La Corte de Justicia de San Juan revocó una condena que obligaba a la bodega Fraccionadora San Juan a devolver cerca de 600.000 dólares a la firma de capitales españoles Iberte S.R.L., en el marco de un conflicto comercial vinculado a un contrato de compraventa de vino que no llegó a concretarse en los términos previstos.
El máximo tribunal provincial hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la empresa sanjuanina y dejó sin efecto las sentencias dictadas en primera instancia y por la Cámara Civil, que habían favorecido a la firma demandante.
La causa se originó en un acuerdo para la comercialización de más de 25 millones de litros de vino, en el que Iberte realizó un anticipo cercano a los 600.000 dólares. Sin embargo, la operación no avanzó según lo previsto y solo se entregaron alrededor de 142.000 litros.
El eje del conflicto contractual
Según el expediente, la empresa compradora inició acciones judiciales al considerar que el contrato había quedado frustrado y buscó la devolución del dinero adelantado. La bodega, en cambio, sostuvo que el anticipo formaba parte de una operación mayor y que su ejecución dependía de un “plan de cargas” que debía ser presentado por la compradora.
La Corte, integrada por los jueces Guillermo De Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, concluyó que dicho plan no constituía una obligación exigible desde el inicio del contrato, sino una instancia posterior que requería coordinación entre las partes.
En ese marco, el tribunal determinó que no era posible atribuir exclusivamente a la bodega el incumplimiento del acuerdo, al no existir pruebas suficientes que acreditaran una falta de entrega del volumen de vino comprometido.
Fallo definitivo y consecuencias económicas
Con esta decisión, la Corte dejó sin efecto las resoluciones anteriores y rechazó en su totalidad la demanda presentada por Iberte S.R.L., cerrando así el litigio en sede provincial.
Como consecuencia, Fraccionadora San Juan no deberá devolver el monto reclamado, que actualizado al tipo de cambio representa aproximadamente mil millones de pesos. Además, el fallo impuso las costas del proceso a la firma demandante en todas las instancias.
El caso se inscribe en una serie de conflictos judiciales vinculados a la denominada “guerra del vino”, que involucra a empresas del sector vitivinícola y operaciones comerciales de gran escala en la región.
El fallo también adquiere relevancia por el criterio adoptado respecto de la interpretación de las obligaciones contractuales en acuerdos complejos, especialmente en lo referido a la configuración de un eventual incumplimiento en operaciones de largo plazo.
