La devolución del expediente a comisión no implica su rechazo definitivo, pero suspende su tratamiento en el recinto hasta que se produzcan nuevas decisiones parlamentarias.
Por el momento, no quedó establecido un plazo para retomar la discusión ni una fecha para una eventual votación sobre el contenido de los proyectos.
Fuerte reacción del peronismo y acusaciones durante la madrugada
El desenlace provocó una reacción inmediata de los bloques opositores, que cuestionaron tanto el resultado como las circunstancias políticas que rodearon la votación.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, intentó ganar tiempo para que los sectores opositores pudieran alcanzar un acuerdo alrededor de alguno de los dictámenes de minoría.
Sin embargo, Martín Menem avanzó con la votación de la moción presentada por Giudici, respaldándose en las disposiciones reglamentarias de la Cámara.
En medio del debate, la diputada Cecilia Moreau hizo referencia al caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de USD 200.000 en el baúl de un vehículo, después de haber acompañado la Ley Bases en 2024.
La referencia se produjo en el marco de los cuestionamientos opositores sobre posibles negociaciones políticas vinculadas con las posiciones de determinados legisladores.
Por su parte, el diputado radical Pablo Juliano expresó sus sospechas sobre los cambios de postura registrados durante la sesión.
«cada vez que llegan camionetas negras a la puerta del Congreso cortamos clavos porque, de repente, algunas voluntades se levantan, se esconden, tienen dictámenes y los tiran a la basura, otros dicen que sí y después que no, dicen que esperan que los llame no sé quién».
En la misma línea, un legislador peronista señaló al subsecretario Ignacio Devitt como uno de los funcionarios que habría mantenido conversaciones con diputados durante las negociaciones.
Estas afirmaciones constituyen acusaciones y señalamientos políticos de sectores opositores, sin que la información disponible permita establecer que se hayan producido pagos o acuerdos irregulares a cambio de votos.
La explicación de los libertarios y el destino del proyecto
Desde el bloque oficialista ofrecieron una interpretación diferente sobre lo ocurrido y cuestionaron la estrategia de los sectores opositores.
Fuentes libertarias reconocieron que «al gobierno no le preocupaba el proyecto morosidad» y explicaron que «fue un proyecto solicitado por los aliados y el gobierno negoció para sacar algo acorde».
También responsabilizaron a los dirigentes opositores por el desenlace parlamentario.
«Germán Martínez y Nicolás Massot quisieron voltear el proyecto de morosidad del gobierno, se pusieron a querer juntar votos pero terminaron logrando lo contrario: que el proyecto se cajonee», señalaron desde el oficialismo.
De acuerdo con esa interpretación, las negociaciones impulsadas para modificar el contenido de la iniciativa terminaron facilitando su devolución a comisión.
En términos legislativos, el expediente permanece abierto, pero sin una fecha confirmada para volver a discutirse en el recinto.
El papel de Llaryora en las otras votaciones de Diputados
La votación sobre morosidad no fue el único episodio de la jornada en el que los legisladores vinculados con el gobernador cordobés tuvieron un papel relevante.
Durante la misma sesión, las cinco abstenciones de los diputados de Córdoba también contribuyeron a la aprobación de la ley de propiedad privada.
En esa oportunidad, el proyecto consiguió 124 votos a favor frente a 119 votos negativos de la oposición. También se abstuvo el diputado Álvaro González, vinculado políticamente con Horacio Rodríguez Larreta.
Más tarde, durante el tratamiento del proyecto relacionado con discapacidad, legisladores cordobeses votaron en contra de la iniciativa.
En esa votación participaron también Natalia de la Sota y Gabriela Estévez, quienes acompañaron el rechazo al proyecto.
Finalmente, las cinco abstenciones en el debate sobre morosidad volvieron a tener incidencia sobre el resultado de una votación relevante para el Gobierno nacional.
La secuencia dejó expuesta la importancia de los bloques provinciales y de los legisladores que no integran formalmente el oficialismo en un Congreso donde las mayorías pueden depender de diferencias reducidas.
Con el proyecto de morosidad nuevamente en comisión, la discusión sobre posibles mecanismos de alivio para las familias endeudadas quedó postergada por tiempo indefinido. Su eventual regreso al recinto dependerá de nuevas negociaciones entre los bloques y de la definición de una agenda parlamentaria que permita retomar el tratamiento.
