El fiscal Nicolás Schiattino impugnó la sentencia dictada contra el doctor Furlotti, condenado luego de exigirle $250.000 a un paciente que debía ser operado por una rotura del tendón de Aquiles en el hospital público César Aguilar de Caucete. Según la acusación fiscal, el médico solicitó el dinero mediante engaños y alegó que era necesario para comprar implantes e hilos de sutura.
El caso se originó cuando el paciente acudió al profesional tras lesionarse jugando al fútbol. Furlotti programó la cirugía correspondiente en el hospital público, pero, de acuerdo con la postura de Fiscalía, le pidió al paciente una transferencia de $250.000 a su billetera virtual para cubrir supuestos insumos médicos.
Durante el juicio, instrumentadoras y autoridades del hospital confirmaron que esos materiales son estrictamente gratuitos y que jamás faltan en la institución. Ese punto fue central para el planteo del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que el profesional se aprovechó de la situación del paciente para cobrar por un servicio garantizado por el Estado.
Una condena mínima que fue cuestionada
El magistrado justificó su decisión al señalar que la operación fue un éxito y que la víctima sabía para qué entregaba el dinero. A partir de ese criterio, impuso al profesional una pena mínima de un mes de prisión en suspenso y dos meses de inhabilitación, únicamente por incumplir sus deberes de funcionario público.
Frente a esa resolución, el fiscal Schiattino presentó una impugnación y calificó el fallo como «arbitrario» e «irrazonable». Para la Fiscalía, la sentencia no valoró adecuadamente la maniobra atribuida al médico ni el contexto de vulnerabilidad del paciente.
El planteo de Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal sostiene que Furlotti se aprovechó deliberadamente de la desesperación y la necesidad de su paciente para obtener dinero por insumos que el hospital público proveía sin costo. En ese sentido, la acusación remarcó que el servicio estaba cubierto por el Estado y que no existía obligación alguna de pago por parte de la víctima.
Por ese motivo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnaciones que corrija la sentencia. Además, advirtió que tolerar castigos tan bajos ante maniobras de esta naturaleza podría afectar la confianza de la sociedad en la salud pública y en el sistema de justicia.
Otra impugnación contra el fallo
Cabe destacar que la letrada Josela Echegaray Moya también impugnó la sentencia y solicitó lo mismo que el Ministerio Público Fiscal.
Desde la Justicia no confirmaron si la defensa utilizó el recurso de impugnación. Mientras tanto, el caso quedó bajo revisión y la discusión se centrará en si la pena aplicada resulta proporcional frente a la conducta atribuida al profesional.
La impugnación busca que se revise una resolución considerada demasiado leve por la acusación, en un expediente que expone una preocupación de fondo: el cobro de dinero a pacientes dentro de un sistema público donde los insumos médicos denunciados como motivo del pago eran gratuitos.
