Lejos de dar por terminada la disputa judicial, el abogado Nasser Usair aseguró que continuará impulsando acciones para revertir el rechazo de la denuncia por presunto prevaricato presentada contra la jueza de Garantías María Julia Lucero, en el marco de la investigación vinculada a la causa del Acueducto Gran Tulum.
Luego de que la UFI de Delitos Especiales desestimara la denuncia formulada por sus clientes, el letrado sostuvo que la resolución «no está firme» y confirmó que recurrirá la decisión mediante los mecanismos procesales y constitucionales que, por estrategia, prefirió no revelar.
«Entiendo que está mal rechazada. No está firme porque todavía quedan remedios procesales para interponer», afirmó Usair, quien insistió en que agotará todas las herramientas legales disponibles.
Una presentación ante la Corte de Justicia
Además, recordó que también promovió una denuncia por derecho propio ante la Corte de Justicia de San Juan contra la magistrada. Explicó que será el máximo tribunal provincial el que deberá analizar si existen elementos suficientes para iniciar un sumario administrativo o si corresponde desestimar la presentación.
De esta manera, el cuestionamiento contra la actuación de Lucero mantiene abiertos distintos caminos judiciales, mientras Usair prepara los recursos contra la decisión adoptada por la UFI de Delitos Especiales.
Cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal
Durante el contacto con la prensa, el abogado también cargó contra el Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que sus clientes solicitaron acceder a información de la investigación previa y denunció que ese pedido fue rechazado de manera arbitraria.
Usair cuestionó el argumento de la Fiscalía, que sostiene que sus representados aún no fueron formalmente imputados y, por lo tanto, no corresponde brindarles acceso a las actuaciones. Según el letrado, esa postura desconoce derechos previstos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y el Código Procesal Penal.
Incluso afirmó que sus clientes ya revisten la condición de personas sospechadas dentro de la investigación y que, por ese motivo, tienen derecho a ser oídos y a acceder a determinada información.
En ese contexto, criticó a «algunos fiscales y algunos jueces» por, según dijo, no respetar garantías constitucionales, y advirtió que esa situación genera inseguridad jurídica y gravedad institucional.
La discusión judicial por la actuación de la jueza Lucero y el desarrollo de la investigación vinculada al Acueducto Gran Tulum continuará abierta, mientras la defensa avanza con la presentación de los recursos anunciados contra el rechazo de la denuncia.
