La Justicia provincial rechazó el planteo presentado por los exdirectivos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, quienes buscaban apartar a la jueza de Garantías Mónica Lucero de la investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum.
La decisión fue adoptada por el juez de Impugnación Eduardo Raed, quien desestimó el pedido formulado por la defensa de ambos exfuncionarios, representados por el abogado Nasser Uzair.
Por qué la Justicia rechazó el planteo
En su resolución, Raed explicó que Sirerol y Ruiz no poseen actualmente la calidad de imputados, víctimas ni querellantes dentro del expediente. Por ese motivo, sostuvo que no cuentan con legitimación procesal para solicitar medidas de prueba, como pericias o declaraciones testimoniales.
El magistrado recordó que ambos se presentaron voluntariamente en la causa, una condición que únicamente les permite acceder a información sobre el estado del expediente, pero no intervenir activamente en la producción de prueba.
La investigación continuará
El planteo de la defensa surgió luego de que la jueza Lucero autorizara una prórroga de 90 días para la investigación preliminar, tal como lo habían solicitado los fiscales de la UFI Delitos Especiales debido al importante volumen de documentación que aún resta analizar.
La defensa cuestionó esa decisión y pidió que se declarara la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Sin embargo, Raed entendió que la causa todavía transita una etapa previa a cualquier acusación formal y rechazó el planteo.
Qué se investiga en el Acueducto Gran Tulum
La investigación busca determinar si existieron irregularidades en las contrataciones vinculadas con la construcción del Acueducto Gran Tulum y si los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones técnicas previstas.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la megaobra permanece detenida para permitir la realización de distintas verificaciones técnicas.
La causa se inició a fines del año pasado a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar presuntas maniobras ilícitas durante la gestión provincial comprendida entre 2019 y 2023.
Entre las hipótesis bajo análisis figura un presunto direccionamiento de licitaciones para favorecer a una empresa proveedora de caños que, según la denuncia, tendría vínculos familiares con el exgobernador Sergio Uñac. Hasta el momento, estas acusaciones continúan siendo materia de investigación y no existe una resolución judicial definitiva sobre los hechos denunciados.
Los próximos pasos
La causa continúa en etapa investigativa y, en las próximas horas, el Ministerio Público Fiscal deberá resolver otro planteo presentado por la defensa, esta vez relacionado con un pedido para apartar a los fiscales de la UFI Delitos Especiales que llevan adelante la investigación.
Mientras tanto, el expediente seguirá avanzando con el análisis de documentación, pericias y otras medidas probatorias destinadas a determinar si existieron o no irregularidades durante la ejecución de una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia.
