La investigación por la muerte de Ángela “Lita” Álvarez dio un giro decisivo luego de que la autopsia confirmara que la jubilada murió por asfixia por sofocación. A partir de ese resultado, la Fiscalía modificó la calificación legal y los cuatro detenidos quedaron imputados como coautores de robo seguido de muerte.
El caso se originó entre el 23 y el 27 de julio, cuando un grupo de personas ingresó en reiteradas oportunidades a la vivienda de Álvarez, ubicada en el barrio Alberdi, en Santa Lucía. Durante esas incursiones fueron sustraídos electrodomésticos, muebles y ropa de cama.
La situación quedó expuesta cuando un vecino descubrió a dos sospechosos intentando sacar una heladera mediante un carro enganchado a una bicicleta. El hombre logró reducir a uno de ellos, identificado como Gabriel Alejandro Pozo, y alertó a la Policía.
Cuando efectivos de la Comisaría 5ta ingresaron al domicilio, encontraron el cuerpo de “Lita” junto a su cama y en avanzado estado de descomposición.
La autopsia cambió por completo la causa
En un primer momento, las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo impidieron establecer de manera precisa la causa del fallecimiento. Por ese motivo, la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, había avanzado inicialmente con una imputación por hurto simple.
Sin embargo, los estudios histopatológicos determinaron posteriormente que la jubilada había sufrido una muerte violenta por asfixia por sofocación.
Con ese resultado, el Ministerio Público Fiscal solicitó ampliar la investigación y modificar la calificación legal de los hechos.
La Justicia hizo lugar al planteo y los cuatro detenidos quedaron imputados como coautores de robo seguido de muerte, figura contemplada en el artículo 165 del Código Penal.
El delito prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión.
Quiénes son los cuatro imputados
Los acusados son Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera.
De acuerdo con los antecedentes incorporados en la causa, Flores acumula cinco condenas en Flagrancia, mientras que Videla registra una condena de tres años de prisión efectiva dictada en 2023. Vera Riveros, en tanto, cuenta con dos condenas previas por robo.
El juez de garantías Pablo León resolvió además extender a un año la Investigación Penal Preparatoria y dictar un año de prisión preventiva para los cuatro acusados.
La medida permitirá a los investigadores profundizar la reconstrucción de lo ocurrido durante los días en los que la vivienda fue saqueada y determinar qué participación habría tenido cada uno de los sospechosos.
Buscan a otros dos sospechosos
Mientras los cuatro imputados permanecen detenidos, la investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad de la zona correspondientes a los días cercanos al fallecimiento de Álvarez.
La Fiscalía busca establecer con precisión los movimientos de los involucrados, las distintas incursiones realizadas en la vivienda y la eventual responsabilidad individual en la muerte de la jubilada.
Además, otros dos sospechosos permanecen prófugos y continúan siendo buscados en el marco de la misma investigación.
El resultado de la autopsia modificó así el eje central del expediente: lo que inicialmente había sido investigado como un delito contra la propiedad pasó a convertirse en una causa por robo seguido de muerte, mientras la Justicia intenta reconstruir cómo ocurrió el crimen y cuál fue la intervención de cada una de las personas investigadas.
